El oficialismo se encaminaba esta madrugada a sancionar enel Senado la controvertida ley de emergencia económica y social, que impulsa elgobierno de Alberto Fernández, que hace recaer un fuerte ajuste impositivosobre la clase media, suspende la actualización de las jubilaciones y delegaamplios poderes legislativos en el Poder Ejecutivo.
Para que el proyecto pudiera ser debatido en la Cámara altafue clave el apoyo pasivo de la principal bancada de oposición. Al momento dehabilitar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, requisito indispensablepara discutir un texto sin dictamen de comisión, los senadores de Juntos por elCambio se ausentaron del recinto.
De esta manera, el Frente de Todos consiguió, porunanimidad, el voto de los dos tercios de los presentes que le dio a CristinaKirchner, en su debut como presidenta del Senado, luz verde para dar inicio aldebate. En ese momento, el interbloque opositor tenía 25 senadores presentes,número más que suficiente para frustrar la marcha forzada que el oficialismo leimprimió al trámite legislativo del denominado proyecto de solidaridad social yreactivación productiva.
El gesto de buena voluntad opositor fue el resultado de unintenso debate interno en el que varios legisladores reclamaron bloquear eldebate. Fueron tres reuniones en poco más de una hora, radicales y macristasdiscutieron por separado antes de encontrarse como interbloque, que pusieron entensión la unidad del conglomerado opositor.
Al final, se impuso la postura de los sectores más decididosa no entorpecer la nueva gestión y a cumplir con el compromiso asumido por losgobernadores radicales con Fernández como parte de la firma del Consenso Fiscalque la Nación selló con las provincias.
Espíritu de colaboración
La postura colaboracionista quedó personificada en lospresidentes de los dos jefes de bancada, Humberto Schiavoni (Pro-Misiones) yLuis Naidenoff (UCR-Formosa).
Ambos senadores ya habían quedado en una difícil situación,como consecuencia de la polémica generada luego de que sus pares de la Cámarade Diputados denunciaran que el proyecto suspendía la fórmula de actualizaciónpara los haberes superiores a $19.000, pero la mantenía para las jubilacionesde privilegio de jueces, diplomáticos y políticos.
En la vereda de enfrente se ubicaron los macristas EstebanBullrich, Gladys González y Alfredo De Ángeli y los radicales Silvia Elías dePérez (Tucumán) y Martín Lousteau (Capital), quienes querían entrar al recintoe impedir el debate de la iniciativa.
Una muestra de la postura de ese sector se pudo ver en elinicio del debate, que arrancó poco después de las 19.30, cuando Bullrich hablócomo miembro informante del interbloque opositor. “No vamos a acompañaresta ley, no estamos satisfechos ni con el fondo, ni con las formas”,afirmó el senador, luego de haber asegurado que la sanción del proyecto iba adejar un “fétido hedor” y que muchos legisladores la iban a votar”tapándose la nariz”.
Además del apoyo pasivo de Juntos por el Cambio, eloficialismo estrenó ayer sus nuevas alianzas con los pocos legisladores defuerzas provinciales que quedan en la Cámara alta. El exgobernador AlbertoWeretilneck (Río Negro) y Lucila Crexell (Neuquén) colaboraron a juntar elquorum para iniciar la sesión y, también, para alcanzar los dos tercios para eldebate sobre tablas. En esta última votación también participó el santafecinoCarlos Reutemann, socio de Juntos por el Cambio.
La votación para habilitar el debate no estuvo exenta denervios para el oficialismo cuando varios de sus senadores no aparecían por elrecinto. Con claros gestos de tensión y con teléfono celular en mano, lavicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se paseabapor el recinto tratando de ubicar a los senadores propios que, distraídos, nose habían percatado de que estaba por reanudarse la sesión que había pasado acuarto intermedio casi dos horas antes.
Antes de comenzar a discutir la emergencia, el Senado aprobópor amplia mayoría y giró a la Cámara de Diputados el acuerdo para suspender elConsenso Fiscal 2019.
La iniciativa fue aprobada por 63 votos a favor, el rechazode Alfredo De Ángeli (Pro-Entre Ríos) y la abstención de Silvia Elías de Pérez(UCR-Tucumán).
Por este acuerdo, las provincias y la Capital Federal recibiránuna inyección de $60.000 millones, como consecuencia de la eliminación delcompromiso para reducir impuestos locales que habían firmado en 2017 con elgobierno de ricio Macri.
