El fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, detalló la investigación que se lleva adelante tras la denuncia presentada por concejales del peronismo por presuntas irregularidades en la compra y entrega de alimentos destinados a la ayuda social.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Barbosa sostuvo que “habida cuenta de las características de la denuncia que se hace, lo que se tiene que hacer es recolectar la mayor cantidad de información posible; información que por las características de los hechos que se investigan es usualmente almacenada en dependencias públicas”.
Explicó que “cada compra y cada entrega de mercadería es objeto de un procedimiento administrativo que va dejando algunas trazas como expedientes administrativos y determinadas documentaciones, y lo que se hizo ayer fue, precisamente, allanar distintas dependencias relacionadas con la Municipalidad de La Paz para munirnos de esa documentación, analizarla y establecer o determinar si lo que se ha denunciado se corresponde o no con la realidad”.
Confirmó además que “se realizaron dos allanamientos: uno en la Municipalidad, en el área de Contaduría, y otro en Desarrollo Social, que tiene una dependencia que está separada de la Municipalidad”.
Sobre la denuncia en sí, describió que “se relaciona con la adquisición de grandes cantidades de mercadería, de alimento, y ulteriormente tras un pedido de informes que hace el Concejo Deliberante a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, sobre la base de ese informe, de manera particular, los concejales comienzan una investigación asistidos por un escribano público, y de acuerdo a lo vertido en la denuncia, se encuentran con que muchos de los merenderos, de los comedores a los cuales la mercadería iría a parar, no existen o no pueden ser encontrados. Otros sí existen, pero sus titulares refieren que no estaban recibiendo asistencia desde hacía bastante tiempo; otros quizá existen, pero la cantidad de personas que asisten no se condice con la cantidad de mercadería que, en teoría, reciben. Todo lo demás tiene que ver también con el cumplimiento de determinados recaudos a la hora de hacer entrega de mercadería, ya no a comedores ni a merenderos, sino a personas particulares”.
El fiscal aclaró que “ahora lo que tenemos que hacer es analizar toda la documentación que tenemos, hay que recibir entrevistas. A la averiguación precede la recolección de información, uno no puede averiguar y formular una hipótesis sin previamente haber recolectado toda la información que es necesaria para dar una respuesta”.
Añadió que los allanamientos “no son los únicos a realizar ni son las únicas medidas pendientes para recolectar pruebas que son llevadas a cabo. En este tipo de procesos prima la creatividad por sobre lo estructurado o sobre lo que usualmente se hace”.
Respecto de la carta abierta difundida por el secretario de Desarrollo Social y Salud de La Paz, Josías Garnier, en la que aseguró haberse puesto a disposición de la justicia, Barbosa dijo: “Recibimos una nota que hizo el funcionario Garnier y algún otro funcionario municipal, que también presentó una nota. Son notas. Ocurre que cuando una persona es sospechada, tampoco podemos ir a exigirle que nos entregue documentación y que, eventualmente, pueda llegar a comprometerlo”.
Reveló además que “un día antes habían venido también de la Municipalidad a hacer una presentación espontánea en función de la denuncia. Pero les advertí que la presentación espontánea no es una facultad que tiene la Municipalidad como ente damnificado, en este caso. La presentación espontánea es una facultad de la persona sospechada, y mucho menos puede hacer una presentación espontánea la Municipalidad representada en esa presentación espontánea por aquellas personas que fueron denunciadas”.
Sobre la motivación de los allanamientos, afirmó que “el allanamiento es porque uno vio en detalle la denuncia, vio bien concretamente qué es lo que necesita con una precisión de cirujano y fue y buscó puntualmente eso”.
En cuanto a los sospechados, explicó que “a la denuncia los concejales la formulan contra el presidente municipal, contra el secretario de gobierno y contra el secretario de Desarrollo Social. Pero en estas causas, como parte de la investigación, hay que ver si el hecho ocurrió, hay que ver si ese hecho es delito, y luego tiene que haber una investigación destinada a establecer quiénes son las personas que deben responder por eso que pasó. Uno no solo investiga qué es lo que pasó y cuál es la relevancia jurídica o penal de lo que pasó, sino la cuestión relacionada con cuáles son las personas que deben responder por eso que pasó”.
Por último, se negó a fijar plazos para la pesquisa: “Ayer hicimos un procedimiento, y si digo plazos sería absolutamente imprudente”.
