Comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, el juicio oral y público al ex intendente justicialista de Bovril en la gestión 1999-2003 y la totalidad de los integrantes del Consejo Consultivo de esa localidad del Departamento La Paz, quienes fueron denunciados por el fiscal Federal Guillermo Marijuán a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. El funcionario judicial entendió que en la distribución de los 900 planes sociales en esa ciudad entrerriana se produjeron innumerables irregularidades. Por esta situación, el entonces juez Federal de Paraná, Aníbal Ríos, los procesó por el delito de Peculado de servicios y Exacciones ilegales.Ante los vocales Roberto López Arango, Lilian Carnero y Marina Barbagelata, se presentaron Miguel Jacob y los integrantes del Consejo Consultivo Edicto Cabrera; Carmen Retamar; Oscar Schonfels; Ramón Lell (Actual secretario de Gobierno del intendente Carlos Daud) y Celestina Schider.A los mismos se les hizo saber que se los procesó por Peculado (Malversación) de Servicios prestados por beneficiarios del programa nacional jefes y jefas de hogar, en favor de terceros vecinos de Bovril en concurso ideal con el delito de Exacciones ilegales, toda vez que desde la fecha de creación del programa, el 3 de abril de 2002 hasta agosto del 2003, diferentes personas pagaban un canon mensual al Consejo Consultivo por recibir el trabajo efectuado por los beneficiarios de planes sociales.Los informes dejaron en claro estas observaciones, que determinaron la presentación judicial en el juzgado Federal en el año 2003.Se señaló en la requisitoria de elevación a juicio que de los 900 planes sociales entregados a Bovril, cerca de 200 no tuvieron el destino convencional que es el de cumplir tareas en organismos públicos, sino que fueron derivados a empresas y hasta a casas de familias para cumplir con el servicio doméstico.Todas estas situaciones polémicas llevaron a que Marijuán considerara que se le había cambiado el destino de los planes, pero además por el testimonio de algunas personas, se deberá establecer por qué el Consejo Consultivo autorizó el cobro de entre 50 y 100 pesos a casa empleador para crear una especie de fondo económico, el cual supuestamente tenía como destino comprar mercadería y medicamentos para los pobres.Ayer declararon los procesados -a excepción de Jacob y Retamar-, y en su descargo todos justificaron el accionar partiendo de la tremenda crisis que vivía el país y la provincia en el año 2002. Aseguraron que toda la actividad desarrollada por el Consejo Consultivo se ejecutó dentro de la legalidad y la buena fe, donde en ningún momento se le exigió el pago de sueldo a nadie, sino que la persona que recibía el plan debía realizar una pequeña donación de 52 pesos en caso de que el plan correspondiese a un hombre de 32 pesos si era mujer.Se notificó que algunos planes fueron a parar a carpinterías, empresas de las zona, pero lo más insólito es que algunas mujeres debieron prestar tareas como empleadas domésticas en viviendas de algunas personas de la ciudad.En este sentido, los abogados defensores Marcos Rodríguez Allende, Nancy Vinagre y Leandro Dato, tratarán de señalar que si bien puede existir algún planteo de reproche ético, no existió en el desarrollo de la entrega de los beneficios acciones dolosas o de mala intención. Los acusados aseguraron a los vocales que su tarea “se ejecutó ante grandes presiones políticas y sociales, pero además fueron felicitados por el entonces ministro de Salud y Acción Social de la gestión de Sergio Montiel. Se alertó que Rubén Villaverde, entre otros funcionarios provinciales y nacionales elogiaron la contención social en Bovril donde hubo saqueos de supermercados y enfrentamiento entre los vecinos. (Fuente: Uno)
