De la redacción de INFORME DIGITAL
Un relevamiento del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a encender el debate sobre el peso de las tasas municipales en la actividad económica. De acuerdo con las conclusiones difundidas públicamente por la entidad, las empresas industriales pagan en promedio 7,4 tasas municipales, y más del 80% carece de contraprestación efectiva. En ese mapa nacional, Entre Ríos fue ubicada entre las provincias con mayor cantidad de tasas por locación, junto con Buenos Aires, La Pampa, Misiones y Jujuy.
Aunque el informe generó una fuerte repercusión en medios nacionales, la UIA no publicó de manera abierta el documento técnico completo. Solo se difundió un resumen institucional, sin el detalle de cuántos municipios entrerrianos fueron relevados ni cuáles son las tasas específicas que llevaron a la provincia a figurar en la franja más alta del ranking.
La falta de datos desagregados deja un vacío relevante: no se conoce públicamente qué intendencias aplican más tributos, cuáles son las bases imponibles ni qué servicios se retribuyen, si es que alguno existe. Esto dificulta evaluar el impacto real de las tasas en la estructura de costos de comercios, pymes e industrias entrerrianas.
A nivel nacional, el estudio alertó que las tasas municipales se expandieron en los últimos años, muchas veces con bases amplias y metodologías dispares. La UIA señala que esta multiplicidad genera una presión fiscal creciente y poco previsible que termina trasladándose al precio de bienes y servicios. Es un fenómeno que, según empresarios consultados por INFORME DIGITAL, también se replica en varios municipios de la provincia, aunque sin estadísticas oficiales que permitan realizar un diagnóstico preciso.
En paralelo, otro informe —en este caso del IERAL— demostró que las tasas municipales aplicadas sobre entidades financieras encarecen el costo del crédito en hasta un 20% según la ciudad. Si bien ese estudio no incluyó municipios de Entre Ríos, confirma una tendencia general: la presión local influye directamente sobre precios, financiamiento e inversión, aun cuando la estructura tributaria no esté completamente visible para el ciudadano común.
Entre Ríos enfrenta hoy un desafío adicional: sin acceso al relevamiento completo de la UIA, la provincia aparece marcada como “de alta carga”, pero sin información pública sobre los motivos concretos. Para especialistas en política fiscal consultados por este medio, esto expone un problema estructural: la falta de transparencia y medición comparada impide discutir seriamente la eficiencia de las tasas, su legalidad y su costo económico.
En un contexto de caída del consumo, recorte de gastos y búsqueda de competitividad regional, la discusión sobre la presión municipal vuelve a ser central. La UIA ya pidió un nuevo Consenso Fiscal que ordene el sistema tributario de los tres niveles del Estado. Para Entre Ríos, el primer paso sería otro: conocer con precisión qué se cobra, por qué se cobra y cuánto pesa en el desarrollo local.
