La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná hizo lugar a la acción de lesividad promovida por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, declarando nulos los decretos y contratos que respaldaban dichas adjudicaciones privadas.
El fallo, dictado el 29 de julio, anuló las ventas realizadas entre 1979 y 1997 a favor de la firma Paraná Guazú SA y de terceros que posteriormente adquirieron los terrenos, fundamentándose en que las islas son bienes del dominio público del Estado, inalienables e imprescriptibles.
Asimismo, la sentencia establece que solo una ley nacional puede desafectar estos bienes para permitir su venta, lo que en este caso no se ha llevado a cabo.
Esta decisión se inscribe en la política de regularización y recuperación del patrimonio público provincial promovida por el gobierno de Rogelio Frigerio, en cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución provincial reformada en 2008.
“Este fallo reafirma el compromiso del Estado entrerriano con la defensa del interés público y la protección de nuestros recursos naturales. Las islas son bienes de todos los entrerrianos y nunca debieron haber sido apropiadas de forma irregular”, afirmó Rodríguez Signes.
