La jueza Susana Medina de Rizzo atraviesa quizá su peor momento, tanto en lo político como en lo personal, pese a sus intentos por proyectar lo contrario. Las respuestas oficiales sobre sus movimientos dentro del Poder Judicial dejaron al descubierto maniobras plagadas de falsedades y omisiones. No solo faltó al trabajo en gran parte de los días hábiles del calendario judicial; además, habría utilizado parte de la estructura del Estado para sostener un objetivo recurrente en los últimos años: actuar como una suerte de “embajadora itinerante” del Poder Judicial entrerriano, recorriendo el país y el exterior aun cuando no ocupa cargo de conducción —más allá del período en que fue presidenta (2022/2023).
La mayoría de sus viajes a Buenos Aires —a los que concurriría dos o tres veces por mes, con motivos personales o vinculados a su carrera político/judicial y sin actividad oficial atribuible al STJ— se realizan por vía terrestre. Para esos traslados suele emplear el vehículo oficial asignado al Poder Judicial, por lo que la provincia afronta los gastos de combustible y los viáticos y estadía del chofer, que la acompaña tanto en la ruta como en sus movimientos dentro de la Capital Federal. Durante años exigió que fuera siempre el mismo chofer, por motivos de “confianza”; ahora alternan conductores, pero el patrón se mantiene. Mientras tanto, millones de pesos se destinan anualmente a viajes, viáticos y combustible por motivos personales atribuibles a la jueza. “A ella siempre le gusta llegar con chofer a Casa Rosada, al Poder Judicial o a cualquier lugar donde va. Ama esa imagen del chofer que baja del auto y le abre la puerta, para ella bajar como una autoridad destacada”, relató uno de los choferes ya jubilados que la acompañó en múltiples viajes.
El mismo trato se extiende a los empleados de Mantenimiento e Intendencia: muchos de quienes fueron designados durante su presidencia realizan tareas en su casa quinta fuera de Paraná o en su domicilio de calle Santiago del Estero, donde, según denuncian, se coordina todo con su marido, el doctor Ricardo Rizzo, quien suele esperarlos tras el llamado de la vocal.
Un chofer del STJ percibiría 132.033 pesos por día cuando sale de la provincia, además del pago de combustible. Cada viaje a Buenos Aires de Medina de Rizzo costaría en nafta no menos de 300 mil pesos, sin contar viáticos. Por reglamento, el chofer debe permanecer a no más de diez cuadras del lugar donde se encuentre la vocal. En ocasiones en que Medina visitaba a su hija —médica forense de la Corte Suprema que vive en Puerto Madero— los hoteles encarecían los gastos de los choferes, que en algunos casos terminaron endeudados por esos conceptos.
En los últimos 15 años, Medina de Rizzo habría utilizado gran parte de la estructura del Poder Judicial para forjar un posicionamiento personal en organizaciones judiciales, sin reparar en el costo para el Estado ni en las contradicciones que sus movimientos generaban. En Buenos Aires y en el exterior se la presenta con un discurso progresista y de defensa de políticas de género; en Paraná, en cambio, su trayectoria es percibida de otra manera: como una jueza de perfil ultraconservador, vinculada a prácticas autoritarias, a sectores del Opus Dei, a la Iglesia, al poder militar y a empresarios de centroderecha.
“Junto a Elías Neuman aprendí a recorrer los pasillos de las cárceles de Devoto y Caseros, en un momento difícil del país, donde las desapariciones y el dolor estaban a flor de piel, en un momento que no funcionaban las instituciones”, declaró a la revista porteña Sophia en 2016. Se recibió a los 24 años, en 1980, en Buenos Aires, donde conoció al médico militar Ricardo Rizzo —que prestó servicio en el Hospital Militar de Paraná entre febrero de 1972 y diciembre de 1977 y luego en el Hospital Militar Central de la Capital Federal entre 1978 y diciembre de 1982—. Según el texto, Medina afirmaría haber ido a cárceles donde permanecían numerosos detenidos políticos durante la última dictadura, siendo hija de un suboficial del Ejército y esposa de un médico militar que trabajaba en un nosocomio público en esos años. Si bien el hospital no fue un centro clandestino de detención, sí atendió a personas trasladadas desde dichos centros; en ese contexto, se recuerda que Rizzo fue denunciado por un exsoldado en Paraná, aunque la causa no habría avanzado por presiones atribuidas a Medina de Rizzo. El médico nunca habría denunciado las atrocidades que se cometieron en el nosocomio castrense, una circunstancia que, según el relato, era conocida en distintos estamentos. Cuando se tramitaron causas por violaciones a los derechos humanos en Paraná, la jueza habría mostrado interés en que su marido no figurara en expedientes.
Pese a los numerosos reportajes que ofreció desde 1988 a la fecha como fiscal, jueza o vocal del STJ, Medina de Rizzo habría omitido referirse públicamente a ese supuesto “compromiso y solidaridad” con los presos políticos durante la dictadura hasta episodios puntuales: una audiencia en el Senado en agosto de 2004 y, recién en julio de 2016, una nota con un medio porteño, casi 36 años después de recibirse. Al asumir como jueza de Instrucción en 1991, habría designado como mano derecha a la exagente de inteligencia del Batallón 601 en Paraná, Mónica Zunilda Torres, y contó como asistente personal al escribano César Bretto, exoficial de la Policía de Entre Ríos vinculado a sectores de inteligencia de la Fuerza Aérea. En 2023, Medina impulsó que la biblioteca de la Escuela de Policía Salvador Maciá lleve el nombre de Bretto.
César Bretto, fallecido en 2019, se recibió en 1962 y renunció a la policía en 1966. Descrito como un hombre de la noche paranaense —con auto descapotable antiguo, un yate llamado Piripipí y cierta vinculación con la astronomía—, fue recordado por Medina como “un buen informante” en sectores de las Fuerzas Armadas tanto en la dictadura como en democracia. A pesar de las dudas sobre su trayectoria, la jueza insistió en homenajearlo y en reconocerlo públicamente ante la conducción policial, pese a que poco se sabía sobre sus virtudes más allá de su paso por la fuerza y como docente.
Contradicciones, usos y abusos
Con recursos públicos, Medina de Rizzo habría construido una amplia red de contactos políticos, diplomáticos y religiosos que la posicionaron como presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA) y como aspirante a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, su conducta judicial —con un patrón de ausencias prolongadas, demoras en resoluciones y una trayectoria familiar con episodios controvertidos— contrasta con su discurso público. Dos informes periodísticos de ANALISIS expusieron esos puntos.
El primero, que abarcó a todos los integrantes del STJ, señaló que entre 2016 y 2021 Medina acumuló 477 días de ausencia en su cargo. El calendario judicial contempla entre 218 y 220 días hábiles por año. La tendencia continuó: entre 2022 y 2025 registró 191 días hábiles adicionales; solo en 2025 sumó 32 días de ausencia hasta mediados de año. En total, entre 2016 y 2025 la vocal no habría estado presente en su despacho durante aproximadamente 668 días hábiles, equivalente a más de tres años judiciales completos. En el periodo 2016-2021 realizó 28 viajes al exterior —a México, Suiza, Italia, Países Bajos, Kenia, Pakistán, Vaticano, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Marruecos, Costa Rica y Sudáfrica, entre otros—.
La mayoría de esos viajes —y otros realizados en distintas provincias, en particular Buenos Aires— fueron registrados como “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de AMJA”. En todos los casos, Medina cobró su salario completo y, en algunas ocasiones, percibió viáticos del Poder Judicial entrerriano. Entre los ejemplos controvertidos figura un viaje al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, declarado en registros oficiales como “capacitación”.
Quien preside AMJA, sostienen las fuentes, debería tener una responsabilidad adicional y justificar con claridad sus ausencias; de lo contrario, se dificulta la prestación de Justicia a los entrerrianos, a costa del lucimiento personal de una jueza financiada con fondos provinciales. Otro problema recurrente es la morosidad de uno o dos años en resoluciones de expedientes en la Sala Laboral del STJ.
La estadística de ausencias la lidera el vocal Germán Carlomagno, aunque Medina figura en lugar destacado. Un caso señalado fue el de una cadete de la Escuela de Oficiales de Policía que sufrió violencia de género institucional y fue expulsada tras denunciarla; el Superior Tribunal, con el voto en contra de Medina, ordenó finalmente su reincorporación, pero el expediente dejó en evidencia demoras en el tratamiento de asuntos sensibles. El reglamento de licencias del STJ establece en su artículo 40 que las licencias por capacitación “no podrán exceder de 20 en total al año” y que solo se otorgan “siempre que se garantice la normal prestación del servicio”; exige además que en la solicitud se declare bajo juramento estar al día en el despacho de causas y en el dictado de resoluciones y sentencias. Según el informe, Medina nunca habría cumplido esa exigencia.
Además de ausencias y viajes, se denuncia un uso abusivo del personal del STJ para tareas privadas: empleados de Maestranza e Intendencia —muchos designados durante su presidencia— habrían sido enviados con frecuencia a realizar tareas en su domicilio particular o en su quinta. Durante su gestión, 64 personas fueron designadas como interinas, suplentes o temporarias, más 28 empleados para Maestranza; en 2023 firmó resoluciones para 99 designaciones interinas y 34 de Maestranza. “Usted vaya, golpea y lo estará esperando el doctor Ricardo Rizzo para darle las indicaciones”, decía la magistrada, según relatan fuentes.
Algunos empleados renunciaron pese a la estabilidad y buenos sueldos porque se vieron obligados a realizar tareas adicionales —no siempre vinculadas a mantenimiento— que les provocaron problemas personales y psicológicos. “Me fui porque me daba asco hacer lo que me exigían que hiciera”, confesó uno de ellos. Las obligaciones se percibían como mandatos venitados desde una posición de poder que impedía negarse sin temor a sanciones. Las quejas llegaron hasta algunos vocales del STJ, quienes pidieron a los empleados que no se hiciera público el reclamo para evitar represalias. Por el contrario, quienes accedieron a esos pedidos habrían recibido en ocasiones ascensos.
Las actividades privadas del doctor Rizzo también generaron conflictos: en 2017, Medina fue atacada por dos mujeres en su casa de calle Santiago del Estero —amenazada y golpeada— por un reclamo relacionado con deudas que, se dijo, el médico había asumido por “servicios prestados”. Con el tiempo se supo que Rizzo realizó pagos en la sede de OSECAC y en su domicilio, pero las exigencias continuaron. La persona que encabezó esos reclamos fue después detenida por el asesinato de un estilista paranaense en Santa Fe, crimen que incluyó 58 puñaladas. Relatos similares sobre amenazas y reclamos por deudas ocurrieron en el Club Atlético Paraná, donde Rizzo fue directivo y tuvo que alejarse en varias oportunidades para evitar enfrentamientos físicos.
Medina de Rizzo representa, según el texto, un caso paradigmático de construcción de poder judicial en Argentina: una magistrada que transitó de la derecha liberal a alianzas con el peronismo y luego hacia el libertarismo; que acumuló cientos de días de ausencia mientras presidía causas laborales con retrasos; que tejió una red internacional financiada por el Estado provincial y que aspira abiertamente a la Corte Suprema.
Mientras tanto, subraya el informe, persiste la retórica sobre compromiso, solidaridad y justicia para los pobres y las mujeres, al tiempo que se mantiene una vida de “reina”: viajes por el mundo, choferes y estancias financiadas en buena medida con recursos públicos, sin cumplimiento cabal de las responsabilidades en el STJ ni explicaciones claras sobre el uso de esos fondos. En definitiva, conviven una imagen pública y una vida privada difícil de conciliar con la función que ejerce.
La manipulación del régimen de subrogancias
Una de las manchas más graves que se le atribuye a la gestión de Medina como presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue la manipulación del sistema de subrogancias en expedientes de alta sensibilidad. El mecanismo de reemplazos —un listado ordenado que determina qué vocales de las Cámaras de Paraná subrogan cuando un miembro del STJ está recusado o se excusa— habría sido alterado en causas de interés para ciertos sectores.
Según la denuncia, en expedientes “sensibles” se omitía designar a los vocales de mayor independencia, saltándolos en el orden previsto, y en su lugar se escogían subrogantes más cercanos a la Presidencia del STJ o considerados más permeables a su influencia. En ocasiones, la maniobra se encubría con la actuación de alguna de las Secretarías del STJ, que retenía el expediente hasta que pasara el turno de los vocales independientes y así habilitar la designación de los preferidos.
Esa práctica compromete la imparcialidad y la garantía del “juez natural”, ya que se elegirían magistrados con una mirada afín a quien pretende el resultado. A pesar de que los integrantes del STJER conocieron estas irregularidades, no habría habido medidas que las frenaran. La manipulación habría operado, por ejemplo, en la causa “Goyeneche” —posteriormente anulada y criticada por la Corte Suprema— y en el trámite iniciado por la Asociación Judicial Entre Ríos contra descuentos salariales aplicados por la emergencia decretada por el gobierno de Gustavo Bordet.
El sistema quedó expuesto cuando la ONG Entre Ríos sin Corrupción presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que dio intervención al STJ en el Consejo de la Magistratura provincial. En ese expediente, la designación de vocales subrogantes requirió meses, y la sospecha de manipulación se multiplicó ante errores manifiestos. La ONG reclamó al STJER primero en el expediente y luego por acceso a la información pública el registro de designaciones de subrogancias; la presidenta Medina se negó a facilitar la documentación y la ONG debió recurrir a un amparo. En ese trámite se hicieron públicas las anotaciones del registro de subrogancias, en las que se advertiría la alteración del orden de designaciones. Pese al escándalo, la situación no habría tenido mayores consecuencias.
Por acuerdo del 6/6/23, tras las críticas, la Secretaría en lo Contencioso Administrativo fue virtualmente intervenida. Recién el 11 de septiembre de 2025, bajo otra presidencia del STJER, se inició un sumario administrativo contra la secretaria del STJER, Patricia Alasino. La pregunta que quedó flotando fue: ¿era ella la única responsable?
Ausencias sin justificar y gastos continuos
Los informes enviados a ANALISIS por el STJ —que en principio se negó por voto unánime a hacer pública la información al considerarla “no de trascendencia pública”— contienen numerosas licencias que podrían atribuirse a actividades como la presidencia de AMJA, pero que Medina no detalló. Esa ambigüedad, más que un descuido, aparece como deliberada.
El detalle del período 2016-2021 resulta sorprendente: la mayoría de los viajes de Medina se hicieron con choferes del STJ, generando viáticos y gastos de combustible por cifras millonarias. En numerosos casos ella argumentó invitaciones; sin embargo, solo una vez presentó la invitación correspondiente (1/10/2018), relacionada con una reunión con ONU Mujeres y un encuentro con representantes del BID, lo que sugiere que muchas de las demás invitaciones no existirían.
A continuación, el informe recopila una larga lista de licencias, viajes y justificativos de Medina entre 2016 y 2021 —con múltiples traslados a Buenos Aires, eventos internacionales, días sin motivo declarado y solicitudes de viáticos en situaciones cuestionables— que la nota detalla de forma pormenorizada. Entre los ejemplos consignados figuran: viajes a la Corte Suprema o a ministerios en los que no representaba al STJ, solicitudes de viáticos por actividades de AMJA que no deberían correr por cuenta del Poder Judicial provincial, ausencias sin justificación y el uso reiterado de la categoría “capacitación” para justificar estadías prolongadas.
El compendio incluye fechas concretas de ausencias y razones declaradas (cuando las hubo), y subraya que en muchas de esas oportunidades los viajes y viáticos no corresponderían al Poder Judicial de Entre Ríos, sino que deberían haber sido afrontados por las organizaciones o entidades que convocaban. También menciona la continuidad de estas prácticas durante la pandemia y hasta mediados de 2021, con múltiples ausencias registradas y viáticos pagados en circunstancias que el informe considera irregulares.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1166, en un informe de 5 páginas del día 27 de noviembre de 2025)
