Después de un año complicado, Martín Menem finalmente puede relajarse: la Justicia ha cerrado la causa que investigaba la visita de un grupo de diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde se reunieron con Alfredo Astiz y otros genocidas condenados. El juez federal Luis Armella consideró, como había afirmado Patricia Bullrich, que el Servicio Penitenciario Federal no cometió ninguna irregularidad al facilitar este encuentro. Así, respaldó la decisión del fiscal Sergio Mola, quien ha estado apelando para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en prisión.
El 11 de julio del año pasado, seis diputados de La Libertad Avanza abordaron una combi oficial de la Cámara de Diputados, se dirigieron al complejo penitenciario VII de Ezeiza y pasaron la tarde con varios represores, entre ellos Astiz, así como Alberto “Gato” González, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti. Todos ellos están detenidos y condenados por delitos de lesa humanidad.
Durante su visita, los diputados libertarios —Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci— se encontraron y fotografiaron con estos represores, a excepción de Bonacci, quien luego denunció haber sido “engañada” por Benedit, el organizador del encuentro y uno de los coordinadores de un chat donde se discutían propuestas para que los genocidas pudiesen acceder a prisión domiciliaria.
En este chat de WhatsApp también participaba el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera, quien organizaba encuentros para ayudar a los condenados por delitos de lesa humanidad. En dicho grupo se presentó incluso un proyecto de ley que modificaba el Código Penal e incluía una nueva causal de extinción de la acción penal: la pasividad de 20 años desde que el Estado tuviese conocimiento de un delito. El proyecto se denominaba “Derecho a ser juzgado en un plano razonable”.
Toda esta información fue revelada por Lourdes Arrieta, otra de las arrepentidas, en una denuncia penal contra sus propios compañeros de bloque. La ex diputada libertaria también apuntó a Menem, lo que le costó su expulsión del bloque oficialista.
El juez Armella decidió archivar la causa en línea con lo solicitado por el fiscal Mola, quien determinó que el Servicio Penitenciario Federal no había cometido delitos. Al hacerse cargo de la causa el año pasado, Mola se centró en investigar si hubo irregularidades por parte del Servicio, que responde a Patricia Bullrich, durante la visita de los diputados, y concluyó que no había motivos para seguir adelante.
El foco de la investigación se centró en que en los chats proporcionados por Arrieta los diputados mencionaban tener la aprobación de Bullrich y del jefe del SPF. Durante la visita, no fueron revisados ni se les pidieron sus teléfonos móviles, que luego usarían para tomarse la famosa foto junto a Astiz.
Sin embargo, Mola sostiene que los diputados no llevaron a cabo una “visita”, sino un “recorrido” para constatar las condiciones de los presos. Esta distinción es crucial, ya que las “visitas” requieren que los visitantes pasen por un procedimiento de seguridad, incluyendo escáneres corporales y detectores de metales, y deben encontrarse con el detenido en un área común.
En cambio, las “recorridas” o inspecciones para evaluar las condiciones de privación de libertad deben ser garantizadas por la autoridad penitenciaria “prescindiendo de trámites innecesarios que obstaculicen su realización”, tal como retranscribe Mola en su dictamen.
“Es lógico que las autoridades del SPF consideraran el encuentro con los detenidos como una ‘recorrida’. Al hacerlo, se puede entender por qué no se implementaron controles más rigurosos”, argumenta Mola, añadiendo: “¿Por qué la autoridad penitenciaria debería haber actuado de manera diferente ante legisladores nacionales que ante autoridades judiciales?”.
Para Mola, quien ha apelado junto a Diego Luciani el beneficio de arresto domiciliario concedido a Cristina Fernández de Kirchner, “no hay elementos que sugieran un actuar doloso por parte de los funcionarios penitenciarios”. El juez coincidió y decidió archivar la causa, según informó elDiarioAR.
Un año después del escándalo que conmocionó al bloque libertario, de intentos de la oposición por formar una comisión investigadora que fracasaron, de chats filtrados y conflictos internos, Menem puede finalmente estar tranquilo, al menos por ahora, de que este capítulo ha quedado atrás.
