El proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Manejo del Fuego abrió un frente de conflicto político que derivó en una coincidencia poco habitual: el rechazo conjunto del peronismo y el PRO. La iniciativa, incluida por la Casa Rosada dentro del paquete de reformas del Consejo de Mayo, apunta a modificar la ley 26.815, sancionada en 2020 a impulso del entonces diputado nacional Máximo Kirchner.
El anuncio oficial llegó tras la última reunión del Consejo de Mayo, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso una serie de reformas estructurales, entre ellas la modificación de la normativa que regula el uso de tierras afectadas por incendios forestales y rurales.
El argumento del Gobierno
Desde el oficialismo sostienen que la ley vigente constituye un freno a la producción y al desarrollo económico. “Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 ó 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, afirmó Adorni al presentar la iniciativa.
El funcionario enmarcó la reforma dentro de una estrategia más amplia destinada a “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento” y a eliminar regulaciones que, según el diagnóstico libertario, desalientan la inversión y afectan la propiedad privada.
La respuesta del peronismo
La primera reacción llegó desde la provincia de Buenos Aires. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, rechazó de plano el planteo del Ejecutivo nacional y defendió la ley actual, al sostener que la única actividad productiva que se ve desincentivada es “la de prender fuego”.
Según explicó, la normativa vigente busca evitar incendios intencionales utilizados como mecanismo para expulsar productores de sus tierras y facilitar negocios inmobiliarios. “El 95% de los incendios son causados por actividad humana, y muchas veces de forma intencional para luego quedarse con las tierras a valores muy por debajo del mercado”, señaló en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
Vilar subrayó que la ley no prohíbe la producción ni la venta de tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo durante períodos de 30 o 60 años para desalentar prácticas que ponen en riesgo ecosistemas, viviendas y vidas humanas.
La mirada libertaria
Desde La Libertad Avanza sostienen que la Ley de Manejo del Fuego representa un “avance sobre la propiedad privada” y que no aborda las causas reales de los incendios. En ese sentido, el bloque oficialista impulsa una alternativa legislativa presentada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit.
Entre los argumentos centrales del oficialismo figuran la defensa del derecho de propiedad y la crítica a una norma que, según afirman, “estigmatiza a los productores” sin ofrecer soluciones eficaces para prevenir o sancionar los incendios intencionales.
Aunque inicialmente el Gobierno había evaluado derogar la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia, finalmente optó por avanzar a través del Congreso con un proyecto de ley.
El rechazo del PRO
La postura crítica no se limita al peronismo. Los diputados del PRO y los sectores alineados con el macrismo también expresaron su oposición a la modificación de la ley, aunque desde un enfoque distinto. En este caso, el rechazo se apoya en la presunta inconstitucionalidad de la iniciativa y en lo que consideran un indebido avance del Estado sobre la propiedad privada.
Desde el bloque amarillo en Diputados sostienen que no se puede prohibir al dueño de un campo modificar el destino productivo de su tierra sin determinar previamente la intencionalidad del incendio. En línea con esa postura, el PRO había presentado en febrero de este año un proyecto para agravar las penas contra quienes provoquen incendios intencionales en áreas protegidas, diferenciando sanción penal de restricciones generales al uso del suelo.
Una ley en el centro de la disputa
La Ley de Manejo del Fuego fue concebida para impedir que, tras un incendio forestal o rural —sea intencional o accidental—, se modifique el uso del suelo durante períodos prolongados. El objetivo central es evitar la especulación inmobiliaria y los cambios productivos forzados, como el pasaje de bosques nativos a desarrollos urbanos o agrícolas.
Ahora, el intento del Gobierno de avanzar sobre esa normativa generó un escenario inesperado en el Congreso: peronismo y PRO coinciden en la defensa de la ley vigente, aunque por razones distintas, frente a una Casa Rosada decidida a reformarla en nombre del crecimiento productivo y la desregulación.
