La Justicia del Reino Unido ordenó que el Gobierno argentino entregue información financiera y contractual sobre activos en el exterior, en el marco de una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos cupón PBI. El pedido responde a la búsqueda de los acreedores para identificar bienes embargables a fin de ejecutar el fallo.
El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron a la República Argentina por la modificación de la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando Áxel Kicillof era ministro de Economía. El cambio, implementado en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos denominados Cupones PBI emitidos en 2005 y 2010, y la Corte londinense consideró que esa decisión perjudicó a los inversores.
El proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros que Argentina había depositado para apelar el fallo; ese recurso fue finalmente desestimado. Aún resta el pago de unos 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que ubicó este litigio como el quinto más relevante en monto para el país.
La orden de la Corte británica exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, indicó a través de su cuenta en la red social “X” que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.
La orden de la Corte británica exige revelar contratos con petroleras internacionales, empresas de energía y cuentas bancarias en el exterior para considerarlos plausibles de embargo
El procedimiento judicial del discovery busca identificar activos que puedan ser embargados para asegurar el cumplimiento de una sentencia.
En agosto, un informe técnico del FMI (Fondo Monetario Internacional) mencionó conversaciones entre Argentina y los acreedores, aunque los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes declararon: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. Además, pidieron al FMI la corrección del reporte técnico por lo que consideran afirmaciones incorrectas.
La deuda pendiente se originó en el cupón atado al PBI, un mecanismo creado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 liderado por Roberto Lavagna. Ese mecanismo establecía pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El gobierno argentino suspendió los pagos en 2011, cuando la economía dejó de registrar ese nivel de expansión.
Los acreedores sostienen que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que además no paga los intereses diarios acumulados. Advertien asimismo que resulta necesario que Argentina regularice sus atrasos externos, especialmente los vinculados a emisiones de deuda anteriores, antes de intentar volver a los mercados internacionales de capital.
En 2023, la justicia británica condenó a la Argentina a pagar el equivalente a unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a los bonistas del cupón PBI. En febrero de 2025 los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado mediante una Carta de Crédito emitida por Banco Santander. Aunque no se conoce la composición exacta de esa garantía, expertos estiman que está constituida por efectivo o Letras de pago inmediato.
La decisión del Tribunal Superior de Londres tomó como antecedente la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, manipuló los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esa alteración motivó la demanda de los cuatro fondos internacionales.
Con la nueva metodología, el Indec difundió un crecimiento inferior al umbral del 3,22% necesario para activar el pago de estos warrants. Bajo la base previa de 1993, el PBI había subido un 4,9%. De ese modo, el gobierno de Cristina Kirchner evitó entonces el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses.
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