Resulta doloroso y hasta frustrante que debamos admitir, particularmente porque empezamos a transitar el año 2023 en el que se van a cumplir 40 años de la recuperación democrática, que todas las evidencias demuestran que los lugares más estratégicos de la conducción del Poder Judicial en la Argentina, han sido ocupados y copados con magistrados que, a través de un ejercicio faccioso, partidista y mafioso, se están encargando de demoler el Estado de Derecho.
El debido proceso, el principio de inocencia y la independencia frente a los justiciables fueron arrojados al precipicio de la inexistencia. Jueces y fiscales, que no por casualidad conformaron el núcleo duro de la persecución política al movimiento popular, aparecen desfachatadamente como beneficiarios de dádivas y prebendas otorgadas por una empresa de medios, que también ha sido punta de lanza de ese hostigamiento.
Otros camaristas y miembros de la Casación penal, cada vez que debían dictar una sentencia, en causas manipuladas y teledirigidas, tenían un repentino ataque de fervor deportivo y visitaban al ex Presidente Macri en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada.
Tampoco faltó en este infame espectáculo de promiscuidades, la asociación entre el Presidente de un Tribunal oral y el Fiscal que acusaba, sin pruebas, en la causa que fabricaron contra Cristina Fernández de Kirchner.
Es a todas luces evidente en nuestro país que el servicio de justicia está obturado para aquellos que no se alinean con los intereses de los grupos dominantes que, como se ve en estos días, defienden a “su Corte Suprema de Justicia” y a ese entramado que reúne funcionarios judiciales con dirigentes políticos y ex agentes de Inteligencia, en el que se mezclan negociaciones de fallos, fabricación de pruebas falsas para ocultar delitos y hasta coimas provenientes de empresas concesionarias de servicios.
Ha llegado la hora de que ese Estado de Derecho lo salgamos a buscar en un camino similar al que recorrió el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Tribunales y Organismos internacionales al amparo de Tratados que, desde la Reforma de 1994, tienen categoría constitucional.
Es necesario hacerlo, no sólo para buscar la Justicia que aquí se niega sino también para demostrar, particularmente a los más jóvenes, que en nuestra Patria y en nuestro continente la verdadera rebelión contrahegemónica es enfrentar a las mafias con la herramienta de la democracia.
(*) Diputado de la Nación Argentina (Movimiento Nacional Alfonsinista –
bloque Frente para la Victoria)
