El plan para aislar a Cristina Fernández de Kirchner es cada vez más burdo. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) rechazó un pedido de su defensa para que se deje sin efecto el régimen que obliga a quien quiera ir a verla a obtener permiso de los jueces. La resolución sólo responde con un tecnicismo y no explica cuál es la finalidad de restringirle las visitas, ni cuál sería el criterio para autorizar, ni por qué le aplican una “regla de conducta” que “no registra antecedentes” en el régimen de prisión domiciliaria. Pero el resultado evidente es el de intentar coartar su actividad y su vida política. El vallado colocado por la Policía Federal frente al domicilio de la expresidenta el viernes último, donde esa fuerza no tiene jurisdicción para actuar, lo hizo más explícito todavía, y ya motivó al menos una denuncia ante la justicia porteña.
El filtro del tribunal
El TOF2 había decidido limitar las visitas a CFK a un listado de familiares, médicos, abogados y custodia que fue entregado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, junto con un pedido de que esa información quede bajo reserva. También habían presentado un recurso “de reposición” ante el mismo tribunal, para que revea la restricción sin precedentes que decidió imponer. La respuesta, que firman los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, llegó este lunes y es escueta: dice que la defensa “no logra conmover el razonamiento y los fundamentos” del tribunal y que el camino que eligió para cuestionar las reglas de conducta “es impertinente”. Ahora, anuncia, decidirá, si acepta mandar el planteo a la Cámara Federal de Casación Penal.
Lo cierto es que el tribunal tampoco había fundamentado nada antes. Es más, los abogados pidieron algunas precisiones y no las obtuvieron: ¿Cuál es el objetivo de filtrar las visitas? ¿Cuál es “la norma o criterio” para decidir quién puede o no ir a la casa de la exmandataria sin caer en la discrecionalidad? ¿Cada persona se tramita su pedido ante el tribunal o los tiene que canalizar la defensa? Nada de eso fue explicado por el tribunal a cargo de la ejecución, que también le impuso a Cristina el uso de una tobillera electrónica, una medida totalmente excepcional e infrecuente, solo razonable cuando hay peligro de fuga o de incumplimientos de la domiciliaria. De hecho se la colocan únicamente al 16 por ciento de los represores con domiciliaria.
Esa medida, que sólo se podría explicar si el propósito era generar la humillación que no se logró con una detención en vivo y en directo, también será cuestionada por la defensa ante Casación. Respecto de este dispositivo, el fin de semana se conoció un dictamen de expertos internacionales en derechos humanos (principalmente de la región) que cuestionan la vigilancia electrónica sobre la expresidenta y la consideran “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El viernes último Cristina publicó en la red social “X” que, fuera del listado que le indicó entregar el tribunal, “el resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigas, amigos, compañeros, compañeras… y otras persona que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”.
El escrito de su defensa, además de señalar los vínculos de “amistad y afecto” puso énfasis en que “cristina Fernández de Kirchner es la principal líder política de la oposición al gobierno nacional y máxima dirigente del Partido Justicialista (…) sin que esta apreciación busque otorgarle privilegios personales a nuestra representada, lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”. Incluso plantea que hay dirigentes y mandatarios de otros países, como Lula, que ya hicieron saber que quieren reunirse con ella. ¿Tienen que pedir permiso al TOF2? “No parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, dijeron los abogados. Señalaron que están en juego “garantías personales” pero también del “sistema democrático”.
Denuncia por el vallado
Sobre el fin de semana quedó claro que la ofensiva para acallar a la expresidenta y restringir su contacto con la militancia, quienes quieren darle apoyo o escucharla, tiene también su pata en el gobierno, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mandó a la Policía Federal a colocar un vallado frente al domicilio donde CFK cumple su detención, en San José 1111, en Constitución. Estaba convocado un “banderazo” –ya que era el día de la bandera, 20 de junio– y la ministra sostenía que había que generar una “zona estéril” para que no haya cortes de calle. Pero la Federal no puede cercar así una vivienda particular, su función es custodiar edificios federales como la Casa Rosada, el Congreso, ministerios o el Congreso.
Todo indica que se intentaba forzar la presencia de la Policía porteña, algo que no sucedió. Cristina le pidió a la militancia, ante lo que pretendía funcionar como provocación, que la gente se traslade a Parque Lezama, donde finalmente se juntó una multitud, y ella advirtió que el gobierno quiere generar “conflicto y caos”. Se intenta provocar incluso que cumpla la detención en algún lugar alejado. A eso se sumó que La Cámpora denunció que la policía filma imágenes del balcón de la casa de la expresidenta. El balcón, ya es conocido, fue otro punto de tensión con el TOF2, al que la defensa le pidió que aclare si lo puede usar o no, y la respuesta fue otra vez en tono de advertencia ya que se le dijo que debe evitar “perturbar” la “tranquilidad” del barrio.
Por la presencia del vallado, que pretende alejar a CFK del contacto con sus simpatizantes, se presentó una denuncia en los tribunales porteños. Un abogado planteó los posibles delitos de abuso de autoridad y amenazas contra funcionarios públicos cuya responsabilidad se debería determinar. El escrito, al que accedió este diario, advierte que fue una medida sorpresiva, que no habría tenido respaldo de ninguna orden judicial ni comunicación oficial. Era para evitar una manifestación. Según la denuncia el despliegue podría “configurar un uso desviado del poder estatal con el objeto de amedrentar, disuadir o disciplinar el ejercicio legítimo de derechos constitucionales, afectando no sólo a la persona en cuyo domicilio se desplegó la acción, sino a toda la comunidad”.
La presentación señala que se afectarían “derechos constitucionales de libertad ambulatoria, intimidad, reunión y expresión” y que un operativo sin causa aparente ni notificación puede tener la finalidad de “amedrentar o disuadir” una manifestación legítima” para generar una intimidación con fines políticos. La denuncia quedó radicada en la Unidad de Intervención Temprana Este, del Ministerio Público Fiscal, e interviene el juzgado penal, contravencional y de faltas 12. Habrá que ver qué destino tiene el planteo, ante un caso donde una fuerza federal parece comprometer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra denuncia vinculada a la centralidad que adquirió CFK estos días y, en particular, a la movilización del miércoles último, que era originalmente el día que se concretaría su detención (aunque se adelantó al martes), fue presentada por los diputados Leopoldo Moreau y Blanca Osuna (ver aparte) contra la ministra Bullrich y los jefes de fuerzas federales por la recopilación de información (documentación, fotos y listados) de las personas que llegaban en micros desde distintos puntos del país para participar en la manifestación.
Situación de Periotti
Desde la semana pasada el TOF2 mantiene a Nelson Periotti, extitular de Vialidad, también condenado junto con Cristina Fernández de Kirchner, en el penal de Ezeiza a pesar de su pedido de domiciliaria provisoria por su edad y un complejo cuadro de salud que atraviesa. Los jueces decidieron esperar el resultado de la revisación del Cuerpo Médico Forense, que confirmó todas sus afecciones, incluso advirtió que requiere una operación de un tumor de parótida y le detectó también junto con la hipertensión una patología cardíaca, hasta ahora no establecida, que requerirá tratamiento. “En caso de no cumplirse total o parcialmente lo detallado (en alusión a los tratamientos varios), por tratarse de un adulto mayor frágil, se puede considerar que el entorno carcelario es un lugar inadecuado para el alojamiento del detenido e incrementa el riesgo de descompensaciones, de la aparición de trastornos irreparables para su salud”, dice el informe. Ahora deberán dictaminar los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que tienen un plazo de tres días más.
