El obispo de Concordia, monseñor Luis Collazuol, repudió hoyla realización en el hospital público de esa ciudad de Entre Ríos de un abortoen el quinto mes de gestación a una menor que había quedado embarazada comoconsecuencia de una violación, feto que -asegura- permaneció con signos vitalesdurante varias horas.
En un comunicado Collazuol manifiesta su “profundo dolor”por el hecho del que se pudo tomar conocimiento, dice, a través de un mediodigital, que consignó que “el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durantevarias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó delatir”.
La interrupción del embarazo se produjo tras una ordenjudicial, ya que el aborto por violación forma parte según la legislaciónvigente de los casos no punibles y el protocolo vigente convalidado por laCorte Suprema de la Nación, que no establece ningún límite de tiempo para surealización.
El director del hospital Delicia Concepción Masvernat, dondese practicó el aborto, el médico Miguel Ragone, consideró que existe “un bache”legal porque si bien hasta las 22 semanas el feto es inviable, pasado esetiempo sí por lo que “los médicos deberíamos tener la conducta de asistirlo”.
En un comunicado Collazuol manifiesta su “profundo dolor”por el hecho del que se pudo tomar conocimiento, dice, a través de un mediodigital, que consignó que “el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durantevarias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó delatir”.
“Ningún derecho individual puede justificar la eliminaciónde la vida humana del que no se puede defender”, afirma. Y agrega que “cuandouna mujer está embarazada, no hablamos de una vida sino de dos, la de la madrey la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas.El derecho a la vida es el derecho humano fundamental”.
En ese sentido, señala que “ningún “protocolo” de actuaciónpuede alterar el contenido de la Constitución Nacional en cuanto protege a lapersona humana desde la concepción, ni su correspondiente derecho a la vidagarantizado palmariamente por la Constitución Nacional y por los TratadosInternacionales incorporados a nuestra Carta Magna, con jerarquíaconstitucional”.
“Nos referimos -puntualiza- a la Resolución 2.883 del 29 deagosto de 2017 del Ministerio de Salud de la Provincia, por la cual el Gobiernoprovincial adoptó el “Protocolo para la atención integral de las personas conderecho a la interrupción legal de embarazo” (ILE) elaborado por el Ministeriode Salud de la Nación durante la gestión anterior, y no removido por el actualgobierno”.
Añade que “la Constitución de la Provincia de Entre Ríos ensu art. 16 establece que: ‘La Provincia reconoce y garantiza a las personas elderecho a la vida y, en general, desde la concepción hasta la muerte digna. Nadiepuede ser privado de ella arbitrariamente´”.
Tras señalar que “este derecho fundamental no puede seralterado por una reglamentación de orden inferior”, subraya que “por elloentendemos que la autoridad provincial competente debería dictar una resoluciónque deje sin efecto la anterior”.
El doctor Ragone, declaró al portal El Entre Ríos que “comomédicos, y así se explicó en una reunión con miembros del Poder Judicial, unaborto se considera tal hasta las 22 semanas o 500 gramos, más / menos 50 gramos.Por ejemplo, un chico de 18 semanas que pese 350 gramos, la formación de losórganos no está completa. No es viable. Por más que se le haga lo que sea no esviable”.
“Pero a su vez, lo que nos preocupa a nosotros es cuandohaya viabilidad, ¿qué se hace? Porque cuando hay viabilidad, nosotros comomédicos deberíamos tener la conducta de asistirlo, por ejemplo con un chico de24, 26 semanas, que tiene posibilidades de una supervivencia”, afirmó.
“Según el protocolo que tenemos, hasta las 22 semanas no habríaviabilidad. Por más que se tome cualquier medida, va a terminar en elfallecimiento sí o sí del feto. De todos modos, hay baches en la ley”,sentenció.
