El presidente Javier Milei cortará todos los proyectos que no provengan de las mismas fuentes libertarias en la Casa Rosada. Este aviso también se aplica a iniciativas que gozan de un alto consenso en la oposición, como la mayor distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, promovidas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, un hecho prácticamente sin precedentes en los años recientes.
“No hay dudas sobre el veto. Javier [Milei] vetará las leyes impulsadas por los gobernadores”, afirmó esta mañana una fuente confiable de la Casa Rosada en respuesta a consultas de Infobae. En las últimas horas, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger mencionó en una entrevista televisiva que, si dependiera de él, recomendaría al Presidente no vetar iniciativas como la de los ATN, ya que permitirían avanzar en la Ley de Coparticipación Federal mediante una ley simple en el Congreso.
Las declaraciones del ministro no pasaron desapercibidas. De hecho, Milei compartió algunas publicaciones en redes sociales que señalaban el “grave error” cometido por la oposición al promover proyectos similares a la Coparticipación Federal y debatirlos en el Congreso. Esto generó rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno pudiera avanzar en esta cuestión.
Desde el Gobierno se matiza esta situación. “Es un tema mucho más complicado de lo que se plantea. Necesitamos establecer una estrategia clara al respecto. En realidad, son cuestiones que queremos discutir más adelante”, aclaró un estratega oficial, quien agregó: “La intervención de Federico [Sturzenegger] fue una chicana a los gobernadores. Y no nos parece mal que lo haya hecho, pues coincidimos en la necesidad de modificar este régimen”.
Tanto el proyecto de los ATN como el referido al impuesto a los combustibles deberán ser tratados en la Cámara de Diputados. La presidencia del recinto, a cargo del libertario Martín Menem, cuenta con la orden explícita de la Casa Rosada de demorar al máximo el debate. No obstante, las provincias tienen la capacidad de reunir la cantidad de bancas necesarias para tratar ambas iniciativas sobre tablas si así lo desean.
Un informe elaborado por los equipos técnicos de los gobernadores estima que el costo fiscal de ambos proyectos suma el 0,11% del PIB, y aún con este costo se superaría la meta fijada por el FMI para el ejercicio fiscal de este año, siempre que Milei las avale, ya que estableció un superávit del 1,60% del PIB para 2025, por encima del 1,30% establecido por el Fondo Monetario.
Desde el Gobierno señalan que no permitirán que la oposición influya en los mecanismos con los que se alcance el déficit cero. “El superávit fiscal no se toca”, afirma una fuente autorizada de Balcarce 50.
Desde la Casa Rosada son contundentes al afirmar que la cuestión fiscal es uno de los pilares fundamentales que sostiene el programa económico diseñado por Javier Milei y los funcionarios económicos que responden al ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de señales políticas que deben comunicarse hacia el exterior, particularmente a los mercados financieros, para ofrecer certidumbre sobre cómo serán los próximos meses, que, debido al inicio de la campaña electoral, se prevén agitados.
La semana pasada, el Senado también aprobó el aumento de las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria y la emergencia en discapacidad; todos estos temas fueron mencionados por el mismo Milei, quien aseguró que los vetará tan pronto como le sea posible. Dado que el Senado enviará la sanción de los proyectos el miércoles, el Poder Ejecutivo Nacional tiene tiempo para vetarlas hasta el 30 de julio, ya que el plazo máximo antes de su promulgación es de diez días hábiles.
“Sería inmoral no vetar lo relacionado con los jubilados”, explican allegados al Presidente. Al solicitar justificaciones, aclaran que dentro de la planificación presupuestaria, el componente previsional es significativamente impactante en el superávit fiscal. “Nosotros observamos que hay una mayor proporción de niños pobres en comparación a jubilados pobres, por lo que actualmente preferimos priorizar mayores recursos para este primer segmento”, afirman.
Qué dicen los dos proyectos de los gobernadores
Semanas atrás, los gobernadores enviaron al Senado un proyecto de ley que busca modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles. Esta propuesta tiene como objetivo aumentar la capacidad de las provincias para recibir fondos discrecionales y fortalecer su autonomía financiera. Se busca reducir la discrecionalidad del Gobierno nacional en la asignación de los ATN y establecer criterios más transparentes y automáticos para su distribución.
El proyecto propone una modificación específica del artículo 19 de la ley 23.966, que regula la distribución de los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. En la actualidad, la recaudación se distribuye de la siguiente manera: 10,40% para el Tesoro Nacional, 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la Compensación Transporte Público. Solo el 10,40% restante se distribuye entre las provincias, constituyendo una porción menor de los más de 2.500 millones de pesos que la Nación recaudó por este gravamen.
La propuesta de los gobernadores busca que el monto destinado a las provincias aumente al 58,36%, mientras que el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación para el transporte público mantendrían sus porcentajes actuales. Para lograr esto, el segundo artículo del proyecto plantea la disolución de todos los fondos fiduciarios mencionados, de modo que el remanente se transfiera directamente a las 24 jurisdicciones.
Además, la iniciativa propone modificar el mecanismo de distribución de los ATN, que actualmente son asignados discrecionalmente por la Casa Rosada. La ley vigente establece que estos fondos deben atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales, y la distribución está a cargo del Ministerio del Interior (hoy, la vicejefatura de Gabinete). Los gobernadores sugieren mantener los porcentajes históricos para cada territorio, pero añaden un párrafo que contempla una compensación especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Tierra del Fuego.
El proyecto también introduce un cambio clave: de ser aprobado, el fondo de los ATN “se distribuirá de manera automática y diaria”, lo que reducirá significativamente la injerencia de la Casa Rosada en el proceso.
