La tregua fue breve tras la decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, bajo la dirección de José Ignacio Ramonet, quien, hace dos semanas, resolvió “archivar” el embargo preventivo de 167 millones de pesos solicitado por el sindicato lechero a los propietarios de Lácteos Vidal. Esta pyme láctea de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, se encuentra en un conflicto con el gremio Atilra desde julio de 2022, luego de despedir a más de 20 empleados que habían bloqueado la planta. Desde entonces, el caso ha tenido un constante vaivén en la Justicia. El embargo se había archivado recientemente a la espera del análisis de la impugnación presentada por la parte demandada. Sin embargo, en días recientes, el juez confirmó dos embargos sobre la cuenta de la pyme láctea, aunque esta última espera recibir buenas noticias.
Según Alejandra Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, luego de la decisión del juez presentaron un escrito solicitando la devolución del embargo, respaldado por un seguro de caución por 200 millones de pesos, con el objetivo de frenar los embargos hasta que se resuelva el fondo del juicio. Aún aguardan respuesta por parte de la Justicia.
La situación se complicó tras una resolución del Juzgado Nacional del Trabajo que determinó que Lácteos Vidal no cumplió con el pago de las astreintes a favor de los trabajadores. Dado que no hubo objeciones a esas liquidaciones, las sumas fueron declaradas ejecutables y se ordenó un embargo ejecutivo por 47 millones de pesos, monto que deberá ser depositado en la cuenta judicial del Banco Ciudad, sucursal Tribunales. Cada uno de los ocho trabajadores tiene derecho a una suma cercana a los 5,8 millones de pesos por astreintes [multa impuesta a la empresa], y el juez especificó que, una vez ingresados los fondos embargados a la cuenta judicial, se procederá a la transferencia directa a cada uno de los trabajadores.
Alejandra Bada Vázquez habló sobre el embargo de $47 millones
Simultáneamente, el tribunal estableció un embargo preventivo adicional de 120.100.000 pesos, desde la intervención del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) hasta la fecha, calculados en 50.000 pesos diarios por cada trabajador afectado. Esta orden de embargo prevé 36 millones de pesos adicionales para cubrir intereses y costas judiciales. Se advierte que, a menos que la empresa presente un seguro de caución válido y suficiente, el embargo continuará su curso. Sin embargo, las resoluciones ejecutorias no se detienen ahí: el último embargo fue por 62 millones de pesos, según relató Bada Vázquez, quien afirmó que “sigue de pie hasta morir”.
“Además de los trastornos que esto me genera, el embargo en la cuenta me limita para actuar como debería: no puedo administrar con la diligencia que corresponde a una buena gestora de la empresa. Debo actuar con la responsabilidad de una mujer de negocios, y si me embargan la cuenta injustamente, eso altera todo el funcionamiento comercial y me complica enormemente”, sostuvo. Según indicó Bada Vázquez, en el último escrito de sus abogados pidieron al juez que se “excuse” de la causa.
Cabe mencionar que, meses atrás, Ramonet había suspendido su propia medida cautelar en dos ocasiones: la primera la realizó en junio de 2024, cuando decidió pausar la orden de reincorporación y las multas (astreintes), aunque dicha medida fue revertida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La segunda suspensión ocurrió en junio de 2025, al declarar la medida cautelar “abstracta”, tras la presentación de los reclamos de indemnización ante el Seclo, y dejó sin efecto las astreintes.
Alejandra Bada Vázquez: "Cada vez entiendo menos"
Inicialmente, el juez Ramonet impuso astreintes de 10.000 pesos por día por cada trabajador no reincorporado y despedido durante el conflicto de julio de 2022. Sin embargo, volvió a ratificarlas en 50.000 pesos diarios por trabajador en dos ocasiones. Hace tres años, la pyme despidió a un total de 26 trabajadores debido al bloqueo en la planta; a lo largo del tiempo, negociaron individualmente con 17 de ellos; además, una persona se jubiló. Sin embargo, hasta ahora hay ocho operarios implicados en el litigio sin una resolución definitiva.
Los ocho trabajadores despedidos en el largo conflicto sindical son Fabio David Quiroga, Haroldo Javier Rodríguez, José Andrés Emmanuel Pellejero, Juan Carlos Chineschnuck, Claudio Andrés Anidos, Walter Miguel Corvalán, Walter Alejandro Cerri y Juan Manuel Damico.
En julio de 2022 comenzó el conflicto en la planta de Moctezuma, Carlos Casares Santiago Filipuzzi
Todos ellos iniciaron acciones legales pidiendo compensaciones económicas, fijando como fecha de cese laboral el 31 de marzo de 2025, lo que llevó al juzgado en ese momento a determinar que ya no correspondía mantener la orden de reincorporación. En el transcurso, la Justicia ratificó y reforzó la medida cautelar para otros tres trabajadores y delegados de Atilra en la planta: Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Abel Osmar Damico.
No obstante, también se ratificó la multa a la empresa por no reincorporarlos. Además, en la última resolución, Ramonet indicó que “en relación al seguro de caución solicitado por la demandada, por las sumas que resultan ejecutorias [los 47 millones], no corresponde la sustitución bajo ningún concepto". Mientras que para las sumas que aún no son firmes, añadió: “con respecto a las restantes sumas, toda vez que no se encuentran firmes, una vez presentado el seguro de caución que se desea, se proveerá. Salvo que la demandada aporte el seguro de caución en los términos mencionados al final de la resolución, en cuyo caso, antes del libramiento del oficio, se evaluará el seguro referido".
En este contexto, respecto al embargo preventivo de 120.100.000 pesos, si la empresa presenta un seguro de caución, el juzgado evaluará si es aceptable o no antes de hacer efectivo dicho embargo. Finalmente, Ramonet también convocó a una audiencia de conciliación con los ocho trabajadores que aún mantienen el litigio con la pyme, para el mes de septiembre.
