Sábado, 13 de septiembre de 2025   |   Nacionales

Kraisman admite existencia de contratos en la Legislatura para financiar el trabajo territorial

Perfil CÓRDOBA lo entrevistó en la cárcel de Bouwer. Está detenido hace ocho meses e imputado por tentativa de defraudación a la administración pública. Admite que “cometió un error”, dice que le “incumplieron acuerdos políticos”.
Kraisman admite existencia de contratos en la Legislatura para financiar el trabajo territorial

El jueves pasado, Perfil CÓRDOBA llevó a cabo una entrevista en el Complejo Penitenciario de Bouwer con Guillermo Kraisman, exfuncionario municipal y figura destacada del peronismo en la dinámica Seccional 12 de la ciudad de Córdoba, que abarca Villa El Libertador.

Está imputado por defraudación al Estado en grado de tentativa, junto a Luciana Castro, con quien asistió a la sucursal General Paz del Banco de Córdoba el 16 de enero pasado para retirar una tarjeta a nombre de Virginia Martínez, empleada contratada en la Legislatura. Era el primer sueldo. Intentaron cobrar $950.000, pero un incidente fortuito interrumpió el procedimiento: la cajera advirtió que la mujer no coincidía con la foto del DNI que presentaron, notificó a las autoridades del banco y ambos quedaron detenidos.

Virginia Martínez también enfrenta una imputación, pero por falso testimonio. Inicialmente, afirmó que no estaba involucrada, pero luego cambió drásticamente su declaración. La causa fue instruida y elevada a juicio por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino. Debido a objeciones de las defensas, el expediente se encuentra en el Juzgado de Control, a cargo de Gustavo Hidalgo.

A casi ocho meses de su aprehensión, Kraisman espera el cese de prisión. Es el único que permanece detenido. La posible pena oscila entre un año y cuatro meses a tres años de prisión. Él sostiene que, a estas alturas, ya ha cumplido esa pena con creces.

Kraisman y Castro
DETENIDO. Kraisman está imputado por defraudación al Estado en grado de tentativa, junto a Luciana Castro, con quien fue a la sucursal General Paz del Banco de Córdoba el 16 de enero pasado para retirar una tarjeta a nombre de Virginia Martínez.

La entrevista comenzó con su versión sobre lo acontecido el 16 de enero.

“No intentamos cobrar nada. Fuimos a retirar una tarjeta al banco. No lo hicimos antes porque el monto de la designación no coincidía con lo acordado, y la titular, en este caso Virginia Martínez, no quería ir por dos razones. Existen grabaciones telefónicas y mensajes en el chat que me envió ella y su madre. Además, no podía salir de su trabajo hasta las cuatro de la tarde. Por ello, fuimos con Castro y ahí radica mi error. Fuimos a recoger la tarjeta, no a cobrar; realizamos el trámite administrativo como corresponde. ‘Está ahí en el cajero –le dicen a Castro– ¿quieren ir a cobrar?’. Castro miró y respondió: Sí, pero no todo; dejen un monto para que impacte el alta de la tarjeta después de las seis de la tarde.”

–¿Virginia Martínez no trabajaba en la Legislatura?

–Ella fue dada de alta en diciembre, pero no asistió a la Legislatura. Debió haber ido dos veces a llevar documentación.

–Dijo que hubo un acuerdo y el monto no fue el convenido. ¿A qué se refiere?

–Hicimos un acuerdo en septiembre o octubre del año pasado por designaciones para desarrollar tareas territoriales. No se cumplieron.

–¿Eran tareas políticas en los barrios y la forma de pagarlo era a través de un contrato en la Legislatura?

–Sí. En este caso, era un contrato, una alta para funciones territoriales y administrativas. Yo no doy funciones, solo acompaño y sugiero nombres. Fueron dos contratos. Uno (Virginia Martínez) salió y el otro iba a salir en febrero.

–¿Con quién fue el acuerdo?

–Con Nadia Fernández y Miguel Siciliano.

–¿Hay muchos contratos en la Legislatura con esta modalidad?

–Hay muchos pases a comisión de determinadas áreas a la Legislatura, para llevar a cabo investigaciones sociales, territoriales, culturales y deportivas. No sé cuántos contratos existen porque no estoy en la Legislatura.

–¿La Legislatura es una bolsa, no de trabajo, sino de contratos para pagar punteros políticos?

–No creo que sea así. A raíz de esto, algún legislador travieso de mi territorio potenció las cosas para desvirtuarlas en los medios. No quiero dar nombres.

–¿Hay similitudes entre su caso y el de ‘Chocolate’ Rigau en la provincia de Buenos Aires?

–No tiene nada que ver. Nosotros fuimos a buscar una tarjeta para una persona que estaba designada. No manejamos tarjetas. Me pregunto por qué el fiscal tardó tanto en investigar si sabe perfectamente lo que sucedió. Fue una desprolijidad que reconozco. No debería haberme dejado seducir para hacer estas cosas. Estoy pagando las consecuencias.

Legislatura de Córdoba
LEGISLATURA. Para Kraisman, su caso expone un entramado de contratos políticos que ha funcionado durante años en el cuerpo legislativo. Asegura que su error fue “dejarse seducir”.

–¿Todos los bloques tienen este tipo de acuerdos con personas que les acercan trabajadores para el ámbito territorial, pero que cobran en la Legislatura?

–Cada bloque cuenta con su plantilla y su partida presupuestaria para designaciones. Todo depende de la modalidad interna de cada grupo.

–¿Cree que la causa judicial debió profundizar en otras cuestiones?

–Si yo hubiera sido un cuatro de copas, esto no habría sucedido. Ante la desprolijidad, quisieron tapar el sol con la mano. Salió a la luz que hubo un período de muchas designaciones, que fueron publicadas o no en el portal, lo desconozco. No soy funcionario. No sé cómo se maneja hoy administrativamente ni tengo la autoridad para decidir. Yo no designo, no firmo, no transfiero. Realizo un trabajo territorial, como lo hice con la madre de Virginia Martínez, imputada por falso testimonio. El día de los hechos, hablamos por teléfono para que viniese, porque en el banco me dijeron ‘que venga la titular y se soluciona el problema’. Existen grabaciones telefónicas. Mis hijos la fueron a buscar. El banco no me esperó, me llevaron a la (seccional) Octava y cuando ellos intentaron ir a la Central de Policía, no la dejaron declarar. Luego cambió su declaración. He conocido a Patricia Martínez (Patricia Defunchio, madre de Virginia Martínez) durante 30 años, porque vive debajo de mi complejo.

–¿Virginia Martínez trabaja en política, la conocen otros dirigentes del peronismo?

–Seguramente sí.

–¿Esta modalidad comenzó en esta gestión legislativa o proviene de gestiones anteriores?

–El problema no es que el legislador tenga contratos, sino para qué se utilizan. El dirigente político toma el pulso de la realidad. Transmitimos los problemas a quienes tienen responsabilidad funcional, ya sea un concejal o un legislador.

–¿El contrato de Virginia Martínez era una retribución para quién?

–El ingreso era para ella. Pero el monto no fue acordado. La madre realizaba tareas territoriales con nosotros. Impulsamos proyectos e ideas para mejorar la calidad de vida en el barrio donde residimos. La familia Martínez tiene un kiosco en el parque. El hijo está nombrado en el Hospital Misericordia. Patricia Defunchio no puede afirmar que esté inhibida psicológica y mentalmente. Esa enfermedad le llegó tarde… Pero bueno, ya está, son estrategias y la excluyeron de la causa. Vuelvo a reiterar: cometí un gravísimo error. Me dejé seducir por el sistema. Muchas veces, esa seducción lleva a hacer cosas buenas y malas. Si salen bien, el sistema te aplaude. Cuando salen mal, como en este caso, te eliminan del WhatsApp, se esconden en las oficinas, no comunican como deben hacerlo. El más perjudicado soy yo.

Guillermo Kraisman en Bouwer

“La Justicia no me escuchó: me va a condenar”

Kraisman asegura que ha sido abandonado por el sistema político y que la Justicia nunca lo escuchó. Asegura que no vive de la política. “Poseo mi actividad comercial, un complejo de estacionamiento y locales. Cuando salga, seguiré haciendo lo que siempre he hecho: trabajar con la gente”, expresó en la charla con Perfil Córdoba.

–¿Lo dejaron solo?

–No. Tengo a mis hijas. Se comunican conmigo mucho más de lo que se imagina. No hablan (públicamente) por temor. Los dirigentes territoriales me hacen llegar infinidad de mensajes y apoyo. He recibido un cúmulo de cartas por problemas, porque el Estado está ausente. Dirigentes y legisladores han querido venir a verme, pero no han podido. No he tenido privilegios ni deseo tenerlos.

–Usted mencionó que incumplieron acuerdos políticos Nadia Fernández y Miguel Siciliano.

–No. A Nadia no le cumplieron. Ellos acordaron conmigo y desde arriba no le cumplieron a ella.

–¿Qué hará cuando salga de la cárcel? ¿Volverá a la política?

–Tengo mi actividad comercial, un complejo de estacionamiento y locales. No vivo de la política. Cuando salga, continuaré haciendo lo que siempre hice: trabajar con la gente. Sé lo que es tener a un niño en un asentamiento, enfermo, con epidemias y pandemias. En los últimos años, en las obras que se llevaron a cabo en la zona sur, algo intervine para gestionarlas y acercar ideas. Durante estos ocho meses, muchas cosas se dejaron de hacer porque no estoy, nadie sabe qué hacer. Uno de estos dirigentes debió validar en los centros vecinales. Perdieron todo. Se ha evidenciado una ausencia y abandono. A mi hija menor, por llevar mi apellido, abrazando un proyecto y una militancia de vida, le quitaron la beca que tenía desde hace cinco años. Iba, cumplía tareas y era muy injusto. Eso me dolió.

–Estamos hablando de la Legislatura, pero podemos también hacer referencia a agencias o ministerios de gobierno, ¿también se usan esas instancias como cajas para financiar el trabajo político en los barrios? ¿Está de acuerdo con este sistema?

–Mientras esté blanqueado, sí. Pero, si decimos una cosa y hacemos otra… Hay que ser claros al respecto. Me doy cuenta ahora.

–Le planteo una pregunta delicada, es una inquietud que tengo. Además de usar recursos públicos para financiar el trabajo político, ¿los acuerdos pueden incluir el negocio de la droga, que genera mucho dinero?

–Nunca me drogué y siempre, cuando he tenido la oportunidad, me he apartado de personas con antecedentes en el consumo. Pero, negocio de la droga no, no, no.

–¿Qué espera de la Justicia?

–Que alguna vez me pregunte qué pasó. Nunca tuve la oportunidad de explicarlo. Solo una vez me abstuve de declarar, el día de la audiencia de la prisión preventiva. Nunca más me llamaron. Después de ocho meses, ¿qué me van a escuchar?, la Justicia me va a condenar. Ya está.

–¿Cree que algo cambiará a raíz de este caso?

–La cárcel me cambia el patrón de vida.

–¿Y en la política?

–Tiene que cambiar. Algunas cosas deben corregirse.

–¿Coincide conmigo en que estamos hablando de corrupción? No se pueden dibujar contratos. ¿Eso va a cambiar?

–Será un desafío cuando escriba mi libro sobre lo que sucedió, titulado: “Estamos todos rodeados”.

–A los periodistas y a los ciudadanos nos costó muchísimo que la Legislatura diera a conocer la lista del personal contratado.

–¡Eso no es nada! No soy yo quien deba decir ciertas cosas, ni tampoco ser un chivo expiatorio. Después de lo que me sucedió, jamás volveré a dejarme seducir. Soy parte de un sistema. Guardaré lo que debe ser guardado. No busco venganza. Podemos coincidir o no en cómo se llevó a cabo la investigación, cómo me trataron, me imputaron y trataron de ocultar lo que sucedió. Todo esto sabiendo lo que hubiera pasado si revelaba información. Pero ya está, cometí un error que me costó muy caro. Por ejemplo, las grabaciones que tuvo el fiscal con quien dio la orden en el momento en que me estaba yendo del banco. Eso fue una preocupación. Algunos tuvieron miedo y no podrán mirarme a los ojos cuando salga.

–Para claridad, ¿qué reconoce que debe cambiar: cumplir con los acuerdos políticos?

–La palabra. Cuando no se cumplen, suceden estas cosas, se libaniza. No lo digo por resentimiento, me ha pasado siempre. Me han cumplido y no. Todas las operaciones mediáticas perversas tienen que cambiar. Se aprovechan de quien está privado de libertad.

–¿Alguien de la política se acercó para negociar cuando se abrió el caso judicial?

–Pedí que nadie lo hiciera. Los que deciden son pocos. No lo hicieron. Muchos quisieron hablar conmigo. No quise hacerlo.

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