Una historia de esclavitud moderna ha conmocionado a Inglaterra tras la condena de Amanda Wixon, madre de 10 hijos, quien fue hallada culpable de mantener a una mujer cautiva en su casa durante más de 20 años. El caso, investigado por la Policía de Gloucestershire y ventilado ante el Tribunal de la Corona de Gloucestershire, puso al descubierto una cadena de delitos que revelan crueldad, explotación y la privación de derechos fundamentales.
Según informó PEOPLE, Amanda Wixon, de 56 años, fue declarada culpable por un jurado el miércoles 21 de enero de varios delitos relacionados con esclavitud moderna. La Fiscalía de la Corona precisó que los cargos incluyen dos delitos de trabajo forzado u obligatorio, uno de encarcelamiento falso y tres de agresión. Según las autoridades, Wixon sometió a su víctima a una vida de trabajos domésticos forzados, privaciones y violencia, aprovechándose de su vulnerabilidad y de la falta de apoyo familiar o institucional.
De acuerdo con The Times, la víctima —cuya identidad se mantiene en reserva— quedó al cuidado de Wixon a los 16 años. En 1996, la joven se trasladó a la vivienda familiar de Wixon después de que esta “asumió la responsabilidad” de su bienestar. Desde entonces, la adolescente quedó sometida a un control absoluto: fue encerrada en la casa, privada de libertad y obligada a vivir en condiciones precarias durante más de dos décadas, según el comunicado policial.
Sky News informó que la explotación fue constante y sistemática. La mujer fue obligada a realizar tareas domésticas durante largas jornadas, siempre bajo la amenaza de violencia física y psicológica. Sus obligaciones incluían limpiar, barrer y preparar a los hijos de Wixon para la escuela.
Las autoridades describieron que la víctima debía pasar muchas horas de rodillas, lo que le provocó callos y lesiones permanentes. También se le impedía asearse, aunque tenía que bañar a los niños y preparar los baños para Wixon. Su alimentación era insuficiente: solo podía comer una vez al día, generalmente restos, y recurría a ocultar dulces para mitigar el hambre.
Las condiciones de vida eran deplorables: sin acceso a atención médica ni dental, con ropa usada y en situación de pobreza, pese a que Wixon percibía desde el año 2000 las prestaciones sociales que correspondían a la joven. La policía, al publicar imágenes del interior de la vivienda, expuso el estado insalubre y la extrema precariedad en que vivía la víctima.
El cautiverio incluyó una larga secuencia de maltratos físicos y psicológicos. Según los testimonios recabados por la policía, entre enero de 1997 y marzo de 2021 Wixon estranguló a la víctima, le introdujo la cabeza en el inodoro y vertió líquidos de limpieza en su rostro y garganta. En otras ocasiones la pisoteó, la golpeó en la cara con un palo de escoba —provocándole la pérdida de dientes— y la obligó a afeitarse el cabello, aunque la víctima prefería llevarlo largo.
Los castigos también implicaron la confiscación de pertenencias personales. Cuando la mujer consiguió un teléfono móvil, Wixon se lo arrebató, la golpeó en la cara con el aparato y lo destruyó con un martillo, provocándole un ojo morado. Los informes médicos posteriores confirmaron cicatrices alrededor de la boca, secuelas por los líquidos de limpieza y lesiones en los tobillos compatibles con las prolongadas jornadas de trabajo en el suelo.
La situación terminó el 15 de marzo de 2021, cuando la víctima logró pedir ayuda desde un teléfono móvil oculto. Según la policía, uno de los hijos de Wixon también alertó a las autoridades por sus preocupaciones sobre el bienestar de la mujer. Los agentes acudieron esa misma noche y encontraron a la víctima asustada, demacrada y con un fuerte olor corporal; había perdido todos los dientes y mostraba signos claros de desnutrición y maltrato.
Tras el rescate, la víctima fue atendida por un dentista que constató dolores intensos provocados por infecciones y abscesos nunca tratados. Los médicos documentaron el estado de abandono y las lesiones físicas que corroboraron el relato de años de abuso.
La detective Emma Jackson, de la Policía de Gloucestershire, calificó el caso como uno de los más atroces de servidumbre doméstica y explotación de una persona extremadamente vulnerable, y resaltó la valentía de la víctima al pedir ayuda pese al riesgo de represalias. Laura Burgess, Fiscal Principal de la Corona, denunció la “crueldad, explotación y control inimaginables” ejercidos por Wixon y elogió la fortaleza de la víctima en su proceso de recuperación.
Actualmente la víctima está en proceso de recuperación y recibiendo la atención que le fue negada durante años. Wixon, por su parte, fue puesta en libertad bajo fianza y espera la sentencia definitiva el 12 de marzo, aunque ha negado todos los cargos. Las autoridades insisten en que el caso constituye una alarmante muestra de esclavitud moderna y explotación en pleno siglo XXI.
