“El fallo evidencia un ensañamiento por parte del sindicato contra Lácteos Vidal, dado que no han logrado doblegar nuestra resistencia. El embargo de 167 millones de pesos es funcional a la mafia sindical”. A pesar de la resolución del juez Ignacio Ramonet, que amenaza la continuidad de su pyme, Alejandra Bada Vázquez afirmó a Infobae que no se rendirá y que continuará luchando contra la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), encabezada por Héctor Ponce, quien bloqueó su empresa en 2022, y ahora contra este fallo que “promueve la desinversión y representa un mal ejemplo para el desarrollo económico del país”.
Bada Vázquez criticó la decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, que estableció un embargo preventivo sobre los fondos de Lácteos Vidal por un total de $168 millones.
El juez Ramonet tomó esta medida debido a que Bada Vázquez no pagó las astreintes (multas) impuestas por no reincorporar a trabajadores despedidos tras el bloqueo sufrido hace tres años. Sin embargo, la empresaria tildó de “arbitrario” el fallo y agregó que “el cálculo es erróneo”, ya que se consideró el monto exigido por ATILRA, de $50.000 diarios, que fue apelado por Lácteos Vidal y que el juez consideró válido, cuando debería haber sido de $10.000 diarios, lo que llevaría el embargo a $40 millones.
Bada Vázquez subrayó: “Un momento como este me genera un perjuicio severo y irreversible porque necesito que la cuenta corriente esté habilitada con los fondos para pagar a los proveedores, los impuestos y, además, ahora se aproximan los aguinaldos y los sueldos. Vamos a impugnar esa resolución, pero el juez puede ordenar en cualquier momento al banco que ejecute el embargo”.
Este es otro capítulo que agrava el conflicto de esta pyme en la provincia de Buenos Aires, que en 2022 fue bloqueada por ATILRA durante casi dos meses por negarse a recategorizar a algunos empleados.
La protesta extorsiva en la planta de Moctezuma, partido de Carlos Casares, resultó en el despido de 26 trabajadores y la solicitud de desafuero de tres delegados. En noviembre pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó que se reincorporaran a 8 empleados despedidos por bloquear la planta y estableció el pago de astreintes (una multa) de $10.000 diarios por cada trabajador no reincorporado.
En este contexto, Bada Vázquez describió “esta novela de terror”, como definió la situación actual, destacando que el embargo de $186 millones pondría a la empresa en serios problemas para funcionar y abonar sueldos y aguinaldos. Crítica al juez Ramonet, quien en una audiencia de conciliación había sugerido que ella pagara el 50% de las indemnizaciones a los despedidos, para luego dictar el embargo un día antes de una nueva audiencia, eliminando toda posibilidad de negociación: “si me embarga la cuenta y va a repartir 16 millones a cada uno, ¿quién va a querer negociar?”.
Este jueves por la mañana se llevó a cabo una audiencia con el fin de alcanzar un acuerdo, pero, según la empresaria, el juez no se presentó, designando a la secretaria del juzgado como su reemplazo. Ni los trabajadores estuvieron presentes, solo el abogado de ATILRA, quien rechazó la propuesta de indemnización presentada por Lácteos Vidal.
Bada Vázquez comentó que los 8 de los 26 despedidos que no aceptaron la desvinculación con la empresa exigen ser indemnizados, y han impulsado una cautelar solicitando su reincorporación. “Argumentamos que la cautelar debería ser declarada abstracta, ya que no puedes demandar al mismo tiempo el pago de la indemnización y la reincorporación. El juez la declaró abstracta, pero afirmó que corresponde aplicar la multa a la empresa hasta el día en que solicitaron la indemnización.”
Por ello, la dueña de la pyme reiteró que todo responde a un ensañamiento por parte del sindicato contra Lácteos Vidal, ya que no han podido doblegar su espíritu, y expresó que “este fallo que establece el embargo de 167 millones de pesos es funcional a la mafia sindical”.
“¿Los argentinos vamos a dejarnos someter por la mafia sindical con complicidad de algunos jueces? ¿O vamos a defender a las pymes y a la industria nacional?”, se cuestionó Bada Vázquez.
Desde ATILRA, afirmaron que “este es el primer embargo que la firma láctea experimenta al no pagar las astreintes por negarse a reincorporar a los trabajadores despedidos injustamente” y advirtieron que “se prevén otros embargos por cifras superiores, sin considerar las diversas causas aún pendientes de resolución.”
“El juez no pudo hacer cumplir en su momento la resolución que él mismo dictó”, añadieron.
