Otra muerte evitable y una Procuración General que pretende, una vez más, tapar el sol con las manos. El miércoles 5 de abril la ciudadana Sandra Martinez, toma la trágica decisión de quitarse la vida en el mismo lugar que habitan los que una y otra vez desoyeron su desesperado pedido de auxilio.
Antes ya pasó con Fatima Acevedo y ahora sucedió con Sandra Martínez. En ambos casos, aunque por distintos motivos, la muerte tiene que ver con la desidia, insensibilidad, falta de empatía, inexperiencia y pereza laboral del MPF que debería conducir diligentemente el Sr. Jorge Amilcar L. Benítez.
Ambas ciudadanas, desesperadas, fueron por ayuda y se encontraron con indiferencia fingida. En ambas historias, la falta de empatía y de profesionalismo de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal allanaron la muerte de Fatima y a Sandra.
Suponiendo que los funcionarios de la Procuración ninguna responsabilidad tuvieran con el luctuoso hecho, lo que no se entiende es esa inveterada obstinación del Procurador General a que ciertos sucesos ocurridos en su jurisdicción sean revisables por el STJER, máxime como en este caso en que con acierto y justeza se invocan los artículos 204 de la CP y 37 de la LOPJ para llevar adelante la información sumaria dispuesta por el máximo tribunal provincial al haber acontecido un hecho gravísimo dentro de un edificio a su cargo y por la supuesta desidia de empleados del servicio de justicia, más allá de que presten funciones en el MPF.
Como de costumbre el Sheriff mayor invocando, cuando le conviene, su competencia constitucional. De ninguna manera colisiona esa facultad investigativa de superintendencia del STJER con las propias del MPF.
La cerrazón del Procurador General a que desde el Cimero Tribunal local se lleve a cabo la instrucción sumaria en el edificio judicial donde funcionan las fiscalías, parecería ser más un acto de defensa o evitamiento hostil de llegar a la verdad de lo que sucedió y de atribución de eventuales responsabilidades funcionales, que un simple y leguleyo supuesto de discusión de competencias.
El arrogante Procurador, siempre en la creencia de ser portador de una deidad que lo hace intocable y superior al resto de los mortales, desafía groseramente al STJ con argumentos falaces y rústicos y, en lugar de colaborar con el hallazgo de la verdad material como debiera, ensucia la cancha para evitar, como siempre, que sus hediondas y ostensibles heces, tengan la sanción o reprobación que se merecen.
Estoy persuadido como hombre de derecho, que si el Procurador General obtura la investigación dispuesta por el pleno del STJER, evitando que el Dr. Simón pueda llegar a tomar testimoniales a empleados y funcionarios de la fiscalía, estaríamos otra vez ante una crisis institucional por enfrentamiento entre el STJ y el MPF, por una concreta conducta refractaria y antrepublicana del Procurador General, que lo haría pasible una vez más de un pedido de Jury o de Juicio Político por un grave desorden de conducta, incumplimiento de sus funciones y mal desempeño. Y hasta por un posible delito de encubrimiento (de omisiones funcionales de sus subordinados).
El encumbrado Procurador General, además, cegado por su molestia con el STJER, confunde una información sumaria preliminar con una instrucción sumaria, exhibiendo sino desconocimiento de elementales principios del Derecho Administrativo, supina ignorancia, siendo muy peligrosas tanto una como otra.
El Jefe Máximo de los fiscales de Entre Ríos, debe entender de una buena vez, que no es un funcionario intocable ni portador de un poder absoluto. Hasta ahora, lo único que ha hecho es un ejercicio Bonapartista de su magisterio con pobrísimos resultados.
En 15 años ha sido incapaz de haber diseñado una política criminal a la altura de las circunstancias. Ha creído que la Procuración General es un título nobiliario que sólo le concede privilegios y ninguna obligación.
Más allá de la encomiable y humanitaria decisión de la Presidenta del STJER y del alto cuerpo con relación a este trágico hecho, los entrerrianos todos exigimos el pronto y eficaz esclarecimiento del mismo.
Todos los días nos enteramos que en muchas oportunidades, desde las Fiscalías, se niegan a recibir denuncias de la ciudadanía, derivándolos a las Comisarías. O se resisten a atender a las personas que acuden en busca de respuesta a sus problemas personales.
Siempre suelen estar ocupados y muy pocas veces dan la cara. Ordinariamente mandan a algún empleado o empleada a que transmitan el usado hasta el empalagamiento pretexto de que él o la fiscal “están ocupados ahora y no pueden atenderlos”.
Demasiado bien ganan como para practicar el miserable deporte de la haraganería, la falta de compromiso o la derivación a las fuerzas policiales. Desde ya que como todo en la vida, existen excepciones y se encuentran fiscales que trabajan muy bien, con mucha vocación, sensibilidad, falta de pereza y fuerte compromiso. Doy fe de ello y es justo reconocerlo.
Es obvio que de nos existir estos suculentos y extraordinarios sueldos que se percibe en el Poder Judicial, no existirían concursos tan numerosos y con disputas tan encarnizadas entre ellos por unas centésimas más o menos de puntos en las evaluaciones.
Dicho de otro modo, no existe tantísima vocación por la judicatura ni la pertenencia al Ministerio Público Fiscal. Caso contrario, no estaríamos lamentando cada tanto estas muertes anunciadas.
Pdta: donde por error se consignó Jorge Amilcar L. Benítez, debe leerse Jorge Amilcar L. García.
(*) Abogado penalista, docente universitario y ex presidente del Colegio de Abogados Delegación Paraná.
