El Consejo de Ministros de España acordó ayer dar curso a la solicitud al Gobierno de Argentina de la extradición de 40 miembros de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, procesadas en el país europeo por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.En la lista de represores hay dos que actualmente se encuentran imputados en la megacausa Área Paraná, que todavía espera una definición de la Corte Suprema para el comienzo del juicio. Se trata de Juan Carlos Ricardo Trimarco, quien fuera interventor de Entre Ríos durante la última dictadura, y de Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y responsable de la Zona 2 desde setiembre de 1975 hasta octubre de 1976, con jurisdicción en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.Trimarco fue también jefe de la subzona 22 desde diciembre de 1976 hasta diciembre de 1978, y desde diciembre de 1980 fue el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y jefe de la zona 2. Ambos fueron beneficiados por los indultos del ex presidente justicialista Carlos Saúl Menem.Otro de los implicados es Héctor Febres, alias Daniel, Selva, Orlando y Gordo, torturador de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Estuvo detenido pero fue liberado por efecto de la Ley de Obediencia Debida. Posteriormente fue destinado a Concordia, donde el pueblo y el Concejo Deliberante lo declararon “persona no grata”.Varios de los militares reclamados por España fueron detenidos en Argentina el 26 de julio de 2003, en cumplimiento de una orden internacional dictada por el juez Baltasar Garzón, que tras el arresto envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición.El gobierno de José María Aznar decidió, el 29 de agosto de 2003, no continuar el procedimiento de extradición; pero tras un recurso de la familia de uno de los desaparecidos, el Tribunal Supremo español falló el 31 de mayo de 2005 que se debía dar curso a la petición, a pesar de que, una vez derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, estas personas también han sido procesadas en Argentina.Entre los reclamados figuran Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Domingo Rubens, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Arturo Ignacio Lami, Jorge Olivera, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Luis María Mendía, Jorge Enrique Perren, Alfredo Astiz, Antonio Pernias y Pablo Eduardo García Velazco; siempre por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.Todos fueron procesados por Garzón el 2 de noviembre de 1999, por haber integrado los grupos militares que, antes del golpe de Estado, diseñaron “un plan sistemático de desaparición y eliminación física de ciudadanos” en función de su ideología, raza o religión.Además, desde el 24 de marzo de 1976, aprovecharon “la propia estructura militar de la Nación, dividida en seis zonas, a su vez subdivididas en subzonas y áreas” y prepararon en ellas hasta 340 centros clandestinos de detención.Entre otros numerosos delitos de lesa humanidad, están procesados por “los secuestros de entre 20.000 y 30.000 personas, entre las que se hallan casi 600 españoles y descendientes de españoles”.“Es una medida muy importante y ayuda a que, ante las dificultades surgidas en Argentina, se sienta que las jurisdicciones de fuera del país siguen actuando”, dijo el abogado Carlos Slepoy sobre el pedido de extradición.En ese sentido, el letrado agregó que “ahora se pueden dar diferentes situaciones, una de ellas es la de las personas que ya están siendo procesadas en Argentina, y que la justicia local puede no extraditar hasta tanto se resuelvan estas causas en el país. Otro es el caso de los que no están procesados, quienes se podrían extraditar inmediatamente, una vez iniciado el trámite procesal”, acotó Slepoy. (Fuente: UNO)
