El Gobierno de Entre Ríos salió al cruce de las denuncias realizadas por la Multisectorial de Derechos Humanos y la Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia (Rodher), que habían advertido sobre un presunto proceso de vaciamiento institucional del Registro Único de la Verdad (RUV). A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo negó de manera categórica cualquier desmantelamiento del organismo y aseguró que no hubo despidos ni cesantías.
“Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar las siguientes aclaraciones de manera enfática y categórica: no existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV). No hay cesantías ni despidos de trabajadores”, expresó el texto difundido.
Según detallaron, la única medida adoptada fue la no renovación de tres contratos temporarios, los cuales —remarcaron— “tienen naturaleza jurídica a plazo determinado y están sujetos a evaluaciones periódicas”. En ese sentido, afirmaron que esta decisión “no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo”.
Además, el Ejecutivo subrayó que las políticas de derechos humanos no se verán afectadas por esta resolución. “Resulta fundamental remarcar que de ninguna manera se ven afectadas en la provincia de Entre Ríos las políticas de derechos humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad”, sostuvieron.
En ese marco, aseguraron que la presencia del Estado provincial en ese tipo de procesos judiciales “se encuentra plenamente garantizada”. Indicaron, asimismo, que tanto el Ministerio de Seguridad y Justicia como la Dirección de Derechos Humanos cuentan con profesionales “debidamente calificados y con competencia suficiente” para continuar con la representación en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
La política de revisión de contratos
El comunicado también abordó la decisión más amplia de revisar los contratos temporarios en la Administración Pública, una medida que el Gobierno definió como parte de “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”.
Según explicaron, no se trata de despidos, sino de la no renovación de una parte acotada de contratos que, por definición legal, son transitorios y están sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, cumplimiento de funciones y necesidades operativas.
En números, el Ejecutivo precisó que los contratos no renovados representan menos del 6% del total de los contratos temporarios vigentes. “Más del 94% de los contratos fueron renovados, garantizando la continuidad de las políticas públicas y el normal funcionamiento de todas las áreas del Estado”, afirmaron.
Finalmente, el Gobierno provincial sostuvo que estas decisiones responden a “criterios administrativos objetivos y responsables”, orientados a optimizar el uso de los recursos públicos y a consolidar “un Estado eficiente, transparente y plenamente comprometido con sus obligaciones institucionales”.
