El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri quedó más cerca de volver a sentarse en el banquillo de los acusados. La Justicia provincial fijó el cronograma de audiencias de remisión a juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito que lo tiene como principal imputado.
Las audiencias se realizarán ante el juez de Garantías Nº 4, Julián Vergara, en el Salón de Audiencias Nº 1, a partir de las 9. Están previstas para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo de 2026, y para el 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril del mismo año.
En noviembre pasado se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de esta tercera causa penal contra Urribarri. El exmandatario ya fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio —sentencia que aún no está firme y se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación— y enfrenta además otra causa por el presunto pago de coimas, en la que los fiscales solicitaron una pena de diez años de cárcel y cuyo trámite continúa en curso.
Desde los tribunales explicaron que la demora en avanzar con el proceso por enriquecimiento ilícito se debió a que intervienen los mismos defensores que en la causa por coimas. Por ese motivo, la tramitación de la tercera denuncia no podía iniciarse hasta que concluyera la etapa de remisión a juicio del expediente por sobornos, prevista para finalizar este lunes 31.
La investigación por enriquecimiento ilícito también involucró a Rubén Ángel Martínez, un jubilado de más de 70 años, quien quedó fuera del juicio oral tras acceder a una suspensión de juicio a prueba. En mayo de 2024, el juez Vergara homologó un acuerdo de probation por tres años que benefició a Martínez, imputado como partícipe secundario.
Según la acusación fiscal, a Urribarri se le reprocha no haber podido justificar un incremento patrimonial estimado en unos siete millones de dólares. En esas maniobras habrían intervenido el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA y contratista del Estado durante el urribarrismo, y Martínez, en un rol de menor relevancia.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses de prisión para Urribarri, cinco años de cumplimiento efectivo para Cardona Herreros y tres años de prisión condicional para Martínez, quien asumió el pago de multas y reparaciones económicas al Estado en el marco del acuerdo que le permitió evitar el juicio oral.
