Las inundaciones en el centro-oeste bonaerense concentran la atención pública y reabren el debate sobre el rol que se asigna a las obras de infraestructura y la respuesta de los distintos niveles de gobierno ante la posibilidad de que se repitan este tipo de episodios.
Para la población rural de los más de diez partidos afectados por el exceso de lluvias, que el tema tenga ahora mayor visibilidad en los medios generales —no en los rurales— y que motive conferencias de prensa del Gobierno puede generar reacciones contrapuestas: por un lado, la sensación de ser vistos y mínimamente acompañados en la desgracia; por otro, la amarga conclusión de que “se acuerdan tarde”. En rigor, el exceso de lluvias ya se advertía en marzo pasado. En ese momento, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que vuelva a autorizar los fondos para continuar con las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado que el gobierno nacional había congelado.
Apenas a fin de septiembre el jefe del Palacio de Hacienda anunció la entrega de fondos para reanudar las obras. No es válido afirmar en forma contrafáctica que, si las obras no se hubieran paralizado, no habría habido daños por el exceso de agua: productores de la zona y especialistas señalan otros problemas aún sin resolver. Uno de ellos es el mantenimiento de los caminos rurales, una responsabilidad municipal en la que la provincia también debería intervenir con mayor eficacia. En septiembre pasado se presentó una denuncia judicial contra los intendentes de Carlos Casares y Nueve de Julio, la Dirección de Hidráulica bonaerense y la Autoridad del Agua por “estrago” a raíz de las inundaciones.
En el primero de esos partidos son frecuentes las protestas por la administración de la tasa vial que se cobra a los productores y que, según denuncian, no se destina al fin para el cual fue creada: el mantenimiento de los caminos rurales. Carlos Casares no es el único lugar donde ocurre esta situación, y el reclamo se repite en otros municipios.
En definitiva, lo que ponen en juego los fenómenos climáticos es la gobernanza del agua. Si los excesos hídricos se interpretan únicamente como desgracias puntuales que suceden cada tanto, el problema no tendrá solución. Lo mismo ocurre cuando se aprovecha una inundación para dirimir diferencias políticas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en conferencia de prensa que “hace 50 años” no se hacía nada en la cuenca del Salado. Omitió que durante el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, se ejecutaron las obras del cuarto tramo del proyecto. También criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por inacción, pero mientras no termine el tramo cuatro, que corresponde a Nación, los organismos de crédito internacional que financian la obra no liberan los fondos del tramo cinco, que le corresponden a la provincia. De poco sirve cruzarse acusaciones cuando el problema está a la vista de todos.
Estas inundaciones, como las anteriores, muestran que la infraestructura es un factor crítico para la competitividad del agro. Además de una macroeconomía sólida, respeto por la propiedad privada y una carga impositiva razonable, se requiere que, como mínimo, caminos, rutas, transporte y puertos estén en condiciones acordes al volumen de producción que manejan. Y no se trata solo de la producción: está en juego la vida de las comunidades rurales afectadas. Lo saben las familias cuyos niños tuvieron que ir a la escuela a caballo en medio del agua o que directamente no pudieron asistir por quedar aisladas, entre otros ejemplos del desastre que provocan las inundaciones en el centro oeste bonaerense.
De nada servirán las proyecciones sobre cosechas récord si no existe una estrategia de mediano plazo para la inversión en infraestructura y la decisión política de establecer una gobernanza clara sobre las cuencas hídricas. Otros países —Estados Unidos o Países Bajos— lo hicieron y alcanzaron desarrollo.
Si se cumplen los pronósticos de los especialistas que indican que los fenómenos climáticos serán cada vez más extremos en los próximos años, tanto por exceso de agua como por escasez, la infraestructura debería ubicarse en el tope de las prioridades políticas y del debate sobre el uso de los fondos públicos.
