La decisión fue tomada por la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N2, a raíz de una solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Rodolfo Aguiar, en su calidad de secretario general del gremio, exigió que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad“ de esta medida, argumentando que constituye “una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento” del instituto.
Asimismo, solicitó “que se declare la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTI, al carecer de habilitación legal y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público”.
Aguiar también cuestionó “la constitucionalidad de la Ley 27.742 (Ley Bases) y del Decreto 462/2025”, que contemplarían la disolución del INTI, eliminando su autonomía y conducción colegiada, en contradicción con su norma de creación aún vigente.
En concreto, las autoridades nacionales habían anunciado que el instituto dejaría de tener el estatus de organismo descentralizado para integrarse en la Secretaría de Industria y Comercio.
De este modo, según lo indicado en su momento por fuentes oficiales, la entidad continuaría realizando sus actividades habituales, aunque con una drástica reducción en su estructura administrativa.
Después de analizar la situación, la jueza decidió “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar” y ordenó al Poder Ejecutivo “que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la aplicación” de las normas mencionadas.
La magistrada especificó que esto abarca “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas” a este organismo.
Además, dispuso “la vigencia de esta medida por un período de seis (6) meses a partir de la notificación de la presente”, impidiendo así que las autoridades nacionales avancen con la transformación del instituto.
“Presidente Javier Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no lo logrará. Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), le digo que son bastante inútiles. Ni siquiera supieron usar las facultades delegadas. Uno por uno vamos a derogar tus decretos ilegales”, advirtió Aguiar en su cuenta de X, poco después de que se conociera el fallo.
Por su parte, el funcionario había argumentado que el instituto tiene actualmente una “estructura sobredimensionada y vocación por imponer controles” que “terminaron obstaculizando, en vez de facilitar, el desarrollo productivo nacional”.
“El INTI fue creado para impulsar el desarrollo tecnológico de la industria, pero como un instituto independiente de las universidades argentinas que concentran el conocimiento necesario para ese desarrollo. Lamentablemente, fue utilizado por la burocracia para hacer lo contrario: crear trabas, regulaciones técnicas innecesarias y procesos engorrosos que perjudiquen a las empresas”, sostuvo.
En su cuenta de X, Sturzenegger explicó que “hoy el INTI cuenta con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones (intentamos transferirlas a la UIA, pero declinaron la invitación)” e incluso “el 20% de sus departamentos son puramente administrativos”.
“La transformación del INTI en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio implica la eliminación de sus estructuras administrativas sobredimensionadas, conservando exclusivamente al personal técnico necesario para cumplir con sus funciones esenciales. Se pone fin así al modelo utilizado durante años para acomodar militantes y gremialistas, y se lo reconduce hacia funciones básicas de metrología y definición de estándares”, remarcó semanas atrás.
