El escándalo que culminó de manera abrupta la última sesión de la Cámara de Diputados este miércoles dejó en un segundo plano que, a pesar de las enormes diferencias internas, la oposición logró reunir una amplia mayoría a favor de dos emplazamientos contra el diputado libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Ambas votaciones superaron en 30 los 130 votos necesarios para alcanzar la mayoría. No se trató de la aprobación de dos proyectos de ley, sino de dos órdenes de “pronto despacho” para que la comisión liderada por Espert no pueda postergar más el tratamiento de las iniciativas presentadas por la oposición, que incluyen una nueva ley de financiamiento universitario y también cuestiones relacionadas con la situación del Hospital Garrahan, entre ellas, la declaración de una emergencia pediátrica a nivel nacional.
Estas dos votaciones reflejan las dificultades que enfrenta el arco opositor para desbloquear proyectos que el oficialismo busca obstaculizar. Ahora, Espert deberá convocar a su comisión el próximo 8 de julio para abordar, entre otros, los textos que el Gobierno le pidió frenar para evitar un nuevo veto en relación con la problemática universitaria.
Con respecto a las iniciativas educativas, la oposición obtuvo 161 votos, incluyendo respaldos de bloques que hasta ese momento habían sostenido las posturas del Gobierno. Sucedió lo mismo con los temas pediátricos, donde las voluntades alcanzaron los 164 votos, con apoyo de la UCR, algunos del PRO e incluso de “radicales con peluca”, agrupados en la Liga del Interior, además de otros sectores, como el bloque Innovación Federal. Este respaldo no solo fue un gesto en relación a temas sensibles en tiempos electorales, sino que constituye la primera manifestación del desacuerdo que acumulan las fuerzas aliadas del Gobierno.
Estos votos no solo fueron mal recibidos en la Casa Rosada, donde culpabilizaron al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, por no haber impedido la sesión. Además, generaron malestar entre radicales y fuerzas provinciales debido al fracaso de negociaciones electorales que los dejaron fuera del ámbito de la Libertad Avanza. Sin embargo, el trasfondo de esta nueva ofensiva que se avecina comenzó a gestarse en el Consejo Federal de Inversiones, donde los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño decidieron dar por concluida la etapa de negociaciones económicas con la Casa Rosada y, en particular, con el ministro coordinador Guillermo Francos.
Los comportamientos que sorprendieron en la Cámara Baja y desbarataron los cálculos del oficialismo están impulsados por esos mandatarios, de diversas orientaciones, que decidieron hacerle sentir el rigor al Gobierno. Los apoyos al emplazamiento fueron un anticipo de lo ocurrido este jueves en el Senado, donde el oficialismo se encontraba en la posición de seguir frenando otras dos derrotas para la Casa Rosada.
La Cámara de Diputados ya aprobó un nuevo aumento jubilatorio, la extensión de la moratoria previsional por dos años y una emergencia nacional en discapacidad. La vicepresidenta Victoria Villarruel postergó el tratamiento, pero este jueves no impidió que los miembros opositores de la comisión de Presupuesto se reunieran sin la presencia de su presidente, el libertario Ezequiel Atauche.
El resultado fue que el peronismo, la UCR e incluso el larretismo lograron unirse y elaborar dictámenes sobre esos textos para su tratamiento la próxima semana. Este revés es la segunda parte de un plan establecido por los gobernadores de diversas orientaciones políticas para llevar al recinto del Senado dos proyectos que reflejan el fin de una etapa de negociaciones: buscarán obligar por ley al Gobierno a distribuir los Aportes del Tesoro Nacional y la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos que no han sido destinados al mantenimiento de rutas nacionales.
Es la primera vez que todos los senadores actúan a solicitud de mandatarios de diversas orientaciones y que han elevado la vara respecto a la Nación, a un nivel que, al menos por ahora, solo podrá resolverse en el Senado, donde Villarruel habilitó un debate que también mantiene acuerdos silenciosos que tensionan aún más al Gobierno.
