Los inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, objeto de investigación judicial en la causa Vialidad, revelan una historia de enriquecimiento y encubrimiento. Entre ellos se encuentran un condominio compartido, propiedades vendidas a Báez por los Kirchner, terrenos fiscales adquiridos a precios irrisorios y hoteles bajo sospecha de lavado de dinero.
De los 37 bienes de Austral Construcciones involucrados en el caso, 35 ya fueron rematados tras la quiebra de la empresa, según confirmó el diario La Nación. Un análisis de los bienes evidencia cómo los patrimonios de ambas familias patagónicas se entrelazaron numerosas veces. La mayoría de estos inmuebles fueron adquiridos entre 2004 y 2015, en el periodo en que los Kirchner ocupaban la presidencia y Báez dominaba la obra pública en la región.
Los peritos de la Corte Suprema dictaminaron que los nueve condenados en la causa deberán abonar $684.990.350.139,86. De no hacerlo, la justicia procederá al decomiso de sus bienes, los cuales ya se encuentran embargados. Entre las propiedades de la expresidenta está el departamento de Juncal y Uruguay en Recoleta, además de los emblemáticos hoteles de la familia Kirchner, “Los Sauces” y “Las Dunas”, en El Calafate.
Los condenados en la causa Vialidad suman en total 228 propiedades, aunque solo siete de ellos son propietarios registrados, ya que Juan Carlos Villafañe y José Santibáñez no posean inmuebles a su nombre. Cristina Kirchner, en su última declaración jurada, mencionó que no tiene propiedades, ya que realizó un anticipo de herencia a favor de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Sin embargo, hay 26 inmuebles congelados en la causa que investiga el lavado de dinero relacionado con las empresas Hotesur y Los Sauces, los cuales también podrían ser confiscados. A partir del listado de bienes presentados por el Ministerio Público Fiscal, el diario La Nación contrastó información de dominio de las propiedades de las familias Kirchner y Báez con datos catastrales. Báez figura como el que más inmuebles posee, aunque el listado de aquellos que podrían ser decomisados no incluye propiedades de sus hijos.
En total, a Lázaro Báez se le han identificado 42 propiedades en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, además de 123 en la Patagonia. No obstante, hay 10 propiedades que no pudieron ser localizadas. Entre estos bienes se encuentra un terreno de nueve hectáreas en Punta Soberana, en El Calafate, que Báez posee en condominio con Cristina Kirchner desde una permuta en 2008. Este terreno fue una de las primeras evidencias de la relación patrimonial entre ambos, revelada por la Nación en 2013. Sin embargo, el 50% de ese terreno fue rematado en noviembre de 2023.
El Tribunal Oral Federal 2 ha solicitado un informe detallado sobre los bienes de Austral Construcciones al juzgado encargado de la quiebra de la empresa, para determinar qué propiedades aún están disponibles para remate. De acuerdo a fuentes del Estudio Stupnik, que lleva la sindicatura encargada de liquidar los activos de Austral, todos los bienes ya han sido vendidos, a excepción de un obrador y una parcela sin construcciones.
En el listado de bienes rematados también se incluye la estancia Cruz Aike y varios inmuebles adquiridos por Báez a los Kirchner entre 2008 y 2009, con pagos que variaron entre cheques y efectivo. El intercambio de propiedades entre estas familias fue significativo durante esos años.
En cuanto a los hoteles, Cristina Kirchner cedió a sus hijos los terrenos donde se encuentran “Los Sauces” y “Las Dunas”. El primero permanece cerrado desde 2016 y ha sufrido deterioro, mientras que “Las Dunas” fue comprada por Néstor Kirchner en 2008 y actualmente está alquilada a una firma chilena tras ser ampliada y remodelada.
También se encuentran en el listado propiedades como el hotel Alto Calafate, que pertenece a Hotesur SA, y departamentos construidos por Néstor Kirchner a través de Austral Construcciones. Asimismo, las oficinas comerciales en la avenida Presidente Néstor Kirchner, donde operaba la Inmobiliaria Sancho, también están bajo investigación.
Los demás condenados, como Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional, y José López, ex secretario de Obras Públicas, entre otros, poseen bienes que podrían ser decomisados, incluyendo propiedades en diversas localidades de Santa Cruz y Buenos Aires.
