El Parlamento Europeo autorizó este miércoles que los países de la Unión Europea pongan en marcha un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para 2026 y 2027, aunque sin la participación de Hungría, Eslovaquia y la República Checa. La iniciativa fue aprobada en la votación por 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, y constituye el paso previo para su concreción mediante un mecanismo de cooperación reforzada.
Este procedimiento, previsto en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, permite que al menos nueve Estados miembros avancen en iniciativas concretas cuando no hay consenso entre todos los socios. Se aplica en ámbitos donde la Unión no puede alcanzar los objetivos en un plazo razonable. La cooperación reforzada no amplía competencias más allá de lo establecido en los tratados europeos y está diseñada para superar bloqueos sin perjudicar a quienes optan por no participar.
La decisión de los tres países de Europa Central de quedar al margen del préstamo se formalizó en la cumbre del Consejo Europeo del 18 de diciembre. Según el acuerdo de los líderes, la movilización de recursos del presupuesto comunitario como garantía del crédito no afectará a las obligaciones financieras de Hungría, Eslovaquia y la República Checa. No obstante, las empresas de estos países podrán competir en las licitaciones financiadas con esos fondos.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sostuvo entonces que la exclusión evita que sus ciudadanos asuman la carga de este préstamo, que calificó de dinero perdido. Hungría y Eslovaquia, considerados entre los gobiernos más próximos a Moscú dentro de los Veintisiete, han rechazado cualquier tipo de ayuda militar a Ucrania. La postura de la República Checa es algo distinta: su primer ministro, Andrej Babis, indicó que Praga respalda las conclusiones de la cumbre y apoya a Ucrania, pero no está dispuesta a garantizar el préstamo.
El mecanismo financiero acordado en diciembre se financiará mediante la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario. Esta alternativa prevaleció tras constatar que no había consenso para financiar el préstamo con los activos rusos inmovilizados, una opción rechazada principalmente por Bélgica. Bruselas mantiene congelados cerca de 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia, pero las demandas belgas de garantías ilimitadas para compartir responsabilidades legales y financieras resultaron inaceptables para otros socios.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el 14 de enero el diseño concreto del préstamo. Propuso destinar dos tercios del total, es decir 60.000 millones de euros, al gasto militar, con prioridad para compras a la industria ucraniana y europea. Los 30.000 millones restantes cubrirán las necesidades presupuestarias de Kiev y asegurarán el funcionamiento de la administración pública.
El plan establece que Ucrania recibirá el préstamo sin intereses y solo deberá devolverlo una vez que Rusia pague reparaciones de guerra. La Unión Europea se reserva el derecho de utilizar los activos rusos inmovilizados para apoyar a Kiev si fuera necesario. Mientras tanto, la deuda se colocará en los mercados internacionales con el respaldo del presupuesto europeo. Bruselas estima que los intereses alcanzarán unos 3.000 millones de euros anuales, que deberán consignarse en el próximo marco financiero plurianual.
El dispositivo también plantea que las adquisiciones militares se realicen en la Unión Europea, Ucrania, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Solo cuando no sea posible satisfacer esas compras en esa región o no puedan realizarse con la rapidez requerida podrá recurrirse a proveedores de otros Estados.
El Parlamento Europeo aprobó además esta semana tramitar por procedimiento de urgencia las propuestas legislativas necesarias para poner en marcha el préstamo. La Comisión Europea aspira a que eurodiputados y Estados miembros las aprueben antes de finales de marzo, de modo que el primer desembolso pueda producirse en abril.
Como en anteriores programas de ayuda a Kiev, los pagos estarán condicionados al cumplimiento por parte de Ucrania de un programa de reformas destinado también a facilitar su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Esas reformas abarcan ámbitos como la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La decisión de la Eurocámara se produce en un momento en que la Unión Europea busca garantizar el apoyo financiero y militar a Ucrania en una coyuntura crítica. Según estimaciones de la propia Unión, Kiev necesitará 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años, con una crisis de liquidez prevista a partir de abril de 2026.
