Las principales entidades del agro se unieron para defender las funciones del inta-que-anuncio-el-gobierno.phtml">Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ante los rumores de ajuste que lo colocan en la mira de la ‘motosierra’ libertaria. La Mesa de Enlace adoptó una postura común y contundente: “el INTA debe conservar su carácter autónomo y autárquico”, y sostuvo que cualquier decisión sobre su futuro o reestructuración “debe tomarse dentro de su propio Consejo Directivo”, rechazando imposiciones externas.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), fue la vocera de ese reclamo y puso el acento en la necesidad de respetar los canales institucionales. En diálogo con el programa Nuestra Tierra, por Radio Perfil, la dirigente señaló que el INTA es valorado en el interior por los beneficios que ofrece a los productores mediante tecnología y extensión territorial. En ese sentido, destacó que, aunque el sector está dispuesto a analizar cambios estructurales para mejorar la eficiencia, esos ajustes deben debatirse internamente y no imponerse por decisiones políticas unilaterales.
En esa misma línea, Sarnari aclaró que ninguna de las cuatro entidades que integran la mesa propuso “eliminar el Estado”, sino que acordaron en la búsqueda de un “Estado virtuoso”. Si bien admitió diferencias internas respecto del nivel de intervención, remarcó que hay un consenso fundamental sobre la necesidad de contar con organismos públicos eficientes que brinden soporte técnico y sanitario, como ocurre también con el SENASA.
Respecto de la relación política con la gestión de Javier Milei, la titular de la FAA explicó que el papel de las gremiales no es ser opositoras ni oficialistas, sino defender los intereses de sus representados dentro del marco democrático. No obstante, dejó una advertencia clara de cara a las negociaciones: si no hay voluntad política de diálogo y el Gobierno opta por “dar vuelta la cara”, las entidades evaluarán cómo actuar.
Finalmente, el reclamo se centró en definir campo-por-la-vuelta-de-las-retenciones.phtml">qué tipo de presencia estatal requiere el campo. Los referentes explicaron que no buscan un Estado que intervenga en los precios de la producción, sino uno que se haga cargo de sus responsabilidades: garantizar infraestructura, sanidad e igualdad de oportunidades. Para la Mesa de Enlace, desfinanciar la investigación y el desarrollo implicaría un retroceso directo en la competitividad y en la calidad de vida de las comunidades del interior.
Conectividad y caminos: las deudas pendientes de la “ruralidad”
Más allá del debate técnico sobre el INTA, la dirigencia agraria puso el foco en las dificultades cotidianas de vivir y producir en el interior. Sarnari describió un escenario complejo en el que “el arraigo rural se ve amenazado por la falta de servicios básicos”. La mala cobertura telefónica, los cortes de electricidad y el pésimo estado de los caminos rurales fueron señalados como factores determinantes que castigan la “ruralidad” en la Argentina y que dependen, en buena medida, de la inversión pública y del mantenimiento estatal.
La Federación Agraria sostuvo que el debate no debe reducirse a un número frío sobre si sobran o faltan empleados, sino a discutir qué función cumplen en cada territorio. Aseguraron que la cantidad de investigadores debe ajustarse a las necesidades reales de cada zona, con el objetivo de que su trabajo se traduzca no solo en mayor productividad, sino en una mejora tangible para quienes habitan el mundo rural.
Para las entidades, “defender la capilaridad de organismos técnicos es también una forma de combatir el desarraigo” y de garantizar que el Estado llegue a lugares donde el mercado no siempre ofrece soluciones. La demanda de rutas transitables, escuelas y hospitales en condiciones se sumó así al reclamo por mantener un sistema de ciencia y técnica al servicio de la producción nacional.
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