La justicia entrerriana afronta un año decisivo en materia de corrupción a partir de este lunes, con la reanudación de la actividad en Tribunales. Entre resoluciones de la Corte Suprema, remisiones a juicio oral y causas que se arrastran por más de una década, varios exfuncionarios y dirigentes políticos verán resuelta su suerte judicial en los próximos meses. Sobresalen los casos de Sergio Urribarri, José Ángel Allende, Pedro Báez y Domingo Daniel Rossi, entre otros. El 2026 se perfila como el año en que múltiples investigaciones alcanzarán su desenlace, después de años de trámites procesales.
Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de expedientes abiertos y enfrenta el año judicial más complejo de su vida. Su situación procesal avanza por tres vías simultáneas que podrían implicar su regreso a prisión. En octubre de 2025 comenzó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos concedió —de forma polémica— a Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, en torno a las condenas dictadas en el llamado Megajuicio, que imputó el desvío de fondos públicos para la campaña presidencial del exgobernador. Ya votó el ministro Horacio Rosatti; resta que se pronuncien Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Esa decisión de la Corte será la última palabra para definir si la condena por corrupción dictada en 2022 queda firme o vuelve a los tribunales entrerrianos.
En abril de 2022, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná —integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno— condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua. A su cuñado Juan Pablo Aguilera y al exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez les impusieron penas de seis años. El fallo fue confirmado en todas las instancias entrerrianas.
Se probó que los exfuncionarios direccionaron millonarias contrataciones de publicidad hacia la empresa de Aguilera, así como hacia las de Germán Buffa, Jorge Rodríguez y Gerardo Caruso. “Como funcionarios públicos manejaron toda la tramitación entre ellos, para disponer de fondos públicos y usarlos a fines ajenos a la administración pública. Urribarri y Báez tenían conocimiento del carácter público de los dineros, de la ilicitud de la decisión que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales”, afirmó la Cámara de Casación Penal al ratificar la sentencia en 2023.
No obstante, en octubre de 2024, con los votos de Gisela Schumacher y Germán Carlomagno, el STJ habilitó a los condenados a acudir ante la Corte Suprema, alegando una supuesta incongruencia entre los vocales Miguel Ángel Giorgio y Schumacher, que habían confirmado la sentencia. Esa decisión impidió que las condenas quedaran firmes y permitió que los acusados continuaran en libertad.
Lo llamativo es que se habilitó esa vía a Báez pese a que él no la había solicitado, por un error de su defensa en la firma del escrito. Si la Corte rechaza el recurso, los tres deberán volver a prisión. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025 permanecieron detenidos 50 días en la Unidad Penal 1 de Paraná hasta que un tribunal de feria ordenó su liberación. Urribarri no puede salir de Concordia; Aguilera, de Paraná; y Báez cumple prisión domiciliaria en su casa quinta de la calle Jozami.
Enriquecimiento ilícito: 7 millones de dólares sin justificar
En paralelo, Urribarri se encamina a un nuevo juicio oral por enriquecimiento ilícito que comenzará el mes próximo y que concentrará la atención mediática. El juez de Garantías Nº 4, Julián Vergara, fijó las audiencias de remisión a juicio para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo de 2026; y 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026, a partir de las 9 horas en el Salón de Audiencias Nº 1.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa en noviembre de 2023 con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. Para el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado como su testaferro, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Es decir que, si la Corte Suprema ordena la vuelta de Urribarri a prisión, deberá permanecer allí al menos hasta el 7 de octubre de 2028, cuando cumpla 70 años y podría regresar a prisión domiciliaria.
La acusación fiscal sostiene que, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 —periodo en que Urribarri fue gobernador y luego diputado provincial— su patrimonio creció de forma desproporcionada: 11.546.772,05 pesos argentinos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros, según el informe pericial contable de Romina V. Stepanic Pouey y Cristián Dumé.
Para ello, se valió de Diego Armando Cardona Herreros y de Rubén Ángel Martínez (quien en ocasiones actuaba como chofer en Buenos Aires y a cuyo nombre estaban algunos teléfonos del exgobernador) como personas interpuestas para disimular su patrimonio y gestionar sus fondos y bienes. Martínez, jubilado de 72 años, quedó excluido del juicio oral en mayo de 2024 tras acceder a un juicio abreviado en el que pagó multas y donó dinero al Hospital San Roque.
La imputación fiscal desglosa año por año operaciones sin justificar:
— Año 2008: compra de un inmueble en Puerto Madero, complejo Zencity (edificio Zafiro), por 433.950 dólares, pagado en cuotas con Diego Cardona firmando el contrato de fideicomiso. Compra de pasajes Buenos Aires/Atenas/Buenos Aires por 35.350 dólares. Resultado no justificado: 108.538,81 pesos y 469.300 dólares.
— Año 2009: pagos del departamento Zencity por 294.550 dólares. Compra de pasajes, consumos en hoteles y transporte. Un reloj Rolex facturado a nombre de Ana Lía Aguilera. Movimientos financieros por 268.575,34 pesos. Resultado no justificado: 499.138,53 pesos y 302.100 dólares.
— Año 2010: continuación de pagos del Zencity por 212.000 dólares. Paquetes turísticos a Atenas por 20.648 dólares, a París y Roma por 39.823 dólares, a Jerez por 19.022 dólares. Paquete para Franco Urribarri por 4.953 dólares. Movimientos financieros por 352.756 pesos y 67.210 dólares. Resultado no justificado: 550.935,44 pesos y 371.463,80 dólares.
— Año 2011: pago final del Zencity por 286.500 dólares. Paquete turístico a Cancún por 10.701,30 dólares. Viaje a Venecia y Cerdeña por 21.424 dólares. Compra de esculturas de cristal de Murano por 2.200 euros. Compra del Ford Focus dominio KPR222 por 117.000 pesos, registrado a nombre de Rubén Martínez con autorización de manejo para Mauro Urribarri y Ana Lía Aguilera. Pasajes a Londres por 8.146 dólares. Movimientos financieros por 217.573 pesos, 2.123.121 dólares y 14.100 euros. Resultado no justificado: 482.815,97 pesos, 2.461.639,80 dólares y 16.300 euros.
— Año 2012: paquete turístico a Natal por 21.637,30 dólares. Viaje a Miami por 15.468,10 dólares. Viaje a Miami y Nueva York por 43.941,50 dólares. Viaje a Nueva York por 21.900 dólares. Compra de vinos por 47.960 pesos. Donación de 5.500.000 pesos a sus cuatro hijos. Aporte de capital en Cerviño 3575 SA por 1.500.000 pesos. Movimientos financieros por 1.336.797,92 pesos y 3.413.223 dólares. Resultado no justificado: 1.643.119,64 pesos y 3.582.601,09 dólares.
— Año 2013: compra de camioneta Volkswagen Tiguan dominio NCV 674 por 371.320 pesos registrada a nombre de Diego Cardona. Reformas en inmueble de calle Lafinur 3302 (propiedad de Bruno Urribarri) por 1.301.931 pesos. Compra de sistema de audio por 40.000 pesos. Movimientos financieros por 1.896.654,61 pesos. Resultado no justificado: 3.696.691,59 pesos.
— Año 2014: reformas en inmueble Lafinur por 78.639 pesos. Paquete turístico a Nueva York por 26.597,89 dólares. Pasajes a Río de Janeiro por 4.772 dólares. Paquete a Río para Bruno Urribarri por 8.235 dólares. Seguros del Tiguan por 29.451 pesos. Movimientos financieros por 3.112.402,50 pesos y 1.500 dólares. Resultado no justificado: 3.636.726,51 pesos y 48.511,68 dólares.
— Año 2015: seguros del Tiguan por 22.620 pesos. Compra de Volkswagen Golf dominio PJL 951 por 391.588 pesos registrada a nombre de Diego Cardona con autorización de manejo para Mateo Urribarri. Movimientos financieros por 422.013,50 pesos. Resultado no justificado: 928.805,43 pesos y 9.824,65 dólares.
Urribarri negó sistemáticamente la existencia de la pericia contable, sosteniendo que se trata de un “informe” elaborado por un “empleado” de la Procuración —en referencia al contador Héctor Enrique—. “La pericia no está terminada y no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía”, aseguró, y calificó de “intencional y maliciosa” la actuación del Ministerio Público Fiscal, sugiriendo que los fiscales divulgaron información con motivaciones políticas “cuando se conoció el cronograma electoral”.
Además del enriquecimiento ilícito, Urribarri tiene ya remitida a juicio la denominada “Causa Coimas”, donde la Fiscalía pide 10 años de prisión. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir esa causa a juicio oral tras rechazar todas las nulidades planteadas por las defensas.
La acusación sostiene que Urribarri favoreció de manera ilícita a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por su amigo y presunto testaferro, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos mediante viajes lujosos que Cardona habría financiado para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos constituyen el núcleo de la imputación.
Pedro Báez, José Allende y las causas por enriquecimiento ilícito
El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, Pedro Báez, afronta una situación judicial compleja en dos frentes simultáneos. Por un lado, espera junto a Urribarri y Aguilera la definición de la Corte Suprema sobre la condena de 6 años y medio dictada en el megajuicio de 2022. Actualmente cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su casa quinta de la calle Jozami de Paraná, lo que le permite computar pena mientras aguarda la resolución judicial.
Por otro lado, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa, Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión a juicio con un pedido de 5 años de prisión para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía atribuye un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016.
Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal Nº1, donde cumplía prisión preventiva antes de ser trasladado a su domicilio. La investigación documenta adquisiciones y gastos que, según la fiscalía, no se justifican con los ingresos declarados como funcionario provincial. Destaca la inversión —con un socio— en un complejo termal en Concordia, estimada en más de un millón de dólares.
En tanto, el caso del exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, es uno de los procesos más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Tras 14 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende afronta finalmente la perspectiva de un juicio oral en 2026. Mientras tanto, continúa siendo uno de los dirigentes gremiales más cercanos al gobierno de Rogelio Frigerio.
Lo particular del caso Allende es que intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron rechazados por la justicia. En agosto de 2021, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía un enriquecimiento ilícito de más de 1.069.841 dólares, así como delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni.
El acuerdo proponía una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares), y una multa de 3 millones de pesos. Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo por considerar que no cumplía los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: “No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política”.
Tras el fracaso de los acuerdos, la causa siguió su curso. En marzo de 2025, Allende y su familia fueron citados a indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8, Pablo Zoff, procesó a Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados: Adriana Guadalupe Sattler (esposa y actual dirigente de la comisión directiva de UPCN) como partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa) como partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo) como partícipe necesario en ambos delitos; y Victoria Allende (hija) como partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles.
Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 —periodo en que fue diputado provincial— asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como el mantenimiento de caballos de carrera, viajes internacionales, varios vehículos de alta gama y participaciones en sociedades como Radio La Voz de Entre Ríos SA (con sede en Nogoyá), Haras El Machazo SA y Cardinal Grydim SA, constituida en Uruguay.
El juez sostuvo que Allende utilizó a familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que los justificaran. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas. Allende posee además departamentos en el mismo edificio de lujo de Paraná donde el exsenador Edgardo Kueider tiene propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez). Pese a su situación procesal, en los últimos tiempos continuó realizando inversiones inmobiliarias, aunque a nombre de terceros.
Uno de los hechos imputados involucra a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Sattler en relación con la “Fundación Esperanza”. Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente presidente y secretario de la fundación, y diputado provincial que avalaba y firmaba las solicitudes. Sattler suscribía los pedidos como presidenta, mientras Allende los avalaba como legislador; en dos casos, Allende pidió y rindió personalmente los subsidios, lo que configuraría un conflicto de intereses incompatible con la función pública.
Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, alegando que la pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende, que se descartaron ingresos legítimos por formalidades, que se omitieron financiamientos bancarios documentados y que el procesamiento incorporó bienes de otros coimputados sin análisis individual.
No obstante, el 20 de noviembre de 2025 el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y respondieron punto por punto los agravios de la defensa.
En paralelo, el 3 de diciembre de 2025 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no interrumpieron la prescripción. La víctima anunció que llevará el caso a la Corte Suprema.
Allende enfrenta hoy la causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral previsto para 2026, y una posible inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena. La defensa sostiene que se trata de una “utilización política” del caso y que Allende “ha enfrentado poderosos intereses corporativos”, sosteniendo que es “doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes”. El caso de Allende es paradójico: fue el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, y sin embargo la justicia rechazó el acuerdo. Tras 14 años de investigación, se encamina a un juicio oral en 2026, uno de los procesos más extensos en la historia judicial entrerriana.
La espera de Rossi
El actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), enfrenta dos causas penales graves que deberían resolverse en 2026, aunque una de ellas viene siendo dilatada reiteradamente por su abogado defensor, Carlos Guillermo Reggiardo.
Rossi arrastra además una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito —3 años de prisión condicional— tras comprobarse movimientos por varios millones de dólares en cuentas en Uruguay a nombre de su madre y su exesposa, y por donde habrían transitado más de 90 millones de dólares tras la privatización del frigorífico Santa Elena en 1990. Esa condena complica aún más la situación de un intendente en ejercicio.
Por segunda vez en 2025 se suspendió el juicio oral contra Rossi por presuntos sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras ejecutada en 2014. El problema es complejo: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso había sido fijado con un tribunal integrado por María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio, pero surgió un planteo de la defensa de Rossi, a cargo de Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a Castagno tras un entredicho en una audiencia en el que la magistrada lo denunció por amenazas.
La especialidad del abogado Reggiardo —suspendido por varios meses el año pasado por el Colegio de la Abogacía tras diversas denuncias— parece ser presentar recusaciones contra jueces y fiscales, postergando causas y generando inquietud en ámbitos judiciales. Lo hizo en el expediente de Rossi, con su mano derecha el dirigente “Pichi” Blázquez, y en procesos en los que él mismo está involucrado.
Reggiardo, además de su actividad profesional, se presenta como periodista y lo ejerce a través de páginas web —es uno de los dueños de los sitios La Caldera y Entrerios24, financiados por Rossi— y canales de YouTube, donde habla de sí mismo, denuncia supuestos hechos de corrupción y ataca a quienes cuestionan a Rossi o a él, sin referirse a otros personajes señalados por corrupción como Urribarri o el propio intendente de Santa Elena. Es funcionario municipal en asuntos legales y además tiene un contrato en el Senado provincial; hasta el año pasado también fue contratada su madre, Irma Liliana Werbrauck, por la senadora Patricia Díaz (esposa de Rossi).
En la causa contra Rossi se investiga el presunto pago de sobreprecios en la obra de pavimentación de 2014. Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi, sino su concuñado Silvio Moreyra (PJ), quien al año de asumir denunció, a través del abogado Guillermo Mulet, la sospecha de sobreprecios en la gestión anterior. El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión a juicio. Fiscalía sostuvo que durante la gestión de Rossi el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de 20 millones de pesos por la pavimentación de 20 cuadras, cuando el costo máximo de mercado era de 18 millones y el mínimo de 14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional “Más Cerca”.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba a Néstor Juan Szczech y al ingeniero Carlos Alberto Lescano, imputados como partícipes necesarios de peculado y falsificación de documentos públicos.
Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa: María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero Rubén Clivio Benítez falleció durante la investigación. A Rossi se le imputan los delitos de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en carácter de autor.
La segunda causa que involucra a Rossi, junto a su esposa la senadora provincial Patricia Díaz, investiga enriquecimiento ilícito. La Fiscalía detectó cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008. Esta pesquisa se suma a la condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito, cuando recibió 3 años de prisión condicional.
Un año decisivo para la justicia entrerriana
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos. Las condenas que se dicten en 2026 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, después de más de una década de presunta corrupción sistémica que habría implicado el desvío de millones de dólares del erario público.
La justicia deberá pronunciarse sobre casos que van desde enriquecimiento patrimonial inexplicable hasta direccionamiento de obra pública, pasando por esquemas de testaferros y negociaciones incompatibles con la función pública que, según las imputaciones, afectaron las arcas provinciales durante años. El 2026 será recordado como el momento en que muchas de estas investigaciones llegaron a su punto de no retorno.
