“OpenAI, la creadora de ChatGPT, construirá en Argentina el centro de datos más grande de América Latina”.
“La Argentina se convertirá en una potencia mundial en inteligencia artificial”.
Esos títulos suenan como parte de la narrativa con la que nos acostumbró el Gobierno de Javier Milei, presentado como el mejor presidente de la historia, con el mejor ministro de Economía y autor del ajuste más grande de la humanidad.
De todos modos, dado que en el anuncio participan actores de peso global, conviene analizar con más cuidado y preguntarse qué viabilidad tiene el proyecto, cuáles son sus antecedentes, qué beneficios podría traer al país y qué riesgos implica en lo económico, energético y en materia de soberanía.
El comunicado afirma: “Sur Energy y OpenAI se unen para anunciar sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que situaría a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial”. Más adelante añade: “Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina”. Además, se difundió un video de Sam Altman, CEO de OpenAI, en el que elogia el talento argentino, saluda a Milei y promete que el país tendrá acceso masivo a la inteligencia artificial.
Ante un anuncio tan escueto y autoconsagratorio, surgen muchas preguntas. Algunas tienen respuesta; otras exigirán que la euforia ceda y que el tiempo, los negocios y la política vayan mostrando resultados.
Lo que sabemos
El Proyecto Stargate (puerta estelar) es una iniciativa en la que trabajan OpenAI, Oracle y SoftBank desde 2022. En enero de este año, un día después de la asunción de Donald Trump, la Casa Blanca fue escenario de un anuncio contundente: Stargate invertiría 500 mil millones de dólares en el desarrollo de la mayor infraestructura mundial para inteligencia artificial, con varios centros de datos en Estados Unidos. Más adelante se proyectaron planes similares para Emiratos Árabes Unidos y Noruega. Stargate Argentina sería el primer proyecto del consorcio en América Latina.
Una semana después de aquel anuncio en Washington, China presentó Deep Seek, un sistema de IA de código abierto, más barato y más eficiente desde el punto de vista energético. Las cotizaciones de las tecnológicas de Silicon Valley se desplomaron, en especial las de Nvidia, la empresa que fabrica los “fierros” necesarios para operar centros de datos. Nvidia ya había cerrado con OpenAI un acuerdo para suministrar equipos por 100 mil millones de dólares.
También sabemos que el socio argentino de Stargate es Sur Energy, una compañía orientada a infraestructura digital, fundada por el recientemente fallecido Matías Travizano junto a Emiliano Kargieman y con la participación de Stan Chudnovsky. La empresa no tiene página web ni empleados declarados, pero se describe como especialista en implementar data centers sostenibles que combinan tecnología avanzada y energías renovables para respaldar el crecimiento global de la IA.
Hace una década, Kargieman irrumpió como talento tecnológico argentino al fundar Satellogic, una start up de garage reconocida por desarrollar nanosatélites en órbita baja. Ese “garage” creció: hoy Satellogic tiene propietarios estadounidenses y contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y Emiliano continúa como CEO.
Sabemos también que en este proceso tuvo un papel central Demián Reidel, físico formado en el Instituto Balseiro que luego trabajó en finanzas en Estados Unidos. Reidel es el vínculo entre Silicon Valley y Milei. El presidente lo designó asesor y luego lo puso al frente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que administra las tres centrales nucleares del país. Hace semanas el Gobierno anunció la privatización parcial de NASA.
La relación entre energía atómica e inteligencia artificial es estratégica: los centros de datos demandan enormes cantidades de energía, una necesidad que podrían satisfacer los pequeños reactores modulares. En la última década Argentina desarrolló su propio modelo modular, el CAREM. Al asumir, Milei detuvo ese proyecto cuando estaba cerca del 70 por ciento de avance y con más de 600 millones de dólares invertidos. Reidel anunció la construcción de otro reactor modular, desarrollado por la empresa pública rionegrina INVAP, que cuenta con patente internacional. Ese proyecto necesitaría al menos cinco años para concretarse. Desde que Reidel lo anunció en diciembre de 2024, el plan no mostró ningún avance. ¿Por qué abandonar un reactor casi terminado por otro que tardaría un lustro en estar operativo? Esa pregunta no tiene aún respuesta por parte de Milei ni de Reidel. Quizás la clave esté en la reciente adhesión de Argentina al Programa FIRST de Donald Trump. Ese programa establece una curiosa colaboración: los países adherentes entregan a la Casa Blanca información sensible sobre sus planes nucleares y, a cambio, la Casa Blanca les vende reactores modulares. ¿Un trato justo?
Este anuncio se inscribe además en un inédito rescate financiero del Gobierno de Donald Trump al plan económico de Javier Milei y Luis Caputo, cuyos términos no se conocen pero pueden intuirse. Argentina es una pieza relevante en la estrategia de Washington para frenar el avance de China en el sur global. En esa carrera comercial, industrial y digital, Estados Unidos ya da por perdida a África, donde Beijing tiene fuerte presencia. América Latina, con sus abundantes recursos naturales, es un territorio en disputa.
Lo que no sabemos
El comunicado de Stargate no especifica en qué lugar de la Patagonia se instalará el centro de datos ni cuál es su proyecto de ingeniería. Si el emplazamiento fuera Neuquén, en Vaca Muerta, sería un indicio claro sobre la fuente de energía prevista.
Aunque el anuncio menciona energías renovables, no aclara cuáles se emplearán. No es un dato menor: el consumo energético de estas instalaciones genera controversia global. Las compañías no siempre lo transparentan y en los contratos con los proveedores eléctricos suelen incluirse cláusulas de confidencialidad que protegen esa información. En público, las tecnológicas se presentan ecológicas y prometen reducir su impacto ambiental, pero en la práctica esas promesas con frecuencia no se verifican.
El consumo de agua es otro factor clave para evaluar las consecuencias de un centro de datos de gran escala. Los racks y placas que sostienen la IA generan calor y requieren mantener temperaturas entre 18 y 27 grados mediante torres de enfriamiento que dependen de circulación continua de agua. Aunque las empresas aseguran usar sistemas de circuito cerrado, el desperdicio hídrico puede ser muy significativo. Aquí vuelve a aparecer la opacidad: con el poder económico que ostentan, estos gigantes digitales tienen capacidad para influir en las normativas locales. En otras palabras, escriben las leyes que después los regularán.
Un ejemplo: el estado mexicano de Querétaro aprobó una normativa que lo convirtió en un paraíso para centros de datos. Poco después de que las primeras instalaciones entraran en funcionamiento, estallaron conflictos por la escasez de agua. En el municipio de Colón los vecinos padecen racionamientos, mientras autoridades y empresas miran hacia otro lado.
Stargate Argentina promete crear miles de empleos directos e indirectos. La realidad es que los centros de datos requieren mucha mano de obra durante su construcción, pero una vez operativos son naves industriales con apenas decenas de empleados; en el mejor de los casos, cientos.
Según el comunicado difundido el viernes pasado, la inversión prevista se realizará en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Recordemos que el RIGI, aprobado por el Congreso en 2024, ofrece estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria: el Estado queda sujeto a esas reglas aun si cambian las condiciones económicas o energéticas. En nombre de la “seguridad jurídica”, se renuncia a capacidad regulatoria por tres décadas.
La Argentina no produce los equipos necesarios para un centro de datos de este tipo, por lo que deberá importar casi toda la tecnología: servidores, sistemas de enfriamiento, transformadores y equipamiento eléctrico.
El RIGI establece que las empresas acceden a exención de derechos de importación para bienes de capital y de informática y telecomunicaciones vinculados al proyecto aprobado, y pueden compensar el IVA con certificados de crédito fiscal.
Además, obtienen beneficios cambiarios: es decir, acceso directo al mercado de cambios para pagar utilidades, dividendos e intereses al exterior sin autorizaciones previas. Para la economía argentina, eso implica salida de divisas y menor recaudación, sin fomentar el desarrollo de proveedores nacionales de alto valor. El RIGI garantiza por 30 años que esos beneficios no puedan ser limitados por futuras normas más gravosas.
La ecuación parece perfecta: se invierte con ventajas públicas, se opera con energía nacional y se remiten las ganancias al exterior.
Es crucial conocer cómo se estructurará Stargate Argentina para evaluar si la promesa de inversión no terminará profundizando la restricción de dólares que asfixia a la economía.
No es lo mismo una empresa nacional que procesa datos en el país y los exporta que un enclave extranjero que practica el extractivismo digital y consume divisas. ¿Qué compromisos asumirá Stargate con el sector público argentino? ¿Será un mega centro que respalde la digitalización estatal? ¿O utilizará los datos de los argentinos para alimentar la maquinaria de manipulación global que ya constituye el espacio digital? ¿Servirá Stargate Argentina a los desarrolladores locales de IA que hoy pagan por procesamiento en dólares en el exterior? ¿Será este proyecto un camino hacia la soberanía digital y cognitiva que necesita la Argentina?
Está claro que el país no dispone de los recursos financieros para llevar adelante por sí solo un emprendimiento de esta escala. Bienvenidas las inversiones, pero hacen falta discutir las condiciones: acuerdos razonables, beneficios reales y riesgos controlados. Es imprescindible que quienes invierten integren al país en la producción del conocimiento que generen.
La contracara de la estabilidad, las exenciones y la energía barata debe ser contenido local, capacitación de trabajadores y transferencia tecnológica. Si no se garantiza eso, no estaremos ante desarrollo, sino ante dependencia.
