Todavía no hay definiciones concretas de por dónde pasará elajuste que el Gobierno debe realizar para cumplir con las pautas del acuerdocon el Fondo Monetario Internacional, pero una de las posibilidades son lastransferencias no automáticas a las provincias entre las que se cuentan losrecursos para las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas. Sinembargo, como son envíos establecidos por ley, nadie imagina que la Naciónrompa ese compromiso porque desencadenaría una serie de demandas judiciales.
Para este año, la Anses indicó a LA NACION que hay previstosanticipos por $12.000 millones (entre enero y junio giró $6000 millones),aunque nada indica que es el monto que se requerirá. En 2017, sólo la deCórdoba requirió $5000 millones. Hasta el 30 de este mes -cuando las provinciasdeben terminar la entrega de documentación a Anses- la Nación gira”adelantos”; la cifra final correspondiente a cada caso se definirácuando se termine el análisis y se firmarán acuerdos bilaterales. El año queviene, como base, se requerirá el 30% más que este.
Durante este año se realizan anticipos a cuenta delresultado del ejercicio actual, que serán descontados de la asistencia final atransferir una vez que las jurisdicciones remitan la información requerida y laAnses realice el cálculo de lo que le correspondería pagar. El organismo estimaque estará para inicios de 2019, una vez que las cajas de las jurisdiccioneshayan cerrado sus respectivos ejercicios.
El criterio que rige es que las transferencias cubrirán elrojo que el sistema tendría estando en manos de la Anses. Daniel Elías,presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y del Consejo Federal dePrevisión Social, explicó a la nacion que no hay “posibilidadjurídica” de que se altere el sistema de financiamiento a los sistemas notransferidos.
“La entrega de documentación ya se completó en un 70%promedio; hay algunas jurisdicciones que ya completaron todo. La Anses tieneasí las herramientas y los cálculos para la ejecución completa delacuerdo”, sostuvo.
Las cajas con déficit más alto, estimó, son las más antiguas(Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos) y que, además, tienen una edad de retirosimilar al de la Nación. Por otro lado están los sistemas más jóvenes que, enmuchos casos, tienen edades jubilatorias más bajas. Elías estima que tal vez laprovincia de Buenos Aires, por su volumen, no alcance a completar ladocumentación en el plazo previsto: “Nación debería buscar un esquema parano dejar de girarle los recursos”, dice.
Más allá del financiamiento de estas trece cajas, el sistemaprevisional en su conjunto atraviesa problemas de financiamiento. En laArgentina conviven 130 regímenes (el nacional, los provinciales, municipales yunas 80 cajas de profesionales). “Ese desorden y multiplicidad termina conla Nación cubriendo baches; tiene que haber una regulación general para evitarel riesgo moral”, apunta el economista Santiago Urbiztondo, de FIEL.
Los expertos coinciden en que la mayor expectativa de vidaeleva la vara y a eso se le suma el dato de que un tercio de la población nohace aportes. Urbiztondo entiende que hay un abuso generalizado de otorgamientode beneficios que “comprometen a generaciones venideras, por lo que serequiere de cada vez más subsidios y más exigencias para los que aportan”.
El economista Oscar Cetrángolo subraya que el sistema”no da para más”. Y dice que “en el futuro va a volar por elaire por el fuerte desfinanciamiento y por el reclamo de los jubilados”.En ese sentido, cuestiona la reducción del nivel de las contribucionespatronales: “No funcionó en ningún lugar del mundo para crear másempleo”, sentencia.
Debate global
La ley de Reparación Histórica dispone, entre sus puntos,que el año que viene debe haber un proyecto de ley que prevea un nuevo régimenprevisional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto.
Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina dePresupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), insiste en que hay quedar una discusión de fondo sobre “qué sistema queremos y estamosdispuestos” a tener, pero advierte que la coyuntura hoy “no es lamejor”. Según señala, “el debate se circunscribirá a la manera en queimpactará el ajuste; lo que pasó en diciembre es un ejemplo concreto de lo quepasa cuando las cuestiones estructurales se discuten por urgenciasfiscales”.
Flores subraya que uno de cada dos pesos del gasto nacionalva a financiar jubilaciones, pensiones y asignaciones (sin incluir la AUH),”prestaciones que, en general, son muy malas”. Y agrega que hayprovincias “fundidas con regímenes previsionales que serían la envidia deNoruega; en Santa Cruz, los empleados públicos perdieron 60% de poderadquisitivo porque sus salarios están congelados y hay jubilados con haberespor las nubes”.
“Que existan 130 regímenes previsionales contributivoses único en el mundo -describe Elías-. El orden no nos lleva a la gloria, perosí a empezar a caminar. La ley previsional argentina es la reina de lasreformas y en 15 años, si no reaccionamos, estaremos peor que ahora”. Elprevisionalista integra la comisión creada por el Ministerio de Trabajo de caraa la reforma que viene.
Cetrángolo plantea que las exigencias de”armonización” a las provincias comenzaron cuando la Nación teníatambién el sistema de capitalización. “Algunas transfirieron y otras no;con el kirchnerismo las transferencias se hicieron discrecionales, sin tener encuenta las reformas, y ahora el 15% de los recursos de la coparticipación queiba a la Anses no existe más, pero ya hay 11 cajas que son financiadas porNación. Es un tema complejo”.
Para Urbiztondo cada vez se requiere más ajuste “porquecada vez se necesitan más recursos fiscales para cubrir los baches que segeneran”. Pero puntualiza que no hay que mezclar el acuerdo con el FMI conel déficit previsional. “El problema lleva décadas y hay que resolverlo,porque se destinan 7 u 8 puntos del PBI para completar los aportes que noestán; es un barril sin fondo. No solo es una cuestión de viabilidad sino dejusticia: acá injusticia e ineficiencia van de la mano”.
Hay provincias que otorgan jubilaciones a los 45 años con 20de aportes, y en la mayoría de los regímenes policiales no hay edad para elretiro y quien lo hace goza de la prestación de previsión social. “EnEntre Ríos -aporta Elías- cuando un policía es exonerado, tiene derecho arecibir el haber”.
A su criterio, entre las prestaciones “distorsionadas”se cuentan las pensiones que en todos los regímenes son vitalicias. “Ya serompió la regla de la permanencia del núcleo familiar, pero en la previsión nocambió nada. Las pensiones representan entre 20% y 22% del total de lossistemas”.
“Nunca se dio la discusión estructural y ahora quedacondicionada a cuestiones más políticas, no solo en lo referido a las cajas notransferidas, sino a todo el sistema. En dos años el gasto en previsión aumentó10 puntos del PBI y por eso se modificó la movilidad, pero no hay una políticade mediano plazo para hacer el esquema sustentable”, define Flores.
