Como advertía Jauretche: “si es malo el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”. Finalmente ocurrió lo que tantos anticipamos cuando el Congreso aprobó la mal llamada Ley Bases. El martes pasado el presidente Milei firmó el decreto 695/2025 que habilita el proceso de privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). La medida alcanza a las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse, que brindan energía limpia y segura, además de ser esenciales para el desarrollo de capacidades tecnológicas y de investigación.
La privatización parcial de NASA atenta contra la soberanía energética, el desarrollo científico y la seguridad nacional, en una nueva cesión directa de soberanía. Asimismo, implica entregar, seguramente a intereses extranjeros, el control de un sector superavitario en el que la Argentina ha alcanzado autonomía tecnológica, científica y productiva. El impacto no se limita al desprendimiento de activos estratégicos, sino que busca frenar el desarrollo nuclear argentino, paralizar proyectos de punta y apropiarse del conocimiento acumulado durante décadas de inversión pública y esfuerzo colectivo.
Privatización de Nucleoeléctrica Argentina: qué pasará con las centrales nucleares Atucha y Embalse
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En este contexto, resulta especialmente grave la paralización deliberada sobre el proyecto CAREM 25, el primer reactor modular de potencia diseñado y desarrollado íntegramente en el país. La realización del CAREM forma parte de una apuesta estratégica por el futuro del sector nuclear, hoy directamente vinculado a la construcción de pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés), una tecnología clave para la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
Con este proyecto, nuestro país tenía la posibilidad de posicionarse como pionero en el mundo, reforzar su soberanía energética e impulsar capacidades industriales propias. Su paralización -que contaba con un alto grado de avance e inversión-, frena una propuesta tecnológica de alta complejidad y escala internacional, impidiéndonos ser competitivos en un área de alto valor agregado.
Central Nuclear de Atucha
Un vaciamiento que alienta a la fuga de cerebros y erosiona décadas de inversión pública en ciencia y tecnología, con un altísimo costo para la Argentina, ya que implica la pérdida de conocimiento acumulado, gracias al ajuste presupuestario y a los bajos salarios que perciben los profesionales del sector nuclear, altamente especializados y, en su mayoría, formados en el país.
Esta política de desmantelamiento también se refleja en el desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo de prestigio internacional creado en 1950 por el presidente Perón con el objetivo de aprovechar el uso pacífico de la energía nuclear, que, además, fue cuna de casi todas las empresas e instituciones que hoy integran el sector.
La industria nuclear argentina es una fuente concreta de ingresos y beneficios para el país, el propio gobierno lo reconoce en el decreto, al expresar que el año pasado NASA alcanzó un récord histórico de generación de energía, demostrando capacidad técnica y operativa bajo estándares internacionales de seguridad. Una empresa no deficitaria, cuyo valor de venta esperado se estima entre 60 y 80 millones de dólares en total (aunque hay versiones que hablan de hasta 500 millones), significa un negocio extraordinario para los compradores, pero un pésimo acuerdo para nuestra nación y un serio retroceso para el patrimonio tecnológico de todos los argentinos.
Existen dos razones fundamentales para mantener el sector nuclear bajo control estatal: constituye un patrimonio colectivo y un ámbito estratégico en términos de soberanía y seguridad. Además su privatización sólo contribuirá a desarticular un complejo industrial y tecnológico construido a lo largo de décadas.
A su vez, es un área que requiere políticas de Estado, tanto por su carácter estratégico como por las responsabilidades que conlleva: administrar riesgos tecnológicos complejos, respetar regulaciones estrictas y cumplir compromisos internacionales en materia de seguridad y no proliferación. Cuando predomina la lógica de la rentabilidad privada, surgen tensiones con los estándares de seguridad y con el mantenimiento a largo plazo. En situaciones críticas, la tentación de reducir gastos en capacitación termina debilitando la seguridad, uno de los activos más valiosos de la industria nuclear.
Lejos de ser un elemento del pasado, en el siglo XXI la energía nuclear constituye una pieza clave para el desarrollo. Gracias a sus recursos y a sus capacidades científicas y tecnológicas, la Argentina había logrado consolidarse como uno de los países más avanzados de la región en materia nuclear, con la infraestructura y el conocimiento necesarios incluso para producir reactores propios.
Esta política de recortes, privatizaciones y desmantelamiento recae sobre un área del Estado con alto nivel de desarrollo y enorme potencial a futuro. Más que a criterios de eficiencia, responde a un alineamiento geopolítico que pone en riesgo nuestra seguridad, debilita la posición internacional de la Argentina, frena el desarrollo industrial, científico y tecnológico del país y vulnera el ejercicio de nuestra soberanía.
* El autor de la nota encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria.
