El Superior Tribunal de Entre Ríos (STJER) resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno provincial y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar, de manera parcial, a una acción de amparo por acceso a la información pública presentada por la Fundación CAUCE. El fallo, dictado por el Juez del Trabajo N°3 de Paraná, José Antonio Reviriego, obliga al Estado a brindar en un plazo de 10 días hábiles administrativos la información faltante sobre el destino de la arena extraída de canteras y ríos.
La acción judicial fue iniciada el 10 de abril de 2025 por Fundación CAUCE, tras la falta de respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado el 25 de noviembre de 2024. La demanda buscaba datos sobre la extracción de arenas silíceas y de río, los controles estatales, el volumen extraído, los destinos de este recurso natural y los ingresos tributarios que percibe la provincia por esta actividad.
El STJER respaldó el encuadre de la sentencia inicial, considerando que se trata de una acción de amparo por omisión en la entrega de información pública ambiental. El fallo subraya que dicha información debe ser completa, veraz y oportuna, conforme al Acuerdo de Escazú, la Ley Nacional 25.831 y la normativa provincial. En este sentido, la vocal Dra. Susana Medina destacó en su voto que el Gobierno no aportó datos concretos sobre el destino de la arena de río, ni en sede administrativa ni judicial, y calificó de “extemporáneo e inatendible” el argumento de que dicha información sería “reservada” o “sensible”.
El Tribunal también enfatizó que el destino de los bienes naturales es un tema de interés público y parte esencial de la gestión ambiental, por lo que debe ser accesible a la ciudadanía. Asimismo, señaló que la obligación estatal de informar no puede eludirse con invocaciones genéricas de confidencialidad y que, de existir datos sensibles, deben aplicarse mecanismos como la disociación o tachas para garantizar el acceso público sin violar derechos.
Este fallo representa un precedente importante en materia de transparencia y acceso a la información ambiental en Entre Ríos, reforzando el derecho de la sociedad a conocer cómo se gestionan los recursos naturales de la provincia.
