La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la resolución que desestimó el habeas corpus preventivo presentado por un grupo de abogados contra el decreto que establece reformas a la Ley Nacional de Inteligencia. Las juezas Beatriz Aranguren y Cintia Gómez ratificaron la resolución de primera instancia por considerar que “no se evidencia limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente”, como invocaron los presentantes.
Las magistradas también señalaron que la presentación de los abogados proponía “una impugnación de carácter general” contra el decreto que otorga facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado para la detención de personas sin orden judicial. Sin embargo, advirtieron que los letrados no especificaron “una limitación o amenaza actual o inminente a la libertad ambulatoria en concreto, todo lo cual denota que no se trata de un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del habeas corpus”.
Además, los abogados solicitaron la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto firmado por el presidente. El tribunal replicó que “la pretensión de declarar la inconstitucionalidad de una norma solo resulta admisible en cuanto resulta necesaria para resolver un caso en concreto de afectación de la libertad ambulatoria, supuesto que no se da en el caso de autos”.
La resolución se firmó antes de la medianoche, poco después de que el juez federal rechazara el habeas corpus. Los abogados habían apelado, y la Cámara Federal de Paraná intervino como corresponde según la ley.
Desde la publicación del decreto, hubo múltiples acciones legales pidiendo su inconstitucionalidad. Están en curso acciones de amparo presentadas por distintas organizaciones y partidos políticos. Los abogados que presentaron el habeas corpus planean llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otro lado, la oposición trabaja en el Congreso para intentar derogar el decreto, aunque aún no han definido estrategias concretas debido a un debate reglamentario sobre la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
