La hidrovía “debe ser gobernada por las provincias que enverdad tienen y usan la hidrovía”, aseguró el presidente Alberto Fernández el11 de diciembre en el acto de asunción del gobernador de Santa Fe, OmarPerotti.
En la actualidad, la red fluvial depende del gobierno nacional y eldragado y balizamiento del río Paraná lo lleva adelante la empresa HidrovíaS.A., consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, quetiene contrato hasta 2021.
El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,había comenzado el año pasado a elaborar los pliegos para la próximalicitación. A raíz de ello, el presidente de la asociación de defensa deusuarios y consumidores Procurar, Enrique Millán, le envió en julio una cartadonde reclamó la rescisión del contrato con Hidrovía S.A. y su exclusión defuturas licitaciones por haber estado supuestamente involucrada en el pago decoimas.
Dietrich descartó el pedido, pero ahora que Fernández prometió que elcontrol pasará a las provincias. Millán les envió cartas a los gobernadores deSanta Fe, Entre Ríos y Chaco reiterando el pedido, ya que el concesionarioactual dejó trascender que volvería a presentarse.
El 21 de febrero de 1995 el gobierno de Carlos Menem leadjudicó a Hidrovía S.A., a través del decreto 253/95, las tareas de dragado ybalizamiento del Río Paraná en una polémica licitación. El contrato originalera por 10 años, pero siete años antes de su finalización se lo extendió a 18años, pese a que el pliego original indicaba que la concesión sólo podíarenovarse al término del mismo.
Luego de la crisis que provocó la salida de laconvertibilidad, comenzó una renegociación de contratos con las empresas deservicios públicas, reglamentada por el decreto 311/2003, tarea que se leencomendó a la entonces flamante Unidad de Renegociación y Análisis deContratos de Servicios Públicos (UNIREN). Como parte de esa negociación, el 19de junio de 2007 UNIREN le remitió a Hidrovía una propuesta de carta deentendimiento conteniendo los puntos de consenso alcanzados. La carta deentendimiento fue sometida a audiencia pública y finalmente el 21 de abril de2009 se firmó un nuevo contrato, ratificado por el decreto 113 de enero de2010.
La concesión, ya ampliada una vez, vencía en 2013, pero deeste modo se la extendió por ocho años más y también se amplió en 654kilómetros el área en la que operaba la compañía. La empresa, por su parte, secomprometió a invertir 37,5 millones de dólares por año, durante tres años,para extender río arriba los servicios que por entonces cubrían desde Santa Fehasta el Río de la Plata. El objetivo era que las obras de señalización ydragado lleguen hasta Confluencia (kilómetro 1238 del Paraná superior), lo quepermitiría su mejor aprovechamiento por los productores del Norte.
La renegociación del contrato con Hidrovía no recibiómayores objeciones. Sin embargo, en 2018 el empresario Benjamín Gabriel Romero,presidente de la firma Emepa, se declaró arrepentido luego de ser involucradoen el pago de coimas en la causa de los cuadernos. “El día antes de que sefirme el decreto 113/2010 que aprobaba la renegociación del plazo de Hidrovíaque fue publicado el 21 de enero de 2010, Roberto Baratta se comunicótelefónicamente con (Rodolfo) Poblete y le dijo que si no entregábamos dinerono salía firmado el decreto”, declaró Romero el 14 de agosto ante el fiscalCarlos Stornelli. “Nos pidió 600 mil dólares y se los dimos en dos partes”,agregó luego. En esa declaración también reconoció que le daba dinero a RicardoJaime, cuando este era secretario de Transporte.
Como consecuencia de esa declaración, Enrique Millán, elpresidente de Procurar, le mandó la carta a Dietrich el año pasado solicitandoque se rescindiera el contrato y se le impidiera a Hidrovía volver apresentarse en la próxima licitación. “Es claro en el caso, que las “coimas”anuales que el concesionario confesó haber entregado, así como aquellas sumasdadas para posibilitar prórrogas o ampliaciones de la concesión (v.g. elDecreto), necesariamente se traducen en menores obras, mayores tarifas, mayoressubsidios o una combinación de todos ellos”, sostuvo Millán. Cerca de Dietrich,se limitaron a responder entonces que no tomarían ninguna medida contraHidrovía. “No hay sentencia judicial ni instrucción de la Justicia para tomarla decisión de rescindir o revocar el contrato (…) Como Poder Ejecutivo, somosrespetuosos de la decisión judicial”, se limitaron a responder a la revistaNoticias.
Las declaraciones de Alberto Fernández anticipando quedelegará el control de la hidrovía a las provincias limítrofes reavivó el temay Procurar le envío en los últimos días cartas a los gobernadores de Santa Fe,Entre Ríos y Chaco, que deberán decidir sobre el contrato cuando se efectiviceel traspaso. En esa comunicación les advierte sobre la situación de HidrovíaS.A. y solicita que se excluya a la firma, y a las sociedades que la controlan,de las futuras licitaciones públicas.
