El efecto Streisand, llamado así por la célebre cantante estadounidense Bárbara Streisand, se remonta a 2003, un año en el que aún no existían los teléfonos inteligentes, como el iPhone que se lanzó en 2007, y las redes sociales no tenían la difusión actual, aunque Internet comenzaba a expandir su alcance.
El proyecto California Coastal Records Project buscaba concienciar a las autoridades sobre la erosión que sufría la costa del Pacífico, documentando la situación con diversas fotografías que fueron subidas al sitio web pictopia.com. En la imagen número 3.580 estaba la casa que Bárbara Streisand posee en la costa de Malibú, en las afueras de Los Ángeles.
La cantante consideró que la fotografía aérea de su residencia violaba su derecho a la intimidad y demandó a los responsables para que cesaran su difusión y le indemnizaran con 50 millones de dólares.
Finalmente, Bárbara Streisand perdió el juicio y tuvo que cubrir las costas y honorarios de la parte contraria, que ascendieron a 177 mil dólares. Lo interesante del caso, que llevó a los profesores Curry Jansen y Brian Martin de la Universidad de Wollongong en Australia a acuñar el término “efecto Streisand”, es que la fotografía había sido vista por solo cuatro personas antes de que la artista intentara censurarla. Sin embargo, tras su demanda, alcanzó las 420.000 descargas; hoy esa cifra sería de 42 millones, pues al enterarse del caso, muchos quisieron ver qué contenía esa imagen controvertida.
Un siglo antes, Freud ya explicaba cómo lo prohibido genera un deseo aún mayor y el eterno retorno de lo reprimido. “¿Qué será eso que me prohiben conocer?”, comentaban los vecinos al diario local San José Mercury News, reflejando un aumento en su interés por lo censurado.
Existen decenas de casos similares; por ejemplo, William Randolph Hearst intentó prohibir cualquier difusión de la película “El ciudadano Kane”, que retrataba al magnate de los medios. Otra película, “La vida de Brian”, se promovía con el eslogan “esta película fue prohibida en Noruega” y se convirtió en un éxito de taquilla, siendo la primera de Monty Python en recibir clasificación R. Imágenes, como las caricaturas de Mahoma o el gobierno de Tailandia censurando fotos desfavorables al rey Bhumibol Adulyadej, lograron efectos opuestos a los que buscaban. La lista es interminable, incluyendo el caso argentino del programa de Tato Bores, que satirizaba a la jueza Servini de Cubría como la jueza Barú Budú Budía. Hoy en día, la magistrada ya no utiliza su apellido de casada.
Esto ocurre también con el amparo presentado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien logró que el juez Patricio Marianello aceptara su pedido de censura previa. Esto solo ha incrementado la visibilidad y el interés, generando la suposición de que si hay audios que podrían perjudicar, es porque esconden algún delito.
Además, entre los argumentos de Karina Milei sobre su derecho a la intimidad está el clásico tema del posible daño a “la familia”, que luego especifica “puntualmente a mi hermano”, refiriéndose nada menos que al Presidente de la Nación.
¿Quién se atreve a proteger al Presidente o a su hermano iniciando un amparo de este tipo? ¿Y qué favor le hace el juez Marianello al dar curso a esta solicitud? Claramente, no a sí mismo en sus aspiraciones de ser ascendido a camarista, ya que ha quedado desprestigiado ante todos los constitucionalistas, área en la que afirma especializarse. Menos aún a la solicitante y al Gobierno, que podrían haber contribuido a mitigar las acusaciones previas que pesaban sobre él en el Consejo de la Magistratura.
Estas reflexiones formaron parte de la conferencia titulada “Libertad de expresión y democracia”, que se llevó a cabo ayer en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí expusieron los profesores de Derecho Constitucional de esa institución: Laura Clérico, Adelina Loianno y Pablo Manili, junto al presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, y quien suscribe. Los interesados en escuchar los argumentos sumamente críticos de los juristas sobre el amparo, resumidos en dos palabras de Gil Lavedra: “impracticable” e “imbecilidad”, pueden hacerlo en este link.
Ricardo Gil Lavedra, junto a los constitucionalistas Roberto Gargarella, Sebastián Guidi y Hernán Gullco, patrocinaron la apelación contra el amparo de Karina Milei que presenté este miércoles, alegando legitimación para hacerlo ya que recibí como medio de comunicación el Oficio judicial “Milei, Karina Elizabeth sobre medidas cautelares”. A continuación, anexamos tanto ese oficio como la apelación:
No solo a Karina Milei, a quienes la han asesorado y al juez Marianello les cabe el ejemplo del “efecto Streisand”, sino también al propio Presidente, a la ministra de Seguridad y al vocero Adorni. Todos ellos, ante los audios de Spagnuollo, donde se denuncia el cobro de coimas con insumos médicos para la Dirección de Discapacidad, aumentaron su visibilidad al afirmar que detrás de la filtración de esos audios había espías rusos y venezolanos, así como desestabilizadores locales del Gobierno provenientes de diversos campos políticos y económicos.
Esto demuestra la falta de habilidad de la administración en el manejo de una crisis que, aunque bajo diferentes circunstancias y magnitudes, todos los gobiernos deben afrontar en algún momento de su mandato.
Además, es otro ejemplo de las mismas acusaciones que se utilizan para justificar el aumento del precio del dólar, las tasas de interés y cualquier turbulencia macroeconómica, donde, en vez de explicar las causas que están bajo el control del Gobierno y las soluciones que se implementarán, se adoptan posturas victimistas que resultan al mismo tiempo inverosímiles y débiles.
No podría haber peor momento para que el Gobierno enfrente su primer gran test electoral de resonancia nacional que este domingo en la provincia de Buenos Aires, que representa 4 de cada 10 habitantes del país.
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Continúa mañana: Economía o corrupción
