El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y representantes de Nación participaron este miércoles de una audiencia de mediación convocada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del reclamo que la provincia sostiene por la deuda del Estado con su caja jubilatoria. La administración local consignó que, al día de hoy, el monto superaría los $400 mil millones y que solo en 2025 debieron desembolsar $145 mil millones para cubrir el déficit.
Tiempo atrás, la gestión pampeana pidió una medida cautelar de carácter urgente para que la Justicia aborde el desfinanciamiento de su caja previsional. En la misma, adujeron “la imposibilidad de seguir financiando el déficit provocado por el corte total de los aportes desde el 10 de diciembre de 2023 que le corresponden hacer al Gobierno nacional en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260”.
Finalmente, el máximo Tribunal tomó cartas en el asunto y citó a las partes a un encuentro que tuvo lugar a las 11 de la mañana, en el salón Carmen Argibay del Palacio de la calle Talcahuano.
Allí asistieron el gobernador Sergio Ziliotto; el ministro de Economía, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; y el secretario general de la Gobernación, José Vanini, junto a los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.
Por parte del el Estado nacional dijeron presente el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el director de Asuntos Contenciosos, Carlos Gustavo Pistarini; el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón; el secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Andrés Gutiérrez; el director de Despacho, Cristian Villani; y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.
Desde la provincia celebraron como un triunfo el reconocimiento de la legitimidad del reclamo por parte de los representantes del gobierno de Javier Milei y remarcaron que “se comprometieron a trabajar en las auditorías a fin de comenzar a resolver la demanda de La Pampa”. No obstante, la disputa pasó a un cuarto intermedio, abriéndose un plazo de 30 días corridos para que los equipos técnicos consoliden el monto de las auditorías a fin de suscribir un acuerdo conciliatorio. El próximo encuentro se realizará el 10 de diciembre.
La génesis del tema data de la década de 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando 13 jurisdicciones decidieron no transferir sus cajas previsionales a la órbita del Estado. Se trata de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ahora, diversos distritos hacen eje en el incumplimiento del Estado Nacional de las transferencias que deben cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, según lo previsto por el Pacto Fiscal de 1999 y la Ley 27.260. “Desde la asunción del presidente Javier Milei, esas transferencias fueron suspendidas por completo, lo que obligó a la provincia y a los municipios a sostener con fondos propios el sistema previsional”, protestaron en La Pampa.
Acuerdo con Córdoba y Entre Ríos y frente abierto en Santa Fe
Entre Ríos es otra de las provincias que canalizaron el reclamo por la vía judicial. La administración de Rogelio Frigerio exige una deuda de cerca de $155 mil millones con su caja previsional. Ante esta situación, la Corte Suprema había convocado a una audiencia de mediación entre las partes para el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, la misma quedó suspendida, consecuencia de los vaivenes de la política.
Frigerio es uno de los cuatro mandatarios que sellaron alianzas electorales con La Libertad Avanza (LLA) en sus provincias. En base a su buena sintonía con Javier Milei, el exministro del Interior de Mauricio Macri suscribió un acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para recibir fondos por $48 mil millones con el objetivo de cubrir el déficit de su caja jubilatoria. Los pagos se harán en ocho cuotas de $6 mil millones cada una.
Al respecto, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, comentó: “Si llegamos a que la Nación pague lo que corresponde, se desiste de las acciones. Y si no nos terminamos de poner de acuerdo, se seguirá con el juicio”.
La pulseada por los fondos previsionales son una de las principales banderas de la Región Centro, espacio que, además de Entre Ríos, también integran Santa Fe y Córdoba.
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A mediados de año, el santafesino Maximiliano Pullaro animó un careo en la Corte Suprema con funcionarios nacionales. Lo hizo en compañía de sus antecesores, el peronista Omar Perotti y el socialista Antonio Bonfatti, como una muestra de que la puja no entiende de banderías políticas. Allí exigió un piso de u$S700 millones. El pedido cayó en saco roto.
A la fecha, en la provincia dan cuenta de que no hubo avances. “Hubo un fallo judicial que le ordena a Nación pagar. En la reunión, poco más nos ofrecían ticket canasta, por lo que se rechazó la forma de pago y ahora seguimos esperando”, consignaron en la Casa Gris.
Córdoba, por el contrario, logró un acuerdo gracias a la mediación del máximo Tribunal. El mismo consiste en la aplicación de un esquema que contempla transferencias mensuales de $5 mil millones durante 12 meses, redondeando un total de $60 mil millones. Habrá un nuevo acercamiento entre las partes para evaluar el avance del entendimiento.
