Hablar del fentanilo provoca un gran temor en Argentina, un miedo que se fundamenta en muertes recientes relacionadas con este opioide. Un ejemplo de ello es el caso de las 54 posibles víctimas de un fentanilo que, contaminado con neumonía, provenía del laboratorio HLB Pharma. Otro evento alarmante ocurrió en febrero de 2022 en la Villa Puerta 8 de Tres de Febrero, donde 24 personas perdieron la vida tras consumir cocaína adulterada con carfentanilo, una variante aún más potente, utilizada para anestesiar hipopótamos y elefantes.
Sin embargo, este miedo también se basa en la ignorancia. A pesar de lo que sucede en Estados Unidos, donde el fentanilo ha desatado una de las peores crisis narco de su historia y ha transformado a adictos en auténticos “zombis” bajo la influencia de los cárteles mexicanos, en Argentina este opioide todavía no ha hecho su aparición. Al menos, por ahora.
En el país, donde un kilo de cocaína cuesta alrededor de tres mil dólares, el más barato del mundo, el consumo de drogas sigue siendo similar al de hace varias décadas. Con el precio de la cocaína en alza en otras partes del globo, introducir clandestinamente el fentanilo en el mercado local no parecería tener sentido desde una perspectiva comercial. El narcotráfico es uno de los negocios más racionales del crimen organizado.
Para que una droga sea rentable, primero se necesita una base de consumidores adictos, una cultura que la acepte. A nivel global, el fentanilo es considerado la “superdroga” del futuro: completamente sintético, altamente adictivo, barato de producir y fácil de distribuir. Solo falta comercializarlo.
“Por ahora, la gente en este país no tiene el hábito de inyectarse”, comenta aliviado un fiscal federal argentino.
Actualmente, en Argentina, el fentanilo es un producto que solo se produce en laboratorios farmacéuticos con un uso exclusivo hospitalario, bajo estricta regulación y mediante receta oficial. Este opioide es administrado solamente por anestesistas en contextos de coma farmacológico o para el tratamiento de dolores extremos y en casos de infarto. La regulación está avalada, por ejemplo, por la resolución 2622/1988 del antiguo Ministerio de Salud y Acción Social, que lo clasifica en la Lista I de la Ley de Estupefacientes, la 17818. En este contexto, la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, por ejemplo, recibió fentanilo durante la endoscopía que precedió a su muerte.
A pesar de ello, se han presentado casos de fentanilo en operaciones de allanamientos y redadas policiales. Existe una ruta ilegal, aunque su funcionamiento es más complejo de lo que parece. El fentanilo es un producto altamente controlado y autorizado en el país. Para poder establecer esta ruta clandestina, es esencial entender el circuito legal del opioide.
Hace dos semanas, Gendarmería Nacional detuvo a seis sospechosos acusados de acopiar y distribuir fentanilo. Las capturas se realizaron en el marco de 14 allanamientos en CABA, Jujuy y Misiones, bajo la tutela del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Posadas, con una investigación llevada a cabo por el fiscal coadyuvante Martín Uriona.
El origen de este caso se remonta al 14 de abril de 2023, cuando un micro que transitaba por la Ruta Provincial 12 transportaba una encomienda enviada desde Misiones a uno de los acusados en Buenos Aires. Gendarmería decidió inspeccionar la carga, y al escanearla, se hallaron 500 ampollas de fentanilo, tanto en líquido como en polvo, marcadas por tres laboratorios argentinos.
Además, la caja contenía una copia del DNI de uno de los acusados. El destinatario, un hombre de 44 años, estaba registrado en el sector de venta de productos farmacéuticos y era socio de un laboratorio porteño desde 2018, según consta en el Boletín Oficial. Por su parte, el joven de 24 años que figuraba en el DNI, parece haber sido solo una figura decorativa; oriundo de Posadas, se dedicaba, oficialmente, a labores de electricista.
La PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) descubrió que este electricista había enviado 14 encomiendas en total: al menos cuatro destinadas al empresario porteño y el resto a otros dos sospechosos en Córdoba y Salta. El laboratorio del empresario fue allanado en diciembre de 2024, al igual que una clínica salteña donde trabajaba uno de los destinatarios de estas encomiendas.
La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) informó a los investigadores que ninguno de los acusados tenía la autorización necesaria para comercializar las ampollas. Un análisis del celular del electricista reveló que el destinatario de 44 años no era el verdadero cabecilla del negocio. En su lugar, lo hacía para otro investigado: un hombre que poseía tres locales de venta de termos para mate, y que es considerado, supuestamente, un visitador médico.
Los lotes de fentanilo en la encomienda fueron identificados como provenientes de farmacias de dos hospitales misioneros: el Doctor Ramón Madariaga y el Nuestra Señora de Fátima, ambos en Posadas. La PROCUNAR solicitó que las fuerzas de seguridad intervinieran en ambos centros con orden judicial.
La pregunta que surge es: ¿qué se hacía con toda esa cantidad de fentanilo? ¿Realmente alguien lo inyectaba? Según la teoría de la PROCUNAR, la respuesta es negativa. Principalmente, el fentanilo clandestino en Argentina se roba y se revende para evadir controles sanitarios y así reducir costos.
Esta afirmación se respalda en un chat encontrado en el teléfono del electricista de Posadas, donde él mismo dice, fechado el 12 de septiembre de 2024: “Yo vendo en estética y clínicas de oftalmología”. Por supuesto, ofrecía precios más bajos. Este hombre, que habría estado comerciando el fentanilo desde 2021, dialogaba con un cliente interesado en comprarle 200 o 300 ampollas. En mayo de 2022, le ofreció cada ampolla a solo $1100.
La investigación menciona que por lo menos cinco laboratorios argentinos estaban involucrados en la venta de fentanilo a través de esta banda, destacando a HLB Pharma entre ellos.
En cuanto al fentanilo ilegal en el país, hay indicios de su circulación en micros y bolsillos de varios involucrados. En junio, Gendarmería detuvo a un veterinario de Sauce Viejo, Santa Fe, con 40 ampollas en su poder. El veterinario terminó bajo arresto domiciliario, asegurando que usaba la sustancia en animales, según un medio local.
En febrero, Nancy Anahí Villagra, una enfermera de Florencio Varela, fue arrestada por la Policía Bonaerense por falsificar recetas de fentanilo con talonarios de la Municipalidad de Quilmes, donde trabajaba.
En enero de 2024, se produjo un caso inusual cuando tres miembros de una banda de narcotraficantes fueron detenidos en la villa Fraga de Chacarita, encontrándoles siete ampollas de fentanilo, así como otras drogas comunes como marihuana y cocaína. Una mujer de 59 años, beneficiaria de un plan social, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por este caso. Se sospecha que la banda no comercializaba activamente la sustancia, sino que parecía consumirla ellos mismos.
En 2018, un enfermero llamado Rubén fue acusado de robar fentanilo del hospital Fernández, conocido como la “zona cero” de la toxicología en Argentina. Intentó acceder a una probation, pero le fue negada. El tribunal argumentó que, al ser un empleado público, era indebido que tuviera acceso al medicamento.
Carlos Damín, jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández y una figura destacada en su campo, indica que, aunque conoce bien los casos que llegan al centro médico, jamás ha observado adicciones al fentanilo en su hospital. “No tenemos casos de intoxicados por fentanilo ni de abstinencia”, afirma. La escasez de adictos a opiáceos es notable.
Sin embargo, existen registros de un posible adicto local: un técnico de computación con un pasado problemático, vinculado a grupos de extrema derecha y condenado por un homicidio en 2015, quien admitió inyectarse varias veces al día.
Federico Fahsbender/Infobae
