En plena definición sobre el futuro de Vicentin, el Grupo Grassi —acreedor y, a la vez, una de las empresas interesadas en el salvataje de la cerealera— cerró un acuerdo comercial y financiero a largo plazo con la multinacional Bunge. Esa alianza se suma al esquema que la compañía ya había delineado con Cargill para operar en conjunto los activos de Vicentin si su propuesta resulta ganadora en el cramdown que la Justicia abrió tras el concurso de acreedores de 2020.
Fuentes vinculadas a la negociación confirmaron a LA NACION que el entendimiento incluye toda la operatoria de granos —soja, girasol y otros cultivos— y abarca tanto la molienda industrial en las plantas de Avellaneda, Ricardone y Renova como la comercialización y exportación de subproductos. Ante una consulta de este medio, desde Bunge señalaron que “no hay comentarios sobre el tema”.
No se trata de una venta ni de un contrato “a fasón”, modalidad con la que la cerealera venía operando en los últimos meses, sino de una explotación conjunta e integrada. Vicentin conservaría la propiedad de los activos, mientras que Bunge —al igual que Cargill— aportaría acceso a los mercados internacionales, financiamiento y logística. El objetivo, según las mismas fuentes, es darle solidez al proyecto sin desarmar la compañía ni reducir personal, aprovechando la capacidad industrial instalada y el respaldo operativo de dos de los principales actores del comercio mundial de granos.
En ese marco, la incorporación de Bunge forma parte de la estrategia que Grassi presentó en el proceso de salvataje, orientada a mantener la operatoria de las plantas industriales y su integración con el comercio exterior. El acuerdo con Cargill, dado a conocer en septiembre, fue el primer entendimiento de ese tipo, y la participación de Bunge se suma al mismo esquema de cooperación comercial e industrial.
La incorporación de Bunge forma parte de la estrategia presentada por Grassi en el marco del proceso de salvataje orientada a mantener la operatoria de las plantas industriales y su integración con el comercio exteriorMarcelo Manera – LA NACION
Según pudo saber LA NACION, ambas multinacionales acompañarían la propuesta de Grassi como acreedoras en el proceso de cramdown. Fuentes indicaron que las dos compañías se habrían puesto en contacto con distintos operadores del mercado para comunicar su decisión de apoyo.
El modelo prevé que los embarques de granos y subproductos se canalicen a través de los sistemas comerciales globales de ambas empresas. En la práctica, Vicentin pasaría a operar “como una in company” dentro del circuito de las grandes exportadoras, con capacidad para acceder a los mismos beneficios financieros que los líderes del mercado.
En el frente judicial, el cramdown —abierto tras el rechazo judicial a la homologación de un acuerdo de acreedores— exige que las ofertas obtengan la adhesión de, al menos, dos tercios del capital y de más de la mitad de los acreedores.
Hasta ahora hay dos propuestas principales en competencia: la de Grassi SA y la presentada por Molinos Agro SA junto a Louis Dreyfus Company (LDC), que plantea una reestructuración financiera con capital de trabajo inmediato para reactivar la operatoria y un esquema de pago mejorado para los acreedores.
Hay dos propuestas principales en competencia: la de Grassi SA y la presentada por Molinos Agro SA junto a Louis Dreyfus Company (LDC)Marcelo Manera – LA NACION
Esa última iniciativa recibió el respaldo formal de la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), una de las cooperativas agrícolas más importantes del país. En un comunicado, la entidad sostuvo que la propuesta conjunta de Molinos y LDC es “financieramente sólida y simple, respeta los derechos de cobro de los acreedores y busca ofrecer una salida ordenada, transparente y sostenible al proceso de reestructuración de Vicentin”.
Para la cooperativa, el proyecto “permite preservar la actividad y las fuentes laborales” en el norte santafesino, donde se concentran los principales activos de la compañía.
El cramdown es la última etapa del concurso de acreedores que Vicentin atraviesa desde 2020, cuando la empresa —entonces una de las mayores exportadoras de granos y subproductos del país— ingresó a esa instancia con un pasivo de más de US$ 1500 millones. La firma, con sede en Avellaneda (Santa Fe), mantiene deudas con alrededor de 1700 acreedores, entre productores, cooperativas, bancos y empresas internacionales.
