La participación del Estado ha subido a la exorbitancia del60,4% de la renta financiera del campo a raíz de las nuevas subas en lasretenciones. Tal vez ese fenómeno, poco menos que único en las finanzasmundiales, opaque hoy otras cuestiones de relevancia para el agro argentino.Una es la pendiente ley de semillas, sin cuya actualización el país pierdecompetitividad por el atraso tecnológico que se produce.
Parece mentira, pero la actualización de las normas sobrelas que se legisló en 1973, cuando el tema de la soja no figuraba en ningunadiscusión social o política y, menos aún, el de la biotecnología, ha insumidomás de diez años de debates. Una ley de semillas como la que necesita laArgentina excede por mucho el espacio ocupado por la soja: involucra los otrosdos cultivos en los que está presente la biotecnología el maíz y el algodón y aun frente inmenso de las economías regionales, que incluye legumbres de todaíndole, el maní, los limones y la caña de azúcar. Sobre esta última, ungobernador norteño tuvo el acierto de decir que ella encerraba una “ideadel conocimiento”.
Esta sola mención reactiva el recuerdo de que el paso deCambiemos por el gobierno dejó dos leyes de significación para el interésgeneral. Una fue la ley de economía del conocimiento, que alienta eldesenvolvimiento de las pymes, entre las que hay decenas de semillerosnacionales. Otra, la ley de promoción de la biotecnología.
Sin una ley de semillas adecuada a estos tiempos, el agroargentino ve resentida su productividad en relación con países más respetuososque el nuestro de los derechos de propiedad intelectual. Así como están lascosas, en los Estados Unidos se han producido ocho eventos nuevos de soja;entre ellos, uno resistente a la sequía y otros, a las malezas, constituidas enuno de los problemas más candentes para el agro. Estos ya se utilizan en Brasily Paraguay, con las consiguientes ventajas frente a los productores argentinos,que tienen vedado su acceso.
El dictamen aprobado hace más de un año en la Comisión deAgricultura y Ganadería de Diputados ha perdido estado parlamentario, pero esun punto razonable de partida para lograr el consenso a todas luces necesariopara el país. Esa comisión estuvo presidida por el diputado radical AtilioBenedetti, a quien acompañaron como vicepresidentes el actual ministro nacionalde la cartera, Luis Basterra, y el diputado Juan José Bahillo, quien ahora sedesempeña como ministro de la Producción de Entre Ríos. Se trata, por cierto,de figuras representativas.
Ni el oficialismo ni la oposición pueden ignorar que el 15de este mes, según se anticipa, Estados Unidos y China firmarán el acuerdocomercial fase uno, cuyo punto principal es el respeto por la propiedadintelectual. Nuestros políticos deben tener presente que el acuerdoMercosur-Unión Europea contiene un capítulo sobre esos derechos. Aún no ha sidopublicado, pero su mención configura un llamado más de alerta respecto de quelas relaciones de comercio global incluyen como ancla, y agregado de valor,referencias precisas sobre el derecho de propiedad intelectual.
Debería estar fuera de cualquier controversia que elproductor utilice la semilla producto de lo que coseche, pero en una superficieequivalente a la usada en el ciclo anterior. Si por eso tiene que pagar más,debe saberlo y abonarlo a la compra del insumo del caso. Lo que no resultaadmisible es que solo el 20% de lo implantado, como en el caso de la soja,provenga de semillas fiscalizadas. Desde la perspectiva de los semilleros, estoimplica algo así como que un negocio potencial de 1000 millones de dólaresquede reducido a solo 200 millones.
Con la participación del Instituto Nacional de Semillas(Inase), el sistema conocido como bolsatech funciona en el circuito decomercialización. Lo hace a través de las bolsas de cereales y cámaras dearbitrajes con una eficiencia del 100%. Puede determinar germoplasmas,ediciones génicas y biotecnologías empleadas. Cuando, además de identificareventos, logre determinar el varietal correspondiente a cada germoplasma analizado,el sistema de fiscalización de la propiedad intelectual quedará perfeccionado.
Con el Estado como árbitro final de los interesessectoriales en juego, no puede haber razones de más peso que demoren una leyindispensable para el desarrollo tecnológico, la productividad agrícola y elreconocimiento del país entre las sociedades legitimadas en el mundo de losnegocios.
