La UTEP y el CELS presentaron un reclamo ante la justicia para que el Ministerio de Capital Humano comience a relevar y a distribuir los alimentos que están acopiados hace meses. “Ya existen fallos judiciales previos que ordenaron al Estado a dar respuestas pero a pesar de eso, la situación se mantiene crítica”, aseguraron.
En el comunicado, las organizaciones añadieron: “Frente a este escenario el derecho a la alimentación no entra en receso; En un país atravesado por una crisis social profunda, donde millones de familias dependen cotidianamente de comedores y merenderos comunitarios para garantizar una comida diaria, la falta de entrega de alimentos por parte del Estado nacional no puede ser leída como un problema administrativo ni como una disputa judicial más. Se trata de una decisión política que tiene consecuencias concretas y dramáticas en la vida cotidiana de los sectores populares”.
En la misma línea, señalaron: “Consideramos que la interrupción en la distribución de alimentos, sumada a la desarticulación de programas sociales y al vaciamiento de áreas sensibles del Estado, configura un escenario donde el derecho humano a la alimentación queda subordinado a una lógica de ajuste que desconoce la emergencia social existente”.
Desde la UTEP enfatizaron además que “no estamos ante una crisis inesperada, sino ante una consecuencia directa de un modelo que concibe la política social como un gasto a eliminar y no como una inversión en derechos”. Y agregaron: “El desfinanciamiento de la asistencia alimentaria no solo profundiza la pobreza, sino que también recarga sobre el trabajo comunitario —mayoritariamente sostenido por mujeres— una responsabilidad que el Estado decide abandonar”.
“El rol de los comedores y merenderos no puede seguir siendo invisibilizado. Son espacios que sostienen la vida allí donde el mercado excluye y el Estado DECIDE retirarse. Sin embargo, lejos de ser reconocidos y fortalecidos, hoy son dejados a su suerte, obligados a resolver con solidaridad lo que debería resolverse con políticas públicas. Cuando el Estado no garantiza el derecho a la alimentación, no solo incumple la ley: vulnera la dignidad de millones de personas”, fustigó el texto.
Para concluir, manifestaron: “El hambre no puede ser utilizada como herramienta de ajuste ni como variable de negociación política. La emergencia alimentaria exige respuestas inmediatas, integrales y sostenidas. Cualquier otra cosa es, lisa y llanamente, una forma de violencia institucional que castiga a quienes ya viven en condiciones de extrema desigualdad”.
