Desde el Partido Justicialista sostenemos con claridad que el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei es una iniciativa destinada a beneficiar exclusivamente a los sectores más ricos del país. Su objetivo es quitar derechos a los trabajadores, profundizar la pobreza y la indigencia, y hacer crecer el desempleo en el pueblo argentino.
Rechazamos enfáticamente esta reforma y llamamos a los legisladores nacionales entrerrianos a votar en contra. Al mismo tiempo, cuestionamos el acompañamiento acrítico y obsecuente del gobernador Rogelio Frigerio, manifestado públicamente junto al ministro del Interior Diego Santilli.
Al repasar el texto del proyecto advertimos que prácticamente todas sus medidas implican una quita o retroceso en materia de derechos laborales. Se trata de beneficios directos para los empleadores, en particular para las grandes empresas, y de la derogación de legislaciones que fueron conquistas históricas de largas luchas obreras en nuestro país.
Esto no es una reforma laboral. Es un nuevo proyecto de flexibilización y precarización. Como peronistas no podemos acompañar este atropello al legado histórico de Juan Perón y del movimiento justicialista, que hizo efectivos derechos que hoy están siendo atacados por un gobierno ultraderechista y neoliberal.
Sabemos que la legislación sobre el banco de horas solo condicionará a los trabajadores a extender su jornada resignando su tiempo personal y familiar. La indemnización por despido convertida en un Fondo de Cese Laboral facilitará echar trabajadores, abaratando los despidos para las empresas más poderosas.
También vemos con preocupación la extensión del período de prueba para las trabajadoras de casas particulares, sumada a la eliminación de multas por falta de registración, porque dará luz verde al trabajo en negro en el empleo doméstico.
La regulación del empleo en plataformas tecnológicas como Pedidos Ya, Rappi o Uber constituye otro abuso injustificable. Se pretende que las empresas que controlan estas plataformas no estén obligadas a proveer elementos de seguridad ni a pagar seguros de accidentes laborales.
A todo esto se suma el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, límites a las asambleas y tutelas gremiales que restringen el derecho a huelga, y nuevas formas de cálculo destinadas a achicar aún más las indemnizaciones.
No hay nada bueno para los trabajadores en este proyecto. Todo es contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Confiamos en que muchas de estas reformas, si fueran aprobadas, serán cuestionadas en la Justicia.
También resulta inadmisible el acompañamiento del gobernador Frigerio. Consideramos un exceso de obsecuencia y un enorme desinterés por los entrerrianos haber afirmado que Santilli se llevaba un apoyo contundente del gobierno provincial a esta reforma.
En materia de creación de empleo, las políticas de Milei y Frigerio son un fracaso total. El empleo formal privado cayó a niveles mínimos desde 2022. Durante la gestión de Frigerio, según estudios académicos, se perdieron cerca de 10.000 puestos de trabajo en la provincia.
En el empleo público provincial, el salario perdió cerca del 20% de poder adquisitivo frente a la inflación. Además, se implementó una política cruel de despidos de trabajadores estatales, respecto de los cuales exigimos su inmediata reincorporación.
Los conflictos que estallan en Entre Ríos, como el caso de Granja Tres Arroyos y otros similares, describen por sí solos el panorama. El seguidismo de Frigerio a las políticas económicas de Milei está llevando a nuestra provincia a la precarización laboral, salarios más bajos y desempleo.
Por último, también denunciamos la baja del impuesto a las ganancias para los sectores más ricos. El apoyo de Frigerio a esta medida implica una pérdida enorme de recursos para Entre Ríos y constituye un ataque directo al federalismo.
La reforma propone reducir las alícuotas para las empresas más grandes del país, pasando del 35% al 31,5% y del 30% al 27% según la categoría. En concreto, nuestra provincia dejará de percibir, en cálculos estimativos, cerca de 80.000 millones de pesos este año por coparticipación.
Perder puestos de trabajo, entregar derechos laborales y resignar recursos para Entre Ríos son razones más que suficientes para que Frigerio y sus diputados nacionales no acompañen esta ley.
Lamentablemente, todo indica que la subordinación de Frigerio a Milei continuará, mientras el pueblo entrerriano paga las consecuencias.
