En este momento, “vamos a ofrecer que se produzca una buena cantidad de pruebas, basado en pruebas testimoniales; es decir que vaya gente a prestar declaración, mucha de la que ya prestó declaración en la Defensoría del Pueblo y queremos judicializar esa parte”, sostuvo el Fiscal de Estado calificando la causa como “no muy sencilla”.
Por otra parte entendió que prefiere no utilizar la expresión “compra de votos” en la medida en que “no surjan las pruebas”, y aseveró que el tema “sea sencillo o no, va a depender de que la gente diga si recibió el dinero que consta en las planillas. Si dicen que no lo recibió hay un desvío de fondos, lo que también constituye un delito, y si dice que efectivamente lo recibió en virtud de qué lo hizo”.
Además explicó que “hay cosas que llaman poderosamente la atención porque esta ordenanza que era un plan de emergencia laboral tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002, con posibilidad de prorrogarla por seis meses: hasta el 30 de junio de 2003. Este escándalo se hizo público por septiembre, oportunidad en que aparece el decreto Nº 960 donde se dicta una emergencia, que no estaban facultados para hacerla”, detalló Uranga, agregando que “además llama poderosamente la atención el inicio de expedientes durante el mes de septiembre, para pagar trabajos hipotéticamente realizados durante el mes de junio, pero al ser un Programa de Emergencia Laboral, se abonaba de manera semanal”.
“En su momento esto se originó en una denuncia de algunos concejales que aportaron un material muy valioso, recolectado por medios de comunicación de ese momento donde había gente que decía directamente que recibían plata para trabajar en la campaña”, comentó el Fiscal.
Además destacó que “sería importante” la declaración de allegados al ex intendente, destacando que “las presentaciones en la Justicia pueden ser espontáneas” y que la “reticencia” a hacerlo “es una de las formas del falso testimonio”. Fuente: La Voz
