El recurso de queja que, en medio de gran polémica, el Superior Tribunal de Justicia concedió a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera comenzó a tramitarse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya votó uno de los ministros del máximo tribunal y quedan dos por expedirse. Será la instancia definitiva para decidir si la condena por hechos de corrupción dictada en 2022 —con penas de prisión efectiva— queda firme o vuelve a los tribunales entrerrianos.
En abril de 2022, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, condenó al exgobernador y entonces embajador Sergio Daniel Urribarri a ocho años de prisión, y a su cuñado Juan Pablo Aguilera y al exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez a seis años cada uno.
El fallo había sido confirmado en todas las instancias de la Justicia entrerriana. Se probó que los exfuncionarios direccionaron millonarias contrataciones de publicidad hacia la empresa de Aguilera, así como a las de Germán Buffa, Jorge Rodríguez y Gerardo Caruso.
“Como funcionarios públicos manejaron toda la tramitación entre ellos, para disponer de fondos públicos y usarlos a fines ajenos a la administración pública. Urribarri y Báez tenían conocimiento del carácter público de los dineros, de la ilicitud de la decisión que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales. Disponiendo así de los fondos para beneficios propios y de terceros”, había manifestado la Cámara de Casación Penal al ratificar la sentencia, en 2023.
En abril del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de las defensas y confirmó el fallo, con los votos a favor de Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher y el voto en disidencia de Germán Carlomagno.
Aún así, a los condenados les quedaban recursos pendientes. En ese periodo montaron una campaña mediática impulsada por Urribarri junto a su nuevo abogado, Fernando Burlando, y su socio Javier Baños, con acusaciones contra jueces, fiscales e incluso contra ANÁLISIS, el medio que investigó y denunció la corrupción vinculada al urribarrismo y otros hechos en Entre Ríos desde 1990. Finalmente, los letrados porteños se apartaron del caso.
Tras un extenso derrotero de presentaciones, recusaciones y planteos, en octubre (hace un año) Schumacher y Carlomagno habilitaron a los condenados a acudir ante la Corte Suprema, con el voto minoritario de Giorgio. Esa habilitación implicó que las condenas no quedaran firmes y que los acusados continuaran en libertad. El argumento central fue una supuesta incongruencia de criterios entre los dos vocales que habían confirmado la sentencia.
Lo particular fue que se habilitó la vía hacia el máximo tribunal para Báez pese a que él no la había solicitado, por un error de la defensa en la firma del escrito presentado.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal seguía un recurso reclamando la prisión preventiva de Urribarri, Báez y Aguilera. El 19 de noviembre la Cámara de Casación Penal de Paraná hizo lugar al pedido y los tres fueron enviados a la Unidad Penal 1 de Paraná, en un hecho sin precedentes. Se sucedieron una serie de recursos que incluso fueron tratados durante la feria judicial de enero, transformando el caso en la novela y el escándalo judicial del verano. Finalmente, un tribunal de feria dispuso la liberación del exgobernador y de su cuñado, quienes tienen prohibido salir de las ciudades de Concordia y Paraná, respectivamente. En febrero también excarcelaron a Báez, que regresó a su quinta de calle Jozami con prisión domiciliaria.
Cuando se suponía que el tratamiento del recurso en la Corte podría demorar años —con los condenados especulando llegar a los 70 para evitar la cárcel—, este martes el expediente tuvo su primer movimiento: salió de la vocalía 3, a cargo de Horacio Rosatti.
Las expectativas de que el trámite avance con gran rapidez son moderadas. Ahora deben expedirse los ministros Ricardo Lorenzetti (vocalía 1) y Carlos Rosenkrantz (vocalía 4). No obstante, no se prevé una demora de años como en otros casos, ya que el expediente fue puesto rápidamente a despacho.
Si la Corte rechaza el recurso de los condenados, deberían volver a la cárcel. En este tiempo, el mayor beneficiado fue Báez, que viene computando pena en su importante propiedad.
Los tres, además, enfrentan otras causas de mayor envergadura. Urribarri tiene la causa “Coimas”, que fue enviada a juicio, y otra por enriquecimiento ilícito —al igual que Báez—; Aguilera, por su parte, está imputado en la causa de los contratos truchos legislativos, que también está en discusión para ser elevada a juicio.
