Mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral en sesiones extraordinarias, Unión por la Patria todavía no logró cerrar una posición común frente al proyecto que impulsa Javier Milei. Este martes 27 de enero, el bloque de diputados peronistas se reúne para alinear su postura sobre otro tema sensible, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero, según confirmaron a PERFIL desde el espacio, todavía no está previsto que se discuta formalmente qué hacer con la reforma laboral que el oficialismo buscará aprobar a partir de la semana próxima.
La indefinición expone una tensión interna que viene creciendo en paralelo al avance de un polo alternativo dentro del propio bloque. En ese escenario, la diputada Raquel “Kelly” Olmos presentó un amplio proyecto de modernización laboral que ya reúne adhesiones relevantes, pero que todavía no cuenta con un aval público de todos los sectores de Unión por la Patria, en especial de los que responden a Cristina Kirchner.
En diálogo con PERFIL, Olmos encuadró su iniciativa dentro de un proceso político todavía abierto. “Convergemos en contenido y en la afirmación de nuestra vocación de debatir desde una propuesta alternativa. Es una etapa deliberativa hasta que se construyan los despachos”, afirmó la exministra de Trabajo de Alberto Fernández. Sobre el respaldo interno que viene sumando su texto, agregó que respecto del contenido de la propuesta “hay plena coincidencia” y que recibe “adhesiones crecientes”.
La diputada detalló además el acompañamiento de un grupo numeroso de legisladores del bloque: “Agradezco el acompañamiento y la adhesión de mis compañeras y compañeros de bloque Eduardo Valdés, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Blanca Osuna, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, María Graciela Parola, Héctor Marcelo Mango, Gabriela Pedrali, Luis Eugenio Basterra y María Graciela de la Rosa a este proyecto de ley. Seguimos trabajando de manera colectiva por más derechos y una Argentina con justicia social”, sostuvo.
El proyecto de Olmos se presenta así como la primera propuesta integral de reforma laboral surgida desde el peronismo frente al plan del Gobierno, pero todavía sin traducirse en una estrategia política unificada del principal bloque opositor.
Qué propone el proyecto alternativo de Kelly Olmos
La iniciativa ingresada por la diputada peronista plantea una reconfiguración profunda del marco laboral argentino bajo la figura de un “régimen de modernización laboral” que abarca ocho grandes áreas. El texto propone desde la simplificación de la negociación colectiva hasta la reducción progresiva de la jornada laboral, un nuevo esquema de licencias parentales, un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales y un sistema de financiamiento bancario de indemnizaciones.
Uno de los ejes centrales es la negociación colectiva. El proyecto permite que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial, sin necesidad de un nuevo trámite de homologación estatal. Según sus autores, el objetivo es dotar de mayor dinamismo a las actualizaciones salariales o productivas consensuadas entre sindicatos y cámaras empresarias.
En materia de corresponsabilidad parental, la propuesta extiende la licencia de la persona gestante a 120 días y lleva a 30 días la licencia para el progenitor no gestante. Además, crea una Licencia Parental Compartida hasta el año de vida del niño, financiada por la seguridad social, y establece el derecho a modalidades de reincorporación flexible, como trabajo híbrido o jornada reducida.
Otro punto fuerte es la reducción progresiva de la jornada laboral, que descendería de 48 a 40 horas semanales en un plazo de seis años, con garantía de integridad salarial. La iniciativa delega en la negociación colectiva la definición de los mecanismos operativos de implementación sectorial.
El proyecto incluye también un sistema de financiamiento bancario de indemnizaciones, a través del Banco Nación, que permitiría a las pymes cancelar de inmediato los créditos laborales mientras devuelven el monto al banco en cuotas ajustadas por IPC, con una tasa de interés anual fija del 3%.
En el capítulo de fiscalización, el texto incorpora la alta administrativa automática del trabajador no registrado, con presunción de laboralidad e inversión de la carga de la prueba hacia el empleador. La inspección laboral quedaría habilitada a inscribir de oficio a trabajadores en negro y a determinar aportes y contribuciones omitidos si el empleador no logra desvirtuar la presunción.
A su vez, reconoce la participación sindical como instancia colaboradora en los procedimientos de inspección, con sanciones agravadas para los casos de obstrucción, y crea Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevención en establecimientos de 50 o más trabajadores, con integración paritaria entre empleadores y representantes sindicales. Estos comités tendrían incluso la facultad de paralizar tareas ante riesgos graves e inminentes, sin pérdida salarial para los trabajadores.
Otro capítulo completo está dedicado al trabajo en plataformas digitales. El régimen propone un sistema dual que presume relación de dependencia cuando se verifican indicios objetivos como control de tarifas, geolocalización, facultades disciplinarias o una carga horaria habitual superior a 20 horas semanales promedio. También establece transparencia algorítmica, derecho a la desconexión, cobertura de riesgos del trabajo, protección de datos y regula el multiapping, habilitando a trabajar simultáneamente para plataformas competidoras.
Finalmente, el proyecto impulsa una reducción progresiva de contribuciones patronales mediante un mínimo no imponible por empleador, con el objetivo declarado de fomentar el empleo asalariado formal, especialmente en micro y pequeñas empresas.
Falta el aval del cristinismo
Más allá del contenido, el trámite político del proyecto dejó expuestas las tensiones dentro de Unión por la Patria. Aunque Olmos reunió firmas de un grupo amplio de diputados, su iniciativa todavía no logró una señal pública de respaldo por parte del núcleo que responde a Cristina Kirchner ni de la conducción del bloque encabezada por Germán Martínez. Tampoco en el Senado, en el bloque que lidera José Mayans.
En sectores del peronismo admiten que todavía no hay una “línea clara” sobre cómo pararse frente a la reforma laboral del Gobierno. El malestar interno también se explica por la percepción de que el proyecto de Olmos avanzó sin una discusión previa dentro del bloque, lo que reavivó reproches por la falta de instancias formales de deliberación.
Ese clima retoma tensiones anteriores, cuando diputados de extracción provincial y sindical buscaron disputar la conducción política del bloque y cuando el peronismo se fragmentó en tres bancadas distintas en el Senado. En diciembre, incluso, una comisión interna del PJ había elevado a Cristina Kirchner un compendio de ideas de modernización laboral, con puntos de contacto con propuestas de legisladores como Vanesa Siley, Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
Desde el cristinismo, en paralelo, circula la posibilidad de llevar al recinto un dictamen propio cuando el proyecto oficialista llegue al Congreso, pese a que el jefe del bloque de senadores, Mayans, ordenó a su tropa no integrar la comisión que dictaminó la reforma laboral en la Cámara alta. Esa decisión fue leída como una maniobra para dejar abierta la puerta a una eventual impugnación judicial por la integración de las comisiones.
El cronograma del Gobierno
Mientras tanto, el oficialismo ya trazó un itinerario tentativo para el tratamiento del proyecto: una posible sesión el 11 de febrero en el Senado y, si consigue media sanción, un debate en Diputados dos semanas después.
El contraste es marcado con la situación interna de Unión por la Patria. Este martes, el bloque se reúne para discutir el acuerdo Mercosur–Unión Europea, pero todavía no tiene previsto abordar la reforma laboral que impulsa Milei. En ese vacío político, el proyecto de Kelly Olmos aparece como la propuesta más acabada dentro del peronismo, pero todavía sin traducirse en una posición común frente a una de las iniciativas centrales del programa económico y laboral del Gobierno.
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