Durante los primeros ocho meses de los últimos dos años, la presión tributaria del gobierno central sobre la economía se redujo en más de cuatro puntos porcentuales del PBI, generando un “ahorro” equivalente a USD 33.000 millones para el sector privado.
Este alivio se tradujo en un mayor poder de compra e impulsó la inversión, favoreciendo la dinámica empresarial en comparación con los años previos de carga impositiva récord.
Tras el máximo histórico de presión fiscal alcanzado durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que equivalía al 31% del PBI -según estimaciones de Econviews, la consultora dirigida por el exsubsecretario de Financiamiento Miquel Kiguel-, la recaudación tributaria se mantuvo cerca del 30% del producto durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, un gran cambio se consolidó con el inicio del gobierno de Javier Milei, donde se observó una disminución sostenida que proyecta la presión fiscal para 2025 en torno al 25% del PBI.
El cálculo de Econviews para 2025 incluye los ingresos de la DGI (impuestos), la ANA (derechos y recargos aduaneros sobre exportaciones e importaciones) y la Anses (aportes y contribuciones sobre nómina salarial, independientes y monotributistas).
De este modo, la presión tributaria nacional consolidaría una caída porcentual no observada en el país desde hace una década.
El análisis comparativo entre los primeros ocho meses de 2025 y el mismo período del último año del gobierno anterior, basado en datos oficiales del Ministerio de Economía y los informes monetarios del Banco Central, confirma una reducción del 4,3% del PBI en la recaudación fiscal.
Este fenómeno generó un alivio tanto para empresas como para trabajadores, equivalente a USD 33.000 millones debido a la menor carga impositiva.
La disminución de la presión fiscal se reflejó en las tres principales fuentes de recursos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque con diferentes magnitudes y comportamientos:
- DGI: la presión de los tributos sobre la producción nacional pasó de 14,2% del PBI en los primeros ocho meses de 2023 a 11,7% tanto en el mismo período de 2024 como en lo que va de 2025.
- Aduana (ANA): la dinámica fue más fluctuante, registrando un salto del 5,8% del PBI a 6,1%, seguido de una fuerte caída a 4,4% este año.
- Anses: los aportes y contribuciones a la seguridad social comenzaron en 6% del PBI, descendieron a 4,9% en 2024 y repuntaron al 5,5% del PBI en el último tramo analizado.
Efectos cuantitativos del cambio
El análisis de los factores detrás de esta disminución fiscal -y su distribución de USD 12.450 millones durante 2024 y USD 20.745 millones en 2025- se relaciona directamente con el crecimiento esperado del PBI según estimaciones privadas y de bancos de inversión.
La recaudación en relación con el producto bruto no solo es menor en términos relativos, sino que también ha cedido participación en los componentes de la torta tributaria:
- DGI disminuyó su peso del 54,7% al 54,1% sobre el total recaudado de Nación.
- Aduana redujo su participación del 22,2% al 20,4%.
- Anses incrementó su protagonismo del 23,1% al 25,5%, absorbiendo parte del alivio tributario mediante la recuperación parcial del empleo y el mayor cumplimiento de aportes.
En el caso de la DGI, la comparación entre 2023 y 2025 en nueve rubros principales muestra que cuatro lograron un crecimiento relativo: IVA, Débitos y Créditos Bancarios, Combustibles y el grupo de “otros”.
Este avance estuvo vinculado a la leve recuperación de la actividad (el EMAE creció un 2,3%) y al restablecimiento gradual de la carga sobre la transferencia de naftas, después de su reducción temporal durante la gestión de Alberto Fernández.
En conjunto, los tributos mencionados representaron el 33% del total nacional, lo que implica un aumento de 1,7 puntos porcentuales en dos años. Los “otros coparticipados” se mantuvieron estables (0,2% del total), mientras que el Impuesto PAIS (creado en diciembre de 2019, eliminado a fines de 2024 tras alcanzar 6,2%), Ganancias, Bienes Personales e Internos Unificados perdieron participación, todos afectados por los recientes regímenes de regularización y segmentación. Su peso global cayó del 26,6% al 21,5%.
En el ámbito aduanero, la recaudación total creció 0,5 puntos porcentuales, pero se desglosó en caídas de 0,4 pp en Ganancias y de 1,2% en IVA sobre comercio exterior, junto con un notable incremento en las retenciones de exportación (1,7 pp) debido a la normalización de las cosechas y el fin de cupos, a pesar de disminuir las alícuotas, y una mejora de 0,3 pp en derechos de importación por pagos normalizados y mayor actividad económica.
Expectativas y próximos pasos
La atención se centra ahora en el lunes 15, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, presentarán los lineamientos de recursos y gastos para 2026 tanto de la Administración Central como del conjunto del Sector Público Nacional. Esta tradición de concluir la jornada con la difusión de proyecciones presupuestarias servirá para delinear cómo planea el oficialismo mantener el camino de reducción fiscal, afrontar nuevas demandas sociales y contribuir al crecimiento económico.
El presidente Javier Milei y el ministro Caputo resaltan frecuentemente que el objetivo de gestión no finaliza con la erradicación del “impuesto inflacionario”. El propósito es alcanzar una menor carga tributaria real, enfocándose en recortes de gravámenes orientados al comercio exterior y así facilitar un entorno más competitivo para empresas y productores.
El panorama resultante muestra un Estado nacional con menos peso recaudatorio sobre la economía, una histórica transferencia de recursos hacia el entramado productivo, y un mayor potencial para el consumo privado y la inversión real.
