Con motivo de la feria judicial, la causa por narcotráficoque involucra al intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco (UCR-Cambiemos) ya otros funcionarios de su gestión, se mantiene en silencio, sin novedades, enestos días. Sin embargo, llama la atención que, a partir del impacto de lainvestigación que lleva a cabo el juez federal Leandro Ríos, se activaron ycambiaron de rumbo incluso otras dos causas, casi olvidadas, relacionadastambién con el tráfico de estupefacientes y con la provincia de Entre Ríos.
Enuno de los casos, la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimientodel comisario inspector Alberto Mario Núñez, y ordenó la realización de unnuevo juicio porque existen elementos que indicarían que el funcionariopolicial habría brindado protección a una banda de narcotraficantes que operabaen distintas ciudades entrerrianas. Por otro lado, la Cámara Federal deApelaciones de Paraná procesó a Andrea Soledad Penon, funcionaria de laDirección Nacional de Migraciones, quien está sospechada de haber aportadoinformación clasificada a una organización narco que actuaba en Entre Ríos yque exportaba la droga al Uruguay.
El comisario inspector Alberto Mario Núñez había sidoabsuelto por el Tribunal Oral Federal de Paraná en un controvertido fallo dadoque los jueces consideraron que las acusaciones en su contra eran producto de”una eventual conducta de mala fe” de sus propios compañeros de la fuerza. Elfallo fue apelado por el fiscal José Ignacio Candioti y la Cámara de CasaciónPenal ordenó la realización de un nuevo juicio. Núñez fue detenido en el año2016, cuando era uno de los jefes de la Dirección de Toxicología de la Policíade Entre Ríos.
En principio, a partir de lo registrado en escuchastelefónicas, se había determinado que Núñez mantenía un contacto cercano conMario Roberto González, sindicado como uno de los jefes del narcotráfico en laprovincia. En ese momento, González se encontraba prófugo desde hacía unadécada y de las escuchas surgía que el comisario le daba información a Gonzálezsobre cuándo y dónde se realizarían procedimientos, a la vez que le brindabainformación sobre investigaciones en curso. Por su parte, como retribución,González aportaba datos sobre la ubicación de “kioscos” de droga que eranmanejados por otras bandas que competían con su organización delictiva.
En su alegato, Núñez sostuvo que González era su”informante” anónimo, dado que tenía su contacto telefónico, pero desconocía suidentidad. Al mismo tiempo, el comisario aseguró que la imputación en su contrahabía sido una “operación orquestada” por el subjefe de Policía, José AlejandroLauman, con quien presuntamente estaba enfrentado por “una interna policial”.Más allá de las justificaciones, lo cierto es que el policía y el jefe narcomantenían contacto permanente.
Una de las conversaciones entre ambos había resultadosospechosa de manera especial, porque estaba relacionada con un allanamientodestinado a detener a Gladys Beatriz Miño, alias Tica, vinculada alnarcotráfico. En un primer intento, la policía fracasó en su propósito, peroluego de la charla entre Núñez y González, la mujer buscada cayó presa y fuecondenada junto con una una de sus hijas por narcotráfico. El tono amistoso de lasconversaciones entre ambos y los datos que aportan sobre lugares de residenciay detalles precisos, parecen desmentir lo dicho por Núñez en el sentido de quehablaba con un “informante” cuya identidad desconocía.
La Cámara de Casación Penal consideró que “el lenguajecoloquial de la conversación revela el nivel de conocimiento y confianza queexistía entre Núñez y González que hace insostenible la versión del imputado”de que el jefe narco prófugo era sólo su informante. “Basta observar el iniciodel diálogo para notar la familiaridad del trato entre los interlocutores”, quese saludan con un “hola viejo” y un “hola loco”, a la vez que hacen mencionesque indicarían que se conocen, sin lugar a dudas. En escuchas de González endiálogo con algunos de sus cómplices, se refiere a Núñez como “el amigo Mario”.
El tribunal concluyó que “el comisario Núñez manteníacomunicación con Mario Roberto González sabiendo que estaba prófugo (…) y dóndelocalizarlo”. También se dice en el fallo que “el familiarizado trato conGonzález permite guardar serias sospechas del conocimiento de la actividad denarcotraficante” que realizaba el interlocutor del jefe policial. Se afirmó que”Núñez, junto con otros agentes, tenían el rol de ‘liberar zonas’ e informarcuándo se iban a desarrollar procedimientos policiales” por infracción a la leyde drogas.
Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiquesdescartaron el supuesto complot policial contra el comisario acusado, al que lehabía dado crédito el tribunal del juicio, por entender que “no quedabaexplicitado que Núñez supiera que hablaba con el prófugo González”. Por esemotivo no se descartó la posibilidad de que lo hubieran acusado sus propioscompañeros por una “eventual conducta de mala fe” de parte de Lauman y sussubordinados para inculparlo. Los jueces de casación, en cambio, consideraronque no advertían “ningún tipo de animosidad hacia Núñez”.
Por otra parte, en la justicia federal de Paraná, avanza sinruido pero en forma constante una investigación contra la funcionaria de laDirección Nacional de Migraciones Andrea Soledad Penon, de quien se sospechaque aportó información clasificada a una banda de narcotraficantes que opera enla provincia de Entre Ríos. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná procesóa Penon por haber revelado “un dato, noticia o comunicación que por ley debíapermanecer bajo reserva”, de acuerdo con lo que establece el Código Penal paralos funcionarios.
Se trata de un delito que prevé penas de un mes a dos añosde prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Penon cumplíafunciones como supervisora en el Puente Internacional José Gervasio Artigas,que une las localidades de Colón y Paysandú. La sospecha es que el 6 deseptiembre de 2014 le habría proporcionado datos reservados de unainvestigación en curso por delitos de narcotráfico a una de las personassospechadas, un taxista que se cree que transportaba droga desde la ciudadentrerriana de Colón a la uruguaya de Paysandú. La funcionaria había sidosobreseída en 2015, pero ahora quedó procesada por decisión de la Cámara deParaná.
