El proceso de salvataje de la cerealera Vicentin sumó este martes un capítulo decisivo. El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores en Reconquista, Santa Fe, y quien abrió un cramdown, confirmó que la firma rosarina Grassi SA fue la primera en comunicar que había alcanzado las mayorías necesarias para quedarse con la empresa. La resolución se conoció luego de que la Sindicatura presentara un informe con los horarios de presentación de los escritos de Grassi y del consorcio competidor integrado por Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC).
Según el documento del síndico Diego Telesco, la propuesta de Grassi reunió 1141 adhesiones sobre 1708 acreedores, lo que representa el 84,99% del capital verificado. La sindicatura indicó que el grupo alcanzó la mayoría el 31 de octubre último, tras incorporarse la conformidad de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que permitió superar el umbral legal. Con ese respaldo, la firma solicitó la homologación del acuerdo y la adjudicación de las acciones de Vicentin, al sostener que el capital social “no tiene valor positivo”. Vicentin tiene un patrimonio neto negativo de más de US$1000 millones.
En su resolución, firmada hoy, el juez Lorenzini dejó asentado textualmente: “Por presentado el informe de la Sindicatura, y verificados por Secretaría los horarios de presentación en el expediente concursal de los escritos de Grassi SA y MOA SA y LDC SA, respectivamente; téngase presente. En mérito a lo antedicho, hágase saber que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo ha sido Grassi SA (arts. 48 y 49 LCQ). Los legitimados procesales concursales podrán impugnar dicho acuerdo dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, por ministerio de la ley (art. 50 LCQ)”.
Con esa decisión, el juez abrió un plazo de cinco días hábiles para que los acreedores puedan formular impugnaciones. El tribunal revisará las adhesiones y la validez de las firmas presentadas. En paralelo, el consorcio Molinos Agro–LDC, que también afirma haber reunido las mayorías, aguarda la evaluación de su propuesta. La definición de Lorenzini determinará quién se quedará finalmente con Vicentin, tras más de cinco años de uno de los procesos concursales más complejos de la historia. “Todavía no ganó nadie”, dijo una fuente al tanto del expediente. Si se plantea una impugnación, el magistrado deberá expedirse nuevamente.
Pablo Noceda, gerente general y CEO de Molinos Agro SA, y Fernando Correa Urquiza, director en LDC
El consorcio Molinos Agro SA–Louis Dreyfus Company había informado que alcanzó más de 1180 adhesiones y los dos tercios del capital de acreedores legítimos en cada categoría.
La causa Vicentin acumula más de cinco años de giros judiciales, apelaciones y resoluciones contradictorias. La firma, una de las principales exportadoras de granos y subproductos del país, se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2019, con un pasivo que superaba los US$1300 millones y afectó a más de 1700 acreedores, entre productores, cooperativas, acopios y bancos locales y extranjeros.
En los años siguientes, Vicentin, ya concursada, logró reunir las mayorías legales para aprobar un acuerdo, pero en 2023 el juez Lorenzini rechazó homologarlo al entender que la propuesta no garantizaba la continuidad ni el pago proporcional de las deudas. La compañía apeló y la Cámara de Apelaciones de Reconquista revocó la decisión y ordenó la homologación del plan. Sin embargo, ese paso fue efímero: en febrero de 2025 la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa resolución, rechazó la homologación y abrió la puerta al proceso de salvataje (cramdown) para que otras empresas pudieran presentar propuestas de reestructuración.
A partir de entonces, Lorenzini habilitó el registro de interesados, en el que se anotaron once empresas. Pero en septiembre de 2025 se informó que finalmente sólo dos ofertas formalizadas se presentaron para quedarse con Vicentin: la de Grassi SA y la del consorcio Molinos Agro SA–Louis Dreyfus Company. Ambas fueron incorporadas al expediente y, tras reunir las adhesiones necesarias, presentaron sus propuestas definitivas ante el juzgado.
Con la resolución conocida este martes, el juez dejó establecido que Grassi fue la primera en alcanzar las mayorías y dio inicio al período de cinco días hábiles para impugnaciones o planteos formales. Si no se presentan objeciones fundadas, el acuerdo podría quedar en condiciones de ser homologado, en lo que sería el paso final de un proceso que lleva más de cinco años y que dejó una huella en la historia de la cadena agroindustrial.
