Edgardo Kueider y su pareja" class="global-image" decoding="async" fetchpriority="high" height="1080" loading="eager" src="https://www.infobae.com/resizer/v2/KYNQUF6OZ5DTTCAEFFGBEFJRYA.png?auth=62ab619b1779192e8c443cf37aeab985aacdb9cea5c0080646a271248e90574c&smart=true&width=350&height=197&quality=85" width="1920"/>El fiscal adjunto de Paraguay Manuel Doldán Bauer dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a la Argentina. La opinión del Ministerio Público Fiscal del vecino país será enviada ahora al magistrado que entiende en la causa, Rolando Duarte. El titular del juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción deberá decidir si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, el exsenador y su acompañante quedarán en condiciones de ser enviados a la Argentina.
La deportación fue solicitada por una de las juezas que investiga a Kueider. Se trata de Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro. La magistrada puso la lupa sobre el exsenador entrerriano luego de encontrar una referencia a él en una causa por pago de coimas y por la presentación que hizo un particular sobre la declaración jurada que Kueider realizó siendo senador.
El expediente principal se inició a raíz de una denuncia que presentó la empresa Securitas. Luego de una auditoría, la multinacional de seguridad privada detectó que varios de sus gerentes pagaron coimas para quedarse con contratos de empresas públicas. Una de ellas era Enersa, la distribuidora estatal de electricidad de Entre Ríos. Kueider actuó como representante del Poder Ejecutivo en asambleas de accionistas. Y fue mencionado como “Cuaider” en un mensaje encontrado en el celular de uno los implicados en “Securitas”.
El involucrado era Claudio Tortul, empresario de Paraná y vecino del exlegislador en la torre de lujo Live, ubicada en una de las zonas más caras de la capital entrerriana.
El Fiscal paraguayo consideró que el pedido de Arroyo Salgado era procedente. En su presentación, la jueza de San Isidro cumplimentó todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que la jueza realiza. Los tres anteriores fueron rechazados en el país vecino.
Ahora, Doldán Breuer consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en el Paraguay. Se trata del lavado de activos. Es el último de una cadena de acusaciones que le hace Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación.
La resolución fiscal paraguaya planteó que, en caso de que Roldán Duarte avale su criterio, antes de concretarse la extradición deberá cumplimentarse otro requisito: que Kueider y Guinsel rindan cuentas a la Justicia paraguaya por intentar ingresar con más de USD 200.000. Es que, en una causa paralela, ambos deberán ser sometidos a juicio por el hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva.
Esta causa fue elevada a juicio el pasado 31 de julio por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos.
En otro tramo del dictamen, el Fiscal planteó que debería advertirse a las autoridades argentinas que Kueider y Guinsel no podrán ser juzgados por delitos distintos a los que motivaron el pedido de extradición sin el previo consentimiento del Paraguay.
El exsenador y su pareja cumplen arresto domiciliario desde diciembre del año pasado en el marco del delito de contrabando. Primero estuvieron en un complejo de departamentos de lujo y luego se trasladaron a un dúplex en el Barrio San Vicente de Asunción. Allí los fueron a buscar personal de Interpol Paraguay a fines de julio. Los arrestaron debido a la causa por extradición a la Argentina. Ante Duarte, se negaron al proceso simplificado que hubiera implicado su inmediato traslado a nuestro país. Por eso se abrió un juicio de extradición. El magistrado les mantuvo la prisión domiciliaria. Pero les impuso el uso de tobilleras.
