La informalidad laboral representa uno de los retos más significativos del mercado de trabajo argentino. Según el último informe de Argendata, un portal de datos sobre el país creado por la organización Fundar y gestionado por el analista Daniel Schteingart, el 36% de los asalariados trabaja en condiciones informales. Al sumar a los trabajadores independientes, esta cifra se eleva al 42%, implicando a casi 9 millones de personas en situación de empleo informal, dentro de un total de 21,1 millones de ocupados.
El informe destaca que la informalidad se refiere a aquellos que laboran sin contrato, excluyéndolos de derechos básicos como la seguridad social y el seguro de salud. En el caso de los asalariados, la informalidad se mide según si los empleadores realizan o no los aportes a la seguridad social. Para los independientes, se define por la existencia de sociedades registradas y/o la realización de aportes previsionales, como a través del monotributo o el régimen de autónomos.
En Argentina, 8,8 millones de personas se encuentran en situación de informalidad, según los datos de Argendata. De este total, 5,5 millones son asalariados y los 3,3 millones restantes son trabajadores no asalariados. Así, más del 60% de los informales son asalariados que no reciben aportes a la seguridad social de parte de sus empleadores. Un ejemplo típico es el de una empleada doméstica no registrada. Entre los trabajadores no asalariados, el caso emblemático es el de vendedores ambulantes, feriantes o albañiles que trabajan por cuenta propia sin realizar aportes a través del monotributo.
El 36% de los asalariados y el 57% de los independientes trabaja en la informalidad, aunque dentro de este último grupo se pueden identificar dos realidades diferentes: entre los cuentapropistas, el 62% es informal, mientras que entre los patrones (dueños de empresas, comúnmente pequeñas), la incidencia baja a menos del 20%.
El panorama económico muestra grandes disparidades en cuanto a la informalidad. El sector público registra cifras bajas —menos del 10%—, mientras que en el sector privado esta cifra se aproxima al 50%. Dentro del sector privado, las diferencias son notables: industrias como el petróleo, la minería y las finanzas exhiben una informalidad inferior al 15%, a diferencia del sector agropecuario, la gastronomía, el servicio doméstico y la construcción, donde la incidencia supera el 60%.
La distribución geográfica también evidencia profundas desigualdades. Nueve de las doce provincias con mayor informalidad asalariada pertenecen al Norte Grande. En provincias como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los asalariados trabaja en condiciones informales. Por el contrario, las provincias patagónicas —Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén—, junto con la Ciudad de Buenos Aires, presentan niveles por debajo del 30%, siendo que en algunos casos como Tierra del Fuego y Santa Cruz, la informalidad asalariada cae por debajo del 20%.
De acuerdo con los datos de Argendata, estos números se refieren únicamente a asalariados, ya que el Indec comenzó a recolectar y publicar información sobre la informalidad en el segmento no asalariado a finales de 2024. Hasta ese momento, la principal fuente de información, la Encuesta de Hogares con cobertura ampliada, solo contemplaba a los asalariados en su medición.
La diferencia regional se relaciona directamente con factores económicos, como el Producto Bruto Interno per cápita y la densidad empresarial, sumados a la estructura productiva y el poder adquisitivo de la población. Las provincias del Norte Grande presentan un bajo nivel de desarrollo, escasez de sociedades registradas y una fuerte concentración en actividades de alta informalidad, como el agro. Esto contribuye a la proliferación de prácticas informales tanto en el empleo como en el consumo. En contraste, la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires disfrutan de un mayor grado de formalización debido a la presencia de grandes empresas en sus economías y a una mayor especialización en servicios de calificación, en particular, los profesionales y financieros.
El informe de Argendata identificó una tendencia al aumento de la informalidad en el mercado laboral argentino durante las últimas cuatro décadas. En 2024, la informalidad asalariada alcanzó el 36%, 9 puntos por encima de lo registrado a mediados de los años 80. El análisis histórico del fenómeno permite diferenciar cuatro etapas. Entre 1986 y 2003, la informalidad subió del 26,9% al 49,4%. Este incremento coincidió con el proceso de desindustrialización que comenzó años atrás, implicando la destrucción progresiva del entramado productivo tradicional argentino. Durante la década de los 90, pese a que la economía crecía, la informalidad siguió en aumento, acompañada por la pérdida de eficacia de los organismos reguladores. Tanto el Ministerio de Trabajo como, posteriormente, la AFIP, vieron reducida su capacidad de fiscalización y promoción de la formalización.
La segunda etapa se inició tras la crisis de la Convertibilidad y el fuerte repunte económico que le siguió. Esta reactivación, junto a la reintroducción de convenios colectivos y el fortalecimiento institucional, permitió una reducción de la informalidad entre 2003 y 2011. En el periodo 2011-2015, la disminución continuó, aunque a un ritmo más lento y en buena parte gracias al aumento del empleo público.
El tercer ciclo comenzó en 2015, trayendo consigo un nuevo aumento de la informalidad asalariada, aunque de menor magnitud que en años anteriores. Entre 2015 y 2024, la informalidad creció del 32,6% al 36%. La única caída notable en una década se observó en 2020, como respuesta a las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia. Excluyendo ese episodio excepcional, el estancamiento económico desde 2011 explica el aumento reciente. El empleo formal privado se mantuvo sin expansión en ese periodo. Según un estudio del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, un 1% de crecimiento en el PIB podría generar alrededor de 50.000 puestos de trabajo formales. El empleo informal y no asalariado ha crecido frecuentemente incluso en ciclos recesivos, salvo durante la pandemia.
El informe también destacó que Argentina presenta actualmente una tasa de informalidad inferior al promedio regional, pero superior a la de varios de sus vecinos. La tasa de informalidad entre asalariados es del 36,2%, seis puntos por debajo del promedio de América Latina (42,6%). Sin embargo, la informalidad local es considerablemente más alta que en Uruguay (9,6%), Chile (14,8%) y Brasil (23,6%), aunque inferior a la de países como Bolivia, Perú, Paraguay, México y Guatemala. Uruguay y Chile, dos de los países más prósperos de la región, han logrado tasas de informalidad significativamente más reducidas. Los países centroamericanos, con menores ingresos per cápita, presentan tasas de informalidad mucho más elevadas que las de Argentina.
La presión tributaria sobre el trabajo es un factor relevante en el nivel de informalidad en Argentina, encareciendo la contratación formal. El sistema normativo genera costos asociados a aportes y contribuciones sociales que varían ampliamente entre los países de la región. En aquellos con normativas más flexibles y costos menores, la formalización avanza más rápidamente, aunque a expensas de una menor recaudación formal para financiar los sistemas de protección social.
La evolución de la informalidad durante la última década revela que, mientras en Argentina el porcentaje aumentó dos puntos desde 2011 (de un 34% a un 36%), la mayoría de los países de la región experimentaron reducciones notables o, en algunos casos, aumentos de menor magnitud. Únicamente en Brasil y Perú se registraron incrementos similares, pero menos pronunciados. El estancamiento argentino se explica por la desaceleración del crecimiento económico: en 2023, el PIB per cápita se encontraba un 8% por debajo del nivel registrado en 2011.
El estudio de Argendata enfatizó que la calidad y dirección del crecimiento —junto con la fortaleza de las instituciones laborales— son factores determinantes en los niveles de formalidad laboral. Los casos de Argentina en los años 90 y el de Perú en tiempos recientes demuestran que, si bien el crecimiento es necesario, por sí solo no es suficiente para reducir la informalidad.
