La ganadería representa un equilibrio sectorial, la rotación de cultivos con pasturas y verdeos, la sostenibilidad ambiental y, sobre todo, la ocupación territorial, el federalismo y la creación de empleo genuino.
Recientemente, durante el evento Negocios del Campo, organizado por LA NACION, muchos panelistas coincidieron en que la ganadería atraviesa un momento favorable con un futuro prometedor.
Coincido con esta opinión; la ganadería argentina está frente a una gran oportunidad, pero creo que para que este momento se consolide y, sobre todo, se prolongue en el tiempo, es fundamental prestar atención y trabajar en ciertos aspectos.
Stock ganadero y productividad: hace años que el stock de ganado no crece, lo que constituye un problema. Si queremos mantener el actual ritmo de faena e incluso expandir nuestras exportaciones, es crucial abordar este tema con seriedad. Aunque la faena de vacas este año tiende a disminuir, es muy probable que el stock ganadero se reduzca por tercer año consecutivo.
La Argentina está 30 kilos por debajo del peso promedio por animal faenado en países vecinos y casi 200 kilos menos que en Estados Unidos.
Sin embargo, el problema no solo radica en la disminución del stock, sino también en la baja productividad por animal. Cuando menciono baja productividad, me refiero a la relación ternero/vaca y el peso de los animales destinados a faena. Aunque ha habido ciertos avances, es urgente mejorar ambos índices si deseamos incrementar la producción total de carne.
Para ello, se requiere un Programa Ganadero Nacional sólido que ofrezca incentivos y beneficios para mejorar estos índices. Un programa que incluya créditos a tasas razonables para la retención e incorporación de vientres, así como para la producción de forraje (pasto significa eficiencia productiva en ganadería). Además, serían necesarios estímulos para aumentar el peso por animal; quizás un incentivo fiscal para los últimos kilos ganados podría ser una herramienta útil. Es importante recordar que Argentina está 30 kilos por debajo del peso promedio por animal faenado en países vecinos y casi 200 kilos de Estados Unidos. Hay mucho por hacer y crecer.
Informalidad y dobles estándares: para consolidar la cadena hacia el futuro se necesita un sincero reconocimiento por parte de todos los actores involucrados. Es momento de enfrentarnos a la verdad si buscamos ordenar y crecer; esto también requiere coraje y voluntad política para llevarlo a cabo. Este reconocimiento debe ser integral, abarcando aspectos sanitarios, fiscales, laborales y ambientales.
Para lograr un ordenamiento sanitario eficaz, es fundamental contar con un Senasa robusto, que implemente políticas de Estado y no solo de gobierno, y que cuente con un presupuesto acorde a sus responsabilidades y funciones para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y de los mercados externos. Lamentablemente, los bajos salarios y las escasas expectativas han llevado a más de 500 profesionales a abandonar el organismo, y ante la falta de presupuesto no se están realizando las acciones mínimas de control.
El problema no es solo la caída del stock, sino la baja productividad por animal.
Es un llamado de atención, no solo al Gobierno, sino también a las entidades del sector productivo y la industria, para que transmitan con mayor énfasis la necesidad de un Senasa fuerte, moderno y consolidado. Algunos actores de la cadena deberían abandonar prácticas que poco contribuyen a la mejora y eficiencia del organismo; quienes piensan que mediante lobbies o entrometiéndose en los controles (algunas cámaras de la industria han participado de auditorías; controlados controlando) alcanzan sus objetivos.
En esta etapa, es inviable que coexistan diferentes estándares sanitarios en las plantas frigoríficas. La solución reside en una nueva Ley Federal de Carnes. Era alentadora la voluntad expresada por el Gobierno y muchos legisladores cuando el tema fue parte del primer borrador de la Ley Bases. Aunque posteriormente fue descartado, esperamos que se plantee nuevamente en un nuevo proyecto. Esta ley sería la herramienta necesaria para lograr un ordenamiento a mediano plazo y garantizar estándares sanitarios mínimos, otorgando a Senasa la responsabilidad de supervisar toda la cadena para asegurar la sanidad e inocuidad de las carnes. Es realmente contradictorio que Senasa pueda actuar en la sanidad de todas las vacas, pero no sobre toda la carne.
Asimismo, el ordenamiento fiscal es prioritario: ¿para qué más impuestos si luego no se cobran, no se controlan y desorganizan la cadena? Para lograrlo, es fundamental primero reconocer la situación y estar dispuestos a realizar cambios.
Frecuentemente se culpa al carnicero, que es el eslabón que, debido a la presión fiscal y las retenciones acumuladas, muchas veces no desea recibir la factura por la mercadería entregada. Así se inicia un desequilibrio fiscal evidente que distorsiona toda la cadena. Tal vez un monotributo específico y una alícuota baja y unificada de Ingresos Brutos sean una alternativa inicial.
La informalidad, los dobles estándares sanitarios, ambientales y laborales son problemas que muchos reconocen, pero que llevamos décadas sin abordar.
Mercados y la dependencia de China: año tras año, las exportaciones a China han aumentado, hasta llegar al punto en que más del 75% de nuestras carnes se destinan a ese país. Esto representa una oportunidad, pero también un riesgo. Un cambio en las expectativas de compra de China podría alterar rumbos y valores internos. Además, se analiza una salvaguardia, a raíz del reclamo de los ganaderos chinos, que podría cuotificar o imponer aranceles a nuestras exportaciones de carne.
Argentina debería trabajar firmemente en diversificar y ampliar su cartera de clientes de carnes, para así reducir esta dependencia. Avanzar en un nuevo acuerdo con Estados Unidos para ampliar las cuotas, lograr la apertura de Japón con avances que se estuvieron realizando hace años y abrir otros mercados del sudeste asiático son acciones muy necesarias.
Infraestructura rural: para pensar en un crecimiento en la producción, también necesitamos una gestión seria de la infraestructura. Esto no solo implica nuevas inversiones en puertos, rutas y accesos, sino también reparaciones y mantenimientos de las estructuras actuales. Hace años, se argumentaba que la coparticipación de las provincias a los municipios no era suficiente para reparar caminos y calles, lo que llevó a implementar tasas viales.
Hoy se han convertido en un impuesto muy costoso que, además, no cumple con el propósito para el cual fueron creadas. Muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, reconocen que muy poco se destina efectivamente a los caminos, lo cual es inaceptable. Carbap y sus rurales están realizando un buen trabajo en este sentido, pero es deber de todos involucrarse en el tema, apoyar las gestiones de cada Rural y poner fin a este atropello. Quizás sería útil legislar que, en todos los distritos, se trabaje con consorcios, que son los únicos que operan eficientemente y mantienen caminos en condiciones.
No debemos dormirnos en los laureles de precios favorables momentáneos; aprovechando este buen momento, es necesario avanzar en los temas prioritarios. Los ganaderos, con reglas claras y perspectiva, apostamos y crecemos, especialmente en tiempos en que la agricultura se ve debilitada. Sin embargo, los ciclos de producción ganadera son largos, y las decisiones de hoy generan frutos en varios años.
Los altos costos por lonjas, tasas viales, guías y permisos son cargos que han ido aumentando y que deben ser abordados con urgencia para frenar sus incrementos y cobros indebidos. También incluyo al IPCVA, al cual los ganaderos estamos sujetos. El Gobierno, en su afán de desregular, debería considerar que ha llegado el momento de eliminar el cobro coercitivo a los productores, especialmente cuando gran parte de la industria, los principales beneficiarios, no está contribuyendo.
La ganadería está atravesando un buen momento, pero si logramos avanzar en estos aspectos, podremos asegurar que esta realidad se mantenga en el tiempo.
El autor es productor, exvicepresidente del Senasa.
El autor es productor agropecuario y exvicepresidente de Senasa.
